El Congreso le dio la espalda. La Cámara de Diputados primero y el Senado después, votaron una ley que, de no haber vetado, hubiera significado el fracaso prematuro de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el presidente Mauricio Macri pasó los últimos días con un enojo que no se esforzó en disimular. Y su primera reacción –tal vez la más instintiva- fue procurar el apoyo del sector empresario, que salió en bloque a rechazar el freno a la normalización tarifaria.
“La ley de tarifas aprobada en el Congreso y posteriormente vetada podría haber sido declarada inconstitucional por invadir facultades del Poder Ejecutivo. Esa ley atentaba contra la búsqueda del necesario equilibrio fiscal, desconocía lo aprobado en el Presupuesto 2018 y podía desalentar la inversión, no sólo en el sector energético, sino también en otras áreas de la economía donde la inversión privada es necesaria”, advirtieron las principales empresas del país en un comunicado.
Casi replicando los argumentos a los que recurrió el presidente Macri en el veto, las cámaras empresarias –entre ellas AEA, ABA, ACDE, IDEA y la Sociedad Rural, nucleadas en el Foro de Convergencia- reclamaron a “los líderes políticos de todos los partidos que encaren con seriedad y responsabilidad la discusión del Presupuesto 2019”. Aunque no lo aclararon, se sabe que en ese debate se incluirán los requerimientos del FMI en materia fiscal, que se traducirán en un ajuste.
Un anticipo de ese esquema -del que la semana próxima se tendrían más precisiones- ya lo dio el ministro coordinador del área económica, Nicolás Dujovne, al anunciar un recorte de 20.000 millones de pesos en el presupuesto oficial de este año: se eliminaron gastos superfluos –que al parecer antes no eran considerados así- y se congeló el ingreso de personal al Estado nacional. Macri insistirá en que es el “único camino” para que el país ponga a funcionar su economía.
En este contexto, el Presidente se recuesta sobre los empresarios porque viene observando cómo de manera paulatina se van juntando sectores sindicales y las organizaciones sociales que antes estaban dispersas y hasta enfrentadas políticamente. La CGT, cuyo triunvirato de conducción tenía fecha de vencimiento, analiza ahora la convocatoria a un paro general, al estilo de los que le hacía a Raúl Alfonsín en los años ´80, pese a que en la actualidad no tiene un líder como Saúl Ubaldini.
Antes que accione la CGT, habrá una protesta de los Camioneros de Hugo Moyano. El gremio que conduce el presidente del club Independiente reclama un aumento salarial del 27% y por ahora se topa con la negativa tanto del Ministerio de Trabajo -que insiste en el techo del 15% pese a que la inflación proyectada es muy superior- como de la cámara empresaria del sector. Ese rechazo conjunto llevaría al clan Moyano a fogonear un conflicto en todas las ramas de la actividad.
Amenaza de paro
Pablo Moyano amenazó con promover una huelga de camioneros como la que acaba de paralizar a Brasil, donde hubo problemas de abastecimiento. El próximo viernes, en tanto, habrá un paro nacional de las dos CTA, que estaban enfrentadas durante el kirchnerismo pero que en los últimos dos años recuperaron el diálogo y también la coordinación. La escalada de conflictos tendrá lugar en paralelo a los aumentos de precios de los alimentos, las naftas, el transporte y las prepagas.
Ese escenario que preanuncia tensión callejera, sumado a la rebeldía del parlamento con el plan de adecuación de las tarifas ejecutado con mano de hierro por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, llevó en los últimos días a las principales figuras del oficialismo a iniciar una ronda de contactos reservados con dirigentes que consideran dentro del “peronismo racional”. El propio Macri viajó a Salta el mismo día en que vetó la ley sancionada pocas horas antes por el Senado.
