Amenazada desde afuera y desde adentro, la marcha económica de la Argentina sigue en el tobogán y a la espera de que aparezca algún signo alentador que indique que el ajuste conduce a alguna mejora. Entre las últimas novedades, surge la flexibilización del programa acordado por el ministro Nicolás Dujovne y el titular del Banco Central, Luis Caputo, con la misión el Fondo Monetario Internacional. Aunque aún es desconocido en sus detalles, el rediseño del programa permitiría al Banco Central echar mano a sus reservas internacionales para desarmar el enorme stock de Lebac en poder de los inversores particulares, y con esto abrir una etapa de cierta estabilidad monetaria. Otro aspecto contemplado sería un relajamiento del compromiso del Tesoro Nacional de rescatar la deuda no transferible del Banco Central.
El cambio tuvo su primera prueba la semana pasada, cuando el Banco Central decidió liberar al mercado 137.600 millones de pesos de Lebac que no fueron renovadas y licitar dólares en los días siguientes. El resultado de esa operación fue bien recibida por el mercado: de una demanda potencial de 4.000 millones de dólares, la autoridad monetaria solo tuvo que vender la cuarta parte. La decisión se complementó con un endurecimiento adicional de la política monetaria: una suba en los encajes de los bancos y de la tasa de interés de las Lebac.
Apenas se firmó el memorando con el Fondo Monetario, surgieron dudas sobre las proyecciones económicas.
De este primer test surgen las especulaciones de que el Banco Central tendría que usar otros 7.000 millones de dólares para desactivar totalmente el stock de estos títulos en el mercado. Otras expectativas, más optimistas, creen que ese costo de reservas sería inferior debido al cambio de carteras que ocurriría en el mercado. Si bien las dudas externas no se han despejado, el riesgo país tuvo una baja en la última semana. A esto habría que sumar el refuerzo de reservas internacionales con el un swap de China por 4.000 millones de dólares, que sería a un plazo mayor a un año, y una renovación del segmento original de 11.000 millones de dólares
La otra novedad es la decisión de aumentar la presión impositiva sobre el sector exportador, por dos vías: por un lado, con la suspensión de los reintegros de tributos a las exportaciones y, por otro, con el congelamiento del cronograma de bajas de retenciones a los aceites y otros derivados de la soja, que se venden en el exterior. El ahorro fiscal para el Gobierno es equivalente a 0,3 puntos del PBI. Esto se completa con la suspensión de las transferencias de fondos de la Nación a las provincias del Fondo Sojero, una suma que sería del orden de los 35.000 millones hasta fines del año próximo.
La adecuación no sorprende. Apenas se firmó el memorando con el Fondo Monetario, surgieron dudas sobre las proyecciones económicas y si habría algún tipo de crecimiento económico al final de este año. Con las semanas surgieron necesarias que aparecieran medidas adicionales y ajustes al programa. Turquía, precisamente, parece ser la excusa para usar lo que el programa con el Fondo Monetario define como “situaciones disruptivas” y hacer los cambios. La mayoría de los economistas imagina una recesión más extensa, que se prolonga a una primera parte del 2019. La causa de los cuadernos y el cimbronazo político contribuye a esta visión menos optimista.
Una parte del mercado cree que será necesario esperar hasta el inicio de la próxima cosecha del campo, en el segundo semestre de 2019, para que haya una recuperación económica. La caída productiva del agro fue muy fuerte este año y para el próximo se espera una cosecha récord. Otro aliciente son las novedades con el trigo, con suba en las cotizaciones debido a las dificultades de la producción rusa. En cualquier caso, el acuerdo con el Fondo Monetario hacía mención a un crecimiento de 0,4% del PBI este año que seguramente no ocurrirá. La recesión, de esta manera, afectará la recaudación tributaria y por lo tanto el resultado del desequilibrio fiscal del año. De allí que los anuncios de Dujovne de cambios con los reembolsos y retenciones a las exportaciones tiene una meta bien concreta: asegurar que se cumplan las metas fiscales a pesar de que la recesión sea más prolongada.
La otra cara de la crisis que afecta a la economía es la enorme trama de corrupción de involucra a las mayores empresas del país y a la ex presidenta Cristina Kirchner, que abre más inestabilidad política. Sin dudas, la mayor transparencia en los negocios y la gestión pública mejora el clima económico y de inversiones. Pero en lo inmediato, la conmoción social desemboca en una paralización de decisiones económicas y en más dudas sobre cómo se acomodará el escenario político y judicial del país. Los interrogantes son aún demasiados como para aventurar pronósticos que tengan alguna certeza.
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