La educación sexual integral ya es ley, pero las escuelas no cumplen con esta obligación.
La educación sexual integral ya es ley, pero las escuelas no cumplen con esta obligación.

Educación sexual, reclamo unánime

En la mayoría de las escuelas la ley de educación sexual integral, que es de 2006, no se aplica. Algunas de gestión privada se escudan en extrañas convicciones. Pero en las escuelas de gestión pública, en las laicas, en las progre, tampoco está resuelta esta deuda.

Lara tiene 17 años, lleva un pañuelo verde atado a su mochila y corre para alcanzar el colectivo que la llevará a la escuela. En la esquina está Lucía que tiene 16 y su mano aprieta el pañuelo celeste en el bolsillo de la campera mientras camina para llegar a su escuela. En la mañana fría de agosto se cruzaron en el barrio sin verse. A la nochecita volvieron a cruzarse en la Plaza de los dos Congresos, aunque tampoco se vieron porque la plaza estuvo dividida. Ambas, aunque cantaron allí consignas irreconciliables, comparten un mismo punto de encuentro: el derecho a la Educación Sexual Integral. En esa causa van juntas.
Entre los pañuelos verdes y los celestes, manifestación cromática de visiones profundamente divergentes, el reclamo por Educación Sexual Integral es unánime. Es probable que bajo ese paraguas conceptual se incluyan representaciones muy diversas, pero en este punto no cabrían las ambigüedades. La educación sexual integral ya es ley y debe cumplirse.
Hace casi 12 años, en octubre de 2006, se sancionó la ley de Educación Sexual Integral (ESI), que en el artículo primero sostiene: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada (...) entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.

La ley no se aplica
Sin embargo, según estudios recientes, sólo dos de cada diez alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires reciben educación sexual integral en las aulas. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional destinó el año pasado sólo $ 7 por alumno por año para la implementación de la ley, lo que es absolutamente insuficiente para cubrir la capacitación docente, los materiales, la realización de jornadas con especialistas, entre otras necesidades requeridas para una educación de calidad.
En la mayoría de las escuelas la ley no se aplica. Algunas de gestión privada se escudan en extrañas convicciones, pero en las escuelas de gestión pública, en las laicas, en las progre, tampoco está resuelta esta deuda.
Las causas de esta promesa incumplida son variadas. En primer lugar, la mayor parte de las instituciones no asume la definición de un Proyecto Institucional de ESI que impacte de manera transversal no sólo en los contenidos curriculares sino en toda la experiencia escolar. Por eso, cuando existen actividades educativas sobre el tema son intermitentes, informales, aisladas, suelen surgir a partir de conflictos o situaciones de embarazo adolescente y normalmente se trata desde la perspectiva biologicista, en ese afán de reducir el deseo y la complejidad de lo humano a la mecánica de los cuerpos despojados de historia.

Docentes no preparados
Tampoco los docentes suelen estar preparados. La educación sexual requiere que los docentes, además de información actualizada y científicamente fundamentada, tengan altas capacidades comunicativas y sensibilidad hacia los temas de género o de violencia, por ejemplo. No se trata de una capacitación teórica. Tampoco se puede resolver con cursos masivos on line. Se requiere una formación sofisticada que permita a los docentes deconstruir sus estereotipos y prejuicios para encarar una tarea verdaderamente profesional.
Además, no existe supervisión escolar sobre este tema. Si bien la ley obliga a la implementación de ESI, los ministerios de educación no supervisan su cumplimiento. En algunos colegios son los propios alumnos quienes se han organizado para abordar este tema, en una suerte de “coeducación” cuya pertinencia y calidad puede resultar dudosa. Es decir, no sólo no se cumple la ley, tampoco se sanciona su incumplimiento.
Los debates parlamentarios sobre la despenalización del aborto, más allá del resultado, han puesto de manifiesto un cambio social cualitativo que no tiene retorno. Los jóvenes encarnan ese cambio y, en las calles, en las aulas, en las casas, empujan, todos juntos, por su derecho a la educación sexual integral. ¿Vamos a dejarlos solos y a los gritos?
La educación sexual integral es, sobre todo, educación ciudadana. Es siempre “educación para decidir”, para ser más libres, más responsables, más felices. La educación sexual integral es un tema de educación pública y por lo tanto las escuelas, sean de gestión privada o estatal, deben abordarlo.
La ley dice que la ESI debe incorporarse en el marco del proyecto y las “convicciones” de cada escuela. Y aquí no corresponde apelar a ninguna cláusula de conciencia porque las “convicciones” nunca pueden ir en contra de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes a educarse.
Que la Educación Sexual Integral que ya es ley, sea realidad.

(*) Directora del Área de Educación, Universidad Di Tella.

COMENTARIOS