En la provincia norteña, tuvo una fotografía política con el gobernador Juan Manuel Urtubey, el único de los mandatarios del PJ que se pronunció abiertamente contra el proyecto opositor de tarifas. Urtubey mantiene una postura que lo obliga al zigzagueo constante: hace un culto del diálogo político con el Presidente, al tiempo que procura armar una candidatura para sucederlo en 2019. Pero esa cercanía le impide agrandar sus chances de encaramarse dentro del peronismo.
Otro puente se tendió desde Cambiemos con Sergio Massa, el recluido líder del Frente Renovador. En su caso, los interlocutores fueron la gobernadora María Eugenia Vidal y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. La conversación del trío –negada por todos ellos pero confirmada por testigos presenciales en una parrilla de San Telmo- quedó en reserva, aunque no es difícil pensar que los gobernantes le pidieron al referente opositor que no se radicalice al estilo kirchnerista.
“Ventajita”
Vidal y Massa siempre tuvieron buena sintonía, aun cuando desde la Casa Rosada apodaron “ventajita” al tigrense. Pero el factor aglutinante en esa relación es Rodríguez Larreta, el principal aliado de la Gobernadora en la mesa chica de Cambiemos y quien mantiene una relación de amistad con Massa desde hace 15 años. Al contrario que Marcos Peña, el jefe de Gabinete, Larreta es uno de los dirigentes encumbrados del PRO que tiene aceitados vínculos con el peronismo.
Los contactos de Macri con Urtubey y del tándem Vidal-Larreta con Massa son significativos en términos políticos, porque se trata de dos dirigentes de la nueva camada que aspiran a participar de la carrera presidencial el año próximo, como parte de un armado del que no es ajeno el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto. Tanto es así, que dirigentes peronistas ya plantean que cualquiera fuera el candidato ungido, el rionegrino debería ser su compañero de fórmula.
Pichetto dio con la aprobación de la ley de tarifas un mensaje político a la Casa Rosada. A partir de ahora, sostuvo en ese particular estilo que tienen los congresistas, el Gobierno deberá negociar con el peronismo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y no solamente tratarlo como un “convidado de piedra”. Para ello apeló a incluso al concurso de Carlos Menem, quien sólo viaja de La Rioja a Buenos Aires cuando las votaciones se presentan muy disputadas para el PJ.
La presencia del ex presidente fue necesaria, en efecto, porque otro ex mandatario –mucho más fugaz por cierto- como Adolfo Rodríguez Saá regresó sorpresivamente a San Luis unas horas antes de la votación, pese a que se había anotado como uno de los oradores de cierre de la sesión de la Cámara alta. Al otro día, sin mediar reparo alguno, el gobernador Alberto Rodríguez Saá fue recibido por Marcos Peña en la Casa Rosada. Allí reclamó una deuda nacional de $19.000 millones.
Más previsible resultó Cristina Kirchner, quien hizo el discurso más duro contra el “tarifazo” y la gestión de Cambiemos, aunque excesivamente basado en una defensa de su propio gobierno, lo que fue reprochado por Pichetto en el final de la sesión. “Ahora vamos a dejar que metabolicen la derrota y que se tranquilicen”, fue la orden que bajó a su tropa el jefe de los senadores del PJ. Pero el viernes llegó la réplica oficialista, con un pedido de desafuero contra Cristina Kirchner.
La resolución de la Cámara Federal que dictaminó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y pidió que se investigue si su muerte tuvo relación con la denuncia que había presentado contra Cristina Kirchner en la causa del atentado a la AMIA, aceleró la determinación de Cambiemos para quitar los fueros a la ex presidenta. Aunque el tema lo incomoda, Pichetto ratificará en los próximos días el criterio de no retirar los fueros hasta que no haya una sentencia definitiva.
La misma lógica aplicó durante los últimos años al caso de Menem, sobre quien aún debe decidir la Corte Suprema en el expediente del contrabando de armas y la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. El ex presidente se convirtió así en una pieza del tablero de control de Pichetto en el Senado, a tal punto que aportó el voto 37 que permitió sancionar la ley de tarifas. Difícil que Cristina Kirchner siga ese camino, aunque podría verse condicionado su futuro en el peronismo.
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