Si gobernar hoy la Argentina es mantener la estabilidad del dólar y atenuar la estampida de precios–que no se vuelvan a disparar, y en el caso del dólar que tampoco caiga en tobogán-, entonces el presidente Mauricio Macri terminó la semana gobernando, al menos en lo que al dólar respecta. En medio de una situación de crisis que no sólo se manifiesta en la economía sino también en el propio gobierno, eso no es poco. Al contrario, es una cuerda de la que aferrarse.
Para terminar la semana así, el Presidente tuvo que adoptar medidas que no hubiera tomado en otro momento. Por un lado, terminó aceptando una imposición de retenciones a toda la actividad exportadora, después de haberlas resistido durante todo su mandato; también concedió cambios en el Gabinete, aunque por la forma en que se hicieron, se notó mucho que no estaba de acuerdo.
De hecho, todas las modificaciones –las que se hicieron y las que no por falta de consenso en la interna de Cambiemos- estuvieron enfocadas con un solo objetivo: la permanencia de Marcos Peña en la mesa chica gubernamental. Macri se enojó con quienes le pidieron la cabeza del jefe de Gabinete. Detrás de esa bronca, quedó flotando la idea de que Peña es el alma del macrismo.
La salida del jefe de Gabinete, forzada por la crisis del dólar, hubiera sido para el Presidente tan grave como si él mismo tuviera que renunciar. Al menos así lo deslizan importantes dirigentes del oficialismo, que perciben la simbiosis entre Macri y Peña en la acción cotidiana. Igualmente, el jefe de Gabinete quedó políticamente herido: debió suspender visitas al Senado y la Unión Industrial.
También resultó evidente que perdió la vocería del Gobierno. Ese rol lo ocupó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y en menor medida la empoderada ministra Carolina Stanley, que ganó espacio dentro de la estructura gubernamental –sumó el manejo de Salud y de la Anses- de tal modo que quedó clara la importancia que tendrá para Cambiemos en la carrera electoral de 2019.
Desorientación en el Gobierno
En medio de los cabildeos internos, que incluyeron a la UCR y a Elisa Carrió pero que no implicaron más presencia de esas fuerzas en el Gabinete, quedó expuesta además la desorganización que se adueñó del Gobierno. Nicolás Dujovne fue ministro de Economía por 72 horas, hasta que el Boletín Oficial volvió a nomenclar la cartera a su cargo como Hacienda. Todo mientras estaba con el FMI.
La continuidad de Dujovne pendió de un hilo el fin de semana pasado. En rigor, su permanencia se debió más al hecho de que Macri no quiso entregar a Peña, a que realmente esté convencido de que sea la persona indicada para apagar el incendio económico. Es que Carlos Melconian pidió tener acceso directo al Presidente, sin pasar por el filtro de Peña, para ingresar al Gabinete.
Algo parecido había intentado en su momento Alfonso Prat Gay y le mostraron la puerta de salida. Ahora, en medio de la crisis, volvieron a tentarlo, pero dentro de un acuerdo más amplio con la UCR. El resultado de esas gestiones ya es conocido: el propio Prat Gay, Martín Lousteau y Ernesto Sanz no aceptaron los ofrecimientos de la mesa chica del PRO.
Pero en realidad, ninguno de ellos pidió cargos cuando se debatió la reformulación del Gobierno. Y bien rápido se dieron cuenta de que los cambios en el Gabinete no irían a fondo. El único que puso su renuncia a disposición, en esas charlas calientes, fue Frigerio. Dujovne lo había hecho antes, cuando el dólar amenazaba con desestabilizar al Gobierno, al menos en dos oportunidades.
Macri no pareció exagerado cuando dijo, en un discurso grabado, que los últimos cinco meses los pasó tan mal como cuando estuvo secuestrado. En los hechos, la confesión del Presidente reflejó niveles de angustia y de incertidumbre que lo desacomodaron. Y que les dejó picando la pelota a sus rivales políticos. Con mal tino, Hugo Moyano afirmó que el Presidente “se quiere rajar”. La brutal expresión del jefe camionero no fue acompañada por la dirigencia del PJ, ni siquiera por Cristina Kirchner, cuyos seguidores lo plantearon en más de una oportunidad. De todos modos, el peronismo busca que Cambiemos pague el costo de la crisis.
Las retenciones
Para eso, echarán sal en dos heridas que ven abiertas: la promesa de Macri de no apelar a las retenciones para cubrir el bache fiscal, que fue clave en la alianza entre Cambiemos y el campo tras el desbarajuste que dejó el kirchnerismo; y señalar como una responsable directa del ajuste a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cuya imagen es fundamental para el oficialismo.
Este mismo domingo habrá un test electoral que servirá como termómetro político: la ciudad cordobesa de Marcos Juárez elegirá a su intendente. En esa provincia se cimentó, justamente, el ascenso de Cambiemos al poder nacional, además –claro está- de la victoria de Vidal en territorio bonaerense. Una derrota de la alianza oficialista reflejaría que el clima social ya no es el mismo.
Pero entre las entidades que nuclean al campo argentino todavía impera la decisión de “bancar” al Gobierno por encima de la bronca por las retenciones. La lógica que domina a este sector es simple: es preferible perder ingresos a que regrese el kirchnerismo al poder. Aunque sólo en la Provincia, el sector privado afrontará una carga de cuatro pesos por cada uno que ajuste el Estado.
No obstante, las retenciones harían que buena parte de los gobernadores firmen el martes un acuerdo para darle sustentabilidad política al Presupuesto 2019. Sólo el socialista santafesino Miguel Lifschitz anticipó que no asistirá ese día a la reunión con Macri en la Casa Rosada. Pero el pacto aún no está cerrado, pese a los esfuerzos que realiza en ese sentido el ministro Frigerio.
A tal punto, que Dujovne suspendió el traspaso de la tarifa social de la energía eléctrica a las Provincias, que suponía una descentralización de 15.000 millones de pesos, como un gesto a los gobernadores para que lleguen más mansos a la reunión con Macri. A la vez, Frigerio concedió que se estudia imponer un impuesto a los bienes de argentinos en el exterior, como pide el massismo.
No se trata de meras concesiones políticas. En juego hay miles de millones de pesos que, en última instancia, pueden incidir en el clima social y electoral de las Provincias. Y por ende, del país.
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