Se aguarda una primavera de alta temperatura política. Acompañada, quizás, por posibles vientos intensos que empujen protestas y torbellinos callejeros. El pronóstico bien podría asimilarse a lo que en forma recurrente ofrece el último mes de año, encargado de mostrar un menú de turbulencias y tensiones. La diferencia, es que ese escenario parece haberse adelantado, como si diciembre ya estuviera entre nosotros.
El almanaque ha sufrido un súbito apresuramiento. El motivo, la crisis económica que se despliega en forma de recesión, inflación, caída del poder de compra de los salarios y pérdida de puestos de trabajo. Las protestas y los reclamos van en aumento y emergen los peores fantasmas en torno de supermercados y centros comerciales.
En la Provincia se sigue con atención la nueva realidad que venía asomando hace algunos meses pero que ahora se deja ver con mayor nitidez.
María Eugenia Vidal ha resuelto que su gestión se transforme en estos tiempos en un gran ministerio de Desarrollo Social. Ya venía apuntalando las partidas destinadas a atender las crecientes demandas de alimentos de los sectores carecientes, en especial del Gran Buenos Aires. En los últimos días dio la orden de reforzarlas en cerca de mil millones de pesos.
La lupa oficial está posada además sobre distintos sectores sociales que pueden contribuir a canalizar esos recursos. En las próximas horas la Gobernadora se reunirá con los obispos del Conurbano, un encuentro que tendrá un condimento por demás especial: se volverá a ver las caras con el titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones.
El obispo de Lomas de Zamora fue particularmente duro con la mandataria durante un encuentro que se desarrolló hace unos meses en Mar del Plata. Le reclamó en sus narices “sensibilidad social” al Gobierno. En la Provincia leyeron ese mensaje como una suerte de “emboscada” a Vidal, pero prefirieron dar vuelta la página rápidamente.
Aquél hecho generó incomodidad oficial, más aún por provenir por un obispo muy cercano al Papa Francisco con quien Vidal dialoga seguido. Tan real como que la Gobernadora mantiene un vínculo muy cercano con otros altos dignatarios eclesiásticos que trabajan en el Conurbano y que conoce desde los tiempos en que estaba a cargo del área de Desarrollo Social en el gobierno porteño.
Ese monitoreo cercano sobre la situación social llegará a las costas de los intendentes peronistas. El cara a cara fue organizado por el ministro Santiago López Medrano, aún antes de que los alcaldes salieran a coro a pedir que se declarara la emergencia alimentaria.
Los jefes comunales dicen estar frente a un creciente reclamo de asistencia por parte de la población más vulnerable producto de la crisis. En los últimos días analizaron esta cuestión en un encuentro con el reaparecido Sergio Massa.
Inquietud por los saqueos
En algunas zonas calientes del Conurbano se registraron hechos inquietantes frente a algunos comercios. En la Provincia prefieren desligar al peronismo dialoguista de estos movimientos que hicieron crecer la preocupación por un posible desborde que quedó acotado a hechos puntuales.
Un hilo investigativo llevó a un grupo de Whats App que integran presuntos beneficiarios de planes sociales y que se habría armado desde la Patagonia, como una de las usinas que empujó algunos de esos hechos. La pista aún no habría arrojado resultados concretos.
La Provincia aguarda meses difíciles. “Lo peor está llegando”, blanquean en despachos oficiales al describir los efectos de un parate económico que está haciendo sentir su rigor.
En forma paralela, Vidal asiste a otra negociación clave y que tiene que ver con los lineamientos del Presupuesto nacional. Si las previsiones oficiales se cumplen, el martes se sabrá el volumen del déficit nacional que deberá absorber su administración en el marco del acuerdo de asistencia financiera con el Fondo Monetario.
Se habla de unos 35 mil millones de pesos, de los cuales casi 24 mil corresponden a los subsidios que la Nación paga al transporte y que ahora deberá atender la administración bonaerense.
La disparada del dólar y la consecuente devaluación no sólo hacen estragos en los precios: también está impactando sobre la marcha del plan de obras públicas de la Gobernadora.
Las necesidades cambiaron lo estratégico por lo urgente. La mandataria todavía aspira a que su paso por la Provincia sea recordado, entre otras cosas, por el nivel de ejecución de obras, pero esos trabajos están sufriendo los efectos de un país en el que resulta muy difícil realizar previsiones.
La situación es por demás compleja. Desde hace tiempo, el gobierno bonaerense está girando fondos a los municipios para realizar obras de asfalto. Las comunas licitaron y adjudicaron, pero ahora se encuentran frente a una encrucijada que las pone de cara ante la opción menos deseada: tener que frenar esos trabajos.
La cuestión es simple: la licitación es por un número determinado de cuadras a pavimentar, pero la disparada de los precios ahora les permitiría a los municipios cumplir con una cantidad sensiblemente menor porque los intendentes aseguran que no pueden hacerse cargo de la diferencia con recursos propios.
Como muestra, basta un botón. “El mes pasado el costo del asfalto subió un 19 por ciento”, aseguran en la Provincia. El aumento del valor del combustible, fue determinante. Por estas horas se desarrolla una discreta negociación en busca de destrabar el tema. Cuentan que emisarios de Vidal se reunieron con el Fiscal de Estado en busca de que se permita a los alcaldes subejecutar las licitaciones, es decir, asfaltar menos cuadras pero con el presupuesto original. Y que, por gambetear en parte la contratación, no reciban sanciones posteriores.
La cuestión no acaba allí. Las obras que está ejecutando la Provincia no se han detenido, pero ya se admite que la marcha de muchas de ellas se aminoró sensiblemente producto de la disparada de los costos. Es otro de los efectos de la crisis que, se admite, aún le resta por consumir largos y sufridos meses.
COMENTARIOS