Las recientes (¿sinceras?) declaraciones del jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, referidas al conurbano expresando “que el delito más simple aumenta” ante “la falta de inclusión social” y que “se trata de personas que no han entrado nunca en el sistema del delito”, sumado a los reclamos de intendentes por no transferir recursos para el área, visibilizan que el gobierno de Vidal no tiene un abordaje integral de la seguridad, ni una gestión planificada en pos de la convivencia en democracia.
Cuando asumió Vidal en diciembre de 2015, instituciones y organizaciones representativas en temas de seguridad pusieron a su disposición puntos básicos que constituyen un piso mínimo de lineamientos sociales irrenunciables para evitar saldos negativos en materia de seguridad democrática. Lo sustentan: el eje preventivo, el eje represivo, el eje investigativo-judicial, el eje delitos complejos.
El mencionado piso mínimo de acuerdos sostiene que las problemáticas de seguridad, además de su carácter específico, responden a factores sociales, culturales, históricos y económicos. Por lo que las intervenciones del Estado no deben ser sólo punitivas sino con políticas sociales que ataquen la desigualdad, nivel de empleo, acceso a la vivienda, salud, educación, calidad de vida de toda la población.
A más de dos años de gestión de Vidal, las políticas de seguridad en la Provincia –también en Junín- se basan en la saturación policial en las calles, falta de planificación, barrios prioritarios, otros abandonados; operativos-espectáculo en la terminal guiados por agendas no construidas localmente; persecuciones, detenciones en ocasiones violentas, guiadas por “olfato policial”; filtraciones a la prensa de fotos de procedimientos internos violando principios constitucionales; no incorporación de la perspectiva de género al accionar del personal; alojamiento en comisarías, con violaciones a los derechos gravísimas como es el caso de la Comisaría 1°de Pergamino, próxima a iniciar el juicio, con siete detenidos jóvenes muertos, dos policías imputados, un comisario que estuvo prófugo.
Ante el deterioro creciente de las condiciones de vida de amplios sectores de la ciudadanía en la Provincia y en Junín, a lo que se le suma la falta de políticas integrales de seguridad, reclamamos a la gobernadora y al intendente Petrecca la convocatoria a todos los actores políticos e institucionales y a los poderes del Estado de la Provincia y de la ciudad, para promover la defensa de políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.
(*) Concejal de Junín por Unidad Ciudadana.
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