A último momento y casi como sacada de la galera, el Gobierno logró dar con la solución para aquietar la corrida cambiaria hacia el dólar, al menos de momento.
Es cierto que coincidieron varios factores para que los inversores volcaran sus preferencias por la divisa norteamericana. Y que algunos de dichos factores no surgen de variables que el Gobierno está en condiciones de manejar o administrar.
No obstante, nadie puede decir con suficiencia que las causas de la corrida no eran previsibles o que forman parte de alguna confabulación maquiavