Mientras decenas de empresarios y ex funcionarios “arrepentidos” desfilan por el despacho del juez Claudio Bonadio, dándole forma a lo que ya se conoce como el Lava Jato argentino, en la Casa Rosada decidieron acelerar los tiempos del ajuste fiscal comprometido con el FMI. La marcha redoblada por la administración de Cambiemos encuentra al kirchnerismo acorralado y al resto del peronismo tratando de esquivar, con escasa cintura, las esquirlas de la causa de los cuadernos.
La eliminación del Fondo Sojero, cuya recaudación se destinaba a provincias y municipios de todo el país, constituye una prueba de que el presidente Mauricio Macri no quiere desaprovechar el momento. De hecho, era una medida que podía adoptarse de cara al Presupuesto de 2019, pero ya se instrumentó -vía decreto- para lo que resta de este año. Los gobernadores amagaron con una rebelión, pero se quedaron en eso. Macri no fue ajeno a los esfuerzos por calmar los ánimos.
A tal punto, que invitó al gobernador de Salta, Juan Urtubey, a compartir el vuelo de regreso a Buenos Aires desde Asunción, donde ambos habían asistido a la asunción del flamante presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Algún resultado le dio esa charla, porque Urtubey no participó el último viernes de una reunión de gobernadores del PJ que terminó despoblada y limitada a la presencia de los opositores más duros, como Carlos Verna (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa).
La hora de la política
Macri está haciendo política, algo que muchas veces le faltó durante lo que lleva de gestión. En la delegación argentina que viajó a Paraguay también estuvieron los diputados Diego Bossio (PJ Federal) y Graciela Camaño (massismo), destacados miembros de bloques con los que el Gobierno espera negociar la sanción del Presupuesto 2019 en el Congreso. La presencia de Emilio Monzó y Mario Negri en la misma comitiva sugiere que el Gobierno fomenta un clima de diálogo político.
El presidente de la Cámara de Diputados es un hombre clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Se trata del dirigente que con más insistencia promovió un acuerdo con el peronismo no kirchnerista y que llegó por ese motivo a ser enviado a los cuarteles de invierno en la interna del oficialismo, en los tiempos en los que predominaban el purismo del PRO y el gradualismo. Pero la implosión de esa estrategia económica lo puso nuevamente en las cercanías del Presidente.
Macri requiere ahora de su destreza política para que el Congreso funcione. Otro dirigente que había sido corrido del trato diario con Macri es Horacio Rodríguez Larreta, pero el alcalde porteño, ahora, parece que volverá por sus fueros. Es más, su nombre es mencionado en un hipotético “plan B” -casi una maniobra desesperada, en realidad- en caso de que Macri deba operar a un drástico cambio en su elenco de colaboradores, en especial de la Jefatura de Gabinete. Sería en caso de urgencia extrema, porque Macri no quiere entregar a su alter ego político, Marcos Peña.
“Están desesperados por encontrarle la vuelta, saben que tienen el tiempo contado”, deslizó un dirigente muy conocido por Macri y Peña. Y que justifica la ineficacia de la gestión de Cambiemos en materia económica en la gravedad de los problemas estructurales que heredó del kirchnerismo. Pero que nada dice de la actitud del Gobierno de ignorar la gravedad de la crisis, que no podría superarse con créditos a corto plazo.
Dólar y pobreza, para arriba
En ese terreno, tampoco el Presidente brinda certezas. Ante los empresarios nucleados en AEA, afirmó que la Argentina busca capear “una tormenta de frente”, una frase que resulta prácticamente una invitación a comprar dólares para ahorristas asustados por el zarandeo que sufre la economía, ante la crisis de países tan lejanos como Turquía. Una cosa trae a la otra: un día después, en Jujuy, admitió que la pobreza va a volver a subir por el impacto de la devaluación.
También los “cuadernos de la corrupción” pueden tener un impacto en la economía. Por caso, algunas empresas cuyos representantes ya se acogieron a la figura del arrepentido por haber pagado coimas a ex funcionarios, participan actualmente de contratos con el Estado en la modalidad PPP, a la que apuesta el Gobierno frente a la retracción forzada de la inversión en obra pública. Hay un decreto, el 1023, que obliga a excluir a los procesados de esas contrataciones.
Aquí en la Provincia, la constructora Roggio tiene un contrato de 500 millones de dólares para avanzar en la cuarta etapa de la mega-obra del Río Salado. Y en la capital, esa misma compañía opera los subterráneos.
Otros efectos pueden ser políticos: el hecho de que José López se haya acogido a la figura del arrepentido, incomoda a gobernadores e intendentes -sobre todo del PJ- que durante años tocaron a la puerta de su despacho para conseguir obras en sus distritos.
La mayoría de esos intendentes siguen siendo hoy la masa crítica que se reúne en torno a Cristina Kirchner. En especial, ese respaldo se mantiene en el Conurbano, donde de acuerdo a diversas encuestas, la ex presidenta no pierde apoyo de su electorado en forma significativa. Aun así, la senadora se sintió en la obligación de pronunciarse -como no lo había hecho hasta el momento- cuando un empresario reveló que pagó una coima para que ella firmara un decreto en 2010.
Al sentirse perseguida por el juez Bonadio y el presidente Macri, a Cristina la gana la paranoia. El Instituto Patria -donde mantiene reuniones políticas- acaba de denunciar espionaje a sus actividades por parte de la AFI (ex SIDE) y en el entorno de la ex mandataria dudan si los allanamientos que hizo la Policía Federal por orden de Bonadio a departamentos aledaños al de la ex presidenta, no tuvieron en rigor el objetivo de colocar micrófonos dentro de ese edificio.
Más allá de las especulaciones en ese sentido, lo cierto es que en el kirchnerismo aguardan como una fatalidad un nuevo pedido de desafuero y detención del juez Bonadio, para la ex presidenta.
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