La inminente resolución que preparan en el juzgado de Claudio Bonadío incluirá, nuevamente, un pedido de desafuero para la senadora por Buenos Aires que, sin embargo, tendría nulas chances de prosperar en el Senado de la Nación.
La comprometida situación judicial de la ex presidenta, que implicaría su prisión preventiva si no gozara de la inmunidad de arresto, convive
no obstante con su fortaleza política en el Conurbano bonaerense. Allí hay una decena de intendentes del PJ que la sigue necesitando para mantener el poder territorial y que no vacilaría en llevar a Máximo Kirchner como primer candidato a diputado.
Los jefes comunales advierten que el diputado por Santa Cruz nació en La Plata y que, por ende, podría ser candidato en la Provincia en 2019. Esa sería justamente la fórmula a la que apelaría el peronismo bonaerense ante la incertidumbre que se cierne sobre el futuro de la ex presidenta.
Con un Kirchner en la boleta, no habría ninguna duda para el electorado que le sigue siendo fiel.
La vigencia política del kirchnerismo en el Conurbano no es asimilable al resto del país. El fin de semana pasado hubo una prueba concreta en el interior: en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, el candidato identificado con la ex presidenta obtuvo un escuálido 3% de los votos.
Eso explica que la mayoría de los gobernadores del PJ se mantenga alejado de Cristina Kirchner.
Entre esos mandatarios se encuentran el salteño Juan Manuel Urtubey y el cordobés Juan Schiaretti. Ambos están a pocos días de mandar un mensaje a nivel nacional junto al senador Miguel Pichetto y al ex diputado Sergio Massa, con quienes empezarán a darle una forma más definida al Peronismo Federal. Será una fotografía fundacional del nuevo espacio opositor.
Los movimientos que se registran en el peronismo no deben ser interpretados solamente en el plano partidario. El Congreso es una constante caja de resonancia de esa disputa interna. Allí se presentará oficialmente mañana el proyecto de Presupuesto nacional para el año próximo. Y ya se perfila una división notoria entre el kirchnerismo y el resto del peronismo, incluido el massismo.
Los bloques del FpV en ambas cámaras del Parlamento se opondrán a la iniciativa oficial, mientras que las bancadas de Argentina Federal y el Frente Renovador podrían acompañar en general, aunque reclamarán algunos cambios, en sintonía con la postura que vienen expresando los gobernadores en las reuniones que mantienen con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
El Gobierno nacional ya aceptó que se trate un proyecto para aumentar el gravamen de Bienes Personales, aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aclaró que el Poder Ejecutivo “no lo promueve”, en un mensaje a los mercados que tienen a mal traer a la Argentina. Y también al FMI, cuyos técnicos son más proclives a la baja del gasto fiscal antes que al aumento de la recaudación, que la realidad convierte en imperioso.
En el marco de las negociaciones también existe un pedido de los gobernadores para que Hacienda deje de beneficiar a las provincias administradas por Cambiemos, entre ellas Buenos Aires, con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esa demanda política podría ser aprovechada por la Casa Rosada, que directamente establecería la eliminación de esos instrumentos discrecionales.
En esa línea, el Presupuesto 2019 contendrá un fuerte ajuste fiscal y supuestos macroeconómicos “conservadores”, como lo definieron los ministros Frigerio y Dujovne. Por caso, establecerá un crecimiento 0 –por el arrastre negativo de la caída de este año estimada en 2,4% del PBI-, una inflación del 23% y un dólar a $43 a fin de año. No son números precisamente alentadores.
Los indicadores que miran los especialistas
Aunque la mirada de los especialistas estará puesta en otros indicadores, como el déficit fiscal, la balanza comercial, la recaudación y el tamaño de la deuda, variables que indican la capacidad de repago. También se pondrá la lupa sobre el financiamiento de sectores como la salud y la educación, y la situación del PAMI y de las universidades públicas.
En la lista de preocupaciones también se encuentran las pymes. Un banquero afirmó días atrás que no hay problemas con los depósitos en las entidades financieras, pero alertó que observa graves dificultades en la cadena de pagos. “Así como vamos, las empresas chicas van a caer”, advirtió. El “parate” productivo se siente en el Conurbano y también en el interior del país.
A su vez, la devaluación del peso frente al dólar norteamericano acelera la espiral inflacionaria. El INDEC estimó el aumento de precios en un 3,9% en agosto y las consultoras privadas proyectan un piso del 5% para septiembre. Anualizada, estaría bastante por encima del 40%, pese a que el Presupuesto 2018 la había fijado en un 15%. Una brecha que no califica como error de cálculo.
En el medio sucedieron diversos factores externos e internos –tanto económicos como de origen político- que llevaron al país a una estanflación. La presión por la falta de resultados se manifestó en la internación preventiva que padeció el ministro Dujovne y en la filtración de consultas del presidente Macri a otros economistas.
También en una interna con Luis Caputo, titular del BCRA.
El Banco Central consiguió el visto bueno del FMI para intervenir en el mercado cambiario –algo que tenía vetado en el primer memorando- y se aboca ahora a un plan para desarmar las LEBAC que la misma entidad creó en la primera mitad del Gobierno de Cambiemos. Las idas y vueltas en materia económica están a la vista y someten al Gobierno a versiones que no logra apaciguar.
La última de ellas surgió en los Estados Unidos, en boca de un asesor del presidente Donald Trump, que afirmó que en el Tesoro norteamericano hay funcionarios trabajando para que la Argentina pueda volver a implementar la Convertibilidad, como sucedió en la pasada década del ´90. El ruido que provocó ese comentario habla de la fragilidad económica que atraviesa el país.
Mientras que la política sigue transmitiendo incertidumbre, por el desconcierto del Gobierno y también por la interna peronista que le marca el paso a la oposición.
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