Cristina Kirchner venía subiendo en las encuestas. Por primera vez en mucho tiempo, se había colocado en el centro de la escena política. No lo estaba consiguiendo por méritos propios, ya que se llamó a un prolongado silencio, sino más bien por los desaciertos del Gobierno de Cambiemos en materia económica. Un sondeo que no fue encargado por el kirchnerismo indicaba, según ellos, que en un mano a mano con Mauricio Macri, el Presidente le sacaba sólo un punto de intención de voto.
Con esos números sobre la mesa, los intendentes del PJ del Conurbano habían vuelto a cortejarla. Y se encolumnaban como en épocas pasadas, detrás de la figura opositora que más mide en sus distritos. En ese tren, empezaban a ralear sus contactos con los peronistas que no siguen a la ex presidenta. El senador Miguel Pichetto les envió incluso un mensaje directo: “A los intendentes les digo que seguir las encuestas los puede llevar puestos”, advirtió.
Pero en los hechos, Cristina Kirchner había vuelto a estar en boca de todos. Tanto en las mesas del peronismo como del propio Gobierno, al que le sirve tenerla como adversaria funcional pero que estaba empezando a ponerse nervioso porque la ex presidenta crecía al compás de sus propios errores. Este cuadro de situación, consolidado en el último bimestre, estalló por los aires con la aparición de los cuadernos con anotaciones sobre un entramado de corrupción inconmensurable.
Si bien la red ilegal de recaudación montada por altos funcionarios durante la era kirchnerista ya fue ventilada en diversas causas judiciales, por las que están presos Julio de Vido, José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez, la novedad consiste en que surgieron datos sobre los empresarios que habrían pagado coimas millonarias. Incluso uno de ellos, Juan Goycochea, aportó información al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli con el fin de acogerse a la figura del arrepentido.
Goycochea, CEO de la firma Isolux, intentó argumentar previamente que había hecho “aportes de campaña” al kirchnerismo. Alguna muñeca política se le debe reconocer: fue quien le vendió al grupo Macri un parque eólico que, en un posterior traspaso a otra compañía, le dejó a la familia presidencial una ganancia cercana a los 15 millones de dólares.
Pero así como ahora cultivaba los contactos con el PRO, antes lo había hecho con “la pinguinera” del Ministerio de Planificación. En torno a esa poderosa estructura gubernamental se apiñó “el club de la obra pública”, como se llamó a los contratistas del Estado que tenían nexos con los funcionarios que iban un poco más allá de un simple proceso de licitación. El juez brasileño Sergio Moro, cabeza de la mega-investigación conocida como Lava Jato, dijo en una visita reciente al país que pudo avanzar en la pesquisa porque los empresarios no soportan la exposición pública del mismo modo que los políticos.
Empresarios bajo la lupa
Esa misma lógica comienza a verificarse ahora en la Argentina. Aquí, los políticos involucrados en hechos de corrupción tienen siempre a mano el argumento de considerarse perseguidos. La misma idea aparece entre sindicalistas que fueron apresados en los últimos años. El propio juez Bonadío es señalado por el kirchnerismo como un enemigo declarado de la ex presidenta. Pero lo que importa, en cada causa, es verificar si las denuncias tienen correlato en hechos concretos.
En el caso de los cuadernos, el juez y el fiscal Stornelli -que ya tiene el cuero curtido en este tipo de investigaciones porque fue quien apresó a Carlos Menem por la venta ilegal de armas- tendrían constatados varios pasajes del relato escrito por Centeno: patentes de automóviles oficiales y particulares, direcciones de empresas y de domicilios de los involucrados, y el registro de ingresos a la quinta de Olivos. El más comprometido es Roberto Baratta, quien oficiaba de recaudador.
La detención de Baratta en otra causa el año pasado desencadenó justamente la filtración de los cuadernos, que mantenía bajo custodia un compañero de trabajo de Centeno a su pedido. Las motivaciones que pudo haber tenido el chofer para registrar tan detalladamente los movimientos de Baratta sólo las podría revelar él. Pero el resultado de su accionar golpeó al kirchnerismo y desató los nervios de empresarios y compañías que aparecen mencionados en sus anotaciones.
Por caso, ya se registraron allanamientos en las firmas Techint y Roggio. Y trascendió que Bonadío citará a declarar en la semana a otros cinco hombres de negocios. Entre los que ya pasaron este fin de semana en la aicaidía de los Tribunales se encuentran Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Javier Sánchez Caballero, quien fue gerente de IECSA, la empresa que dirigió Ángelo Calcaterra, primo de Macri, cuyo nombre aparece en el affaire Odebrecht.
Es que IECSA y la multinacional brasileña se asociaron en el proyecto del soterramiento del tren Sarmiento, postergado durante años y aún hoy inconcluso. La información que reunió el juez Moro en Curitiba podría fluir ahora tras un acuerdo entre las procuraciones de ambos países. En ese caso no aparecerían menciones sólo a empresarios, sino también a gobernadores e intendentes en cuyos distritos hubo fuerte presencia de Odebrecht. Uno de ellos es la provincia de Córdoba.
La actualidad brasileña puede ser un espejo futurista para la Argentina. Ayer mismo el Partido de los Trabajadores lanzó la candidatura presidencial de Lula da Silva pese a que sigue en la cárcel. El ex mandatario mantiene el apoyo de un sector del electorado, al tiempo que la oposición no consigue una figura de recambio. Esa misma situación encarna en nuestro país Cristina Kirchner. Hasta Hugo Moyano lo reconoció, al acercársele, pese a que nunca le agradó su personalidad.
Pero a la ex presidenta le sigue pesando mucho el pasado. Tanto, que a veces parece anclada.
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