El Gobierno considera probablemente que Cristina Kirchner intentará ser candidata a presidenta en las elecciones del año que viene y quizá por ese motivo lanzó en estos días un nuevo y furibundo ataque contra la figura de la ex mandataria. En momentos en los que pende un signo de interrogación sobre los recientes anuncios oficiales vinculados con la obra pública en la Argentina, ahora que la Casa Rosada anunció que imprimirá mayor velocidad a sus planes tendientes a reducir el déficit fiscal tras acudir en busca de auxilio financiero al FMI, la gestión macrista alista su maquinaria pesada para ensanchar aún más la "grieta", de la que tanto ha logrado beneficiarse.
Antes de que el Senado aprobara la ley que ponía un freno a los aumentos de tarifas de servicios públicos y de que Macri la vetara, como había anunciado el Gobierno, el Presidente envió un mensaje con "doble sentido" a la oposición en el Congreso al pedirle que no se dejara llevar por las "locuras" de Cristina, quien luego recogió el guante y lo calificó de "machirulo", una expresión que causó furor en redes sociales, pero que en realidad, no existe.
De todos modos, ese comentario del jefe de Estado, además de ser dirigido a quienes se disponían en la Cámara alta a aprobar la iniciativa, que ya había logrado media sanción en Diputados, dejó traslucir una finalidad subyacente por parte de Macri y de sus consejeros más cercanos: la de volver a instalar la "grieta" como eje del debate político en la Argentina (o al menos intentarlo).
Días más tarde, el influyente -puertas adentro del macrismo- jefe de Gabinete, Marcos Peña, cargó contra el "jueguito corto" de la oposición y planteó que el peronismo "dialoguista" se equivocaba si planeaba hacer campaña junto al kirchnerismo con vistas a los comicios presidenciales de 2019.
El veto de Macri a la ley ya se había consumado para ese entonces. Pero lo más llamativo ocurrió incluso horas después de la decisión oficial de bajarle el pulgar a la propuesta votada en el Parlamento, cuando el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, presentó un pedido de sesión especial para discutir sobre el posible desafuero de Cristina, solicitado a fines de 2017 por el juez Claudio Bonadio.
El debate que impulsa el oficialismo en la Cámara alta, previsto para el próximo martes 5 de junio, se convocó luego de conocerse -el mismo viernes pasado, más temprano- una resolución clave, determinante, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal sobre el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, ocurrido en enero de 2015.
Una "declaración de guerra"
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron un fallo de primera instancia del juez Julián Ercolini al concluir que Nisman fue asesinado y ordenaron que se investigue la relación entre su muerte y la denuncia que había presentado cuatro días de que fuera encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero contra Cristina Fernández de Kirchner por la firma del memorando de entendimiento con Irán sobre la causa AMIA.
Es Bonadio quien investiga a la ex presidenta -entre otros imputados- por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de haber volado la AMIA en 1994 y en diciembre pasado este juez solicitó el desafuero de la líder del kirchnerismo, ahora senadora de la Nación, a los fines de proceder con su detención después de haberla procesado con prisión preventiva.
Este contexto de ebullición judicial y política en el que quedó inmersa la ex presidenta, por su situación procesal en la causa iniciada tras la denuncia de Nisman y por su pretendido rol de abanderada del sector más intransigente de la oposición, parece haber espoleado al Gobierno para echar mano a un recurso harto conocido, recurrente, pero del cual ha sabido conseguir dividendos electorales. Así busca probablemente llevar algo de agua para su molino en tiempos de escasez de respaldo popular.
En un momento ciertamente adverso para la alianza Cambiemos en el Poder, como lo reflejan las últimas encuestas, el macrismo parece decidido a apostar fuerte una vez más al "juego de la grieta", tal vez suponiendo que Cristina intentará ser candidata a jefa de Estado en 2019.
La embestida está lanzada y se avecina muy probablemente una batalla encarnizada en el Parlamento y en el ámbito político en general con la figura de la líder del kirchnerismo en el centro de la escena: se trata de una "declaración de guerra". El peronismo "dialoguista" es consciente de la situación y habrá que ver entonces en los próximos días qué rol decide cumplir en este complejo tablado.
Si en el justicialismo quieren "construir una alternativa racional para competir con Cambiemos en 2019" serán "bienvenidos", insistió Peña esta semana, aunque pronosticó que la coalición que gobierna "va a ganar" el año que viene porque "la mayoría de los argentinos quieren seguir con el cambio".
Referentes del peronismo "blando" fustigaron al Gobierno al comprobar que pretendía "agrietar" la discusión en torno a las tarifas, aunque los objetivos de máxima de este nuevo y furibundo ataque "anti-K" parecen trascender, a simple vista, los límites de un debate parlamentario acerca del constante aumento de los servicios públicos en la Argentina.
El macrismo ha encendido los motores de sus excavadoras y parece listo para agrandar las diferencias entre "pros" y "antis" que existen en la sociedad argentina, y al mismo tiempo causar estragos, todos los que sean posibles, en esa "avenida del medio" que pretende construir, por ejemplo, el PJ "dialoguista" con candidatos propios en 2019.
Primero Cristina, después Macri
Es cierto, el escenario político ha cambiado radicalmente en la Argentina con relación a octubre/noviembre de 2017, cuando la alianza Cambiemos parecía encaminarse hacia una reelección segura en 2019 tras su victoria en las elecciones de medio término. Hoy, el macrismo luce más vulnerable y menos sólido que entonces, producto de medidas impopulares, errores de gestión, fallas comunicacionales y escándalos con funcionarios.
Tanto el kirchnerismo como el peronismo intentarán aprovechar esta realidad, impensada meses atrás, en busca de fortalecerse. En este sentido, al menos un sector del justicialismo, encabezado por Alberto Fernández, está convencido de que Cristina será candidata.
Fernández, ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, pero desde hace años alejado de ese espacio, más allá de que ha suavizado recientemente su discurso con relación a Cristina, lidera en la actualidad el llamado "Grupo Callao", que incluye a referentes e intelectuales peronistas que anhelan construir un espacio de unidad dentro del Partido Justicialista (PJ) que sea lo suficientemente robusto como para vencer a Cristina el año que viene en primera vuelta y luego a Macri, en un eventual balotaje por la Presidencia.
Los delfines de Alberto Fernández entienden que el candidato a jefe de Estado del PJ no kirchnerista podría surgir de las PASO de 2019, entre Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa e incluso Florencio Randazzo, por ejemplo: aquel que consiga más votos en esas primarias nacionales sería el encargado de rivalizar con Macri y, según consideran, con Cristina también en los comicios generales previstos para octubre del año próximo.
"Nosotros creemos que ella va a ser candidata. Cristina encabeza una ´pyme política familiar´. Si el año pasado llegó hasta el borde del precipicio y se tiró al vacío, por qué vamos a suponer que ahora, el año que viene, va a actuar diferente", dijo una fuente cercana al PJ días atrás. “Ella tiene sus votos cautivos y seguramente los intentará aprovechar, al menos para tratar de que renueven todos sus legisladores a los que se les vence el mandato en 2019", agregó.
Por más que Cristina "juegue" o no el año que viene, da la sensación de que el peronismo ahora quiere ubicar su vara bien alta para enfrentar su próximo desafío electoral, sabiendo incluso que las topadoras macristas de la "grieta" serán difíciles de contener si resuelven avanzar a toda máquina.
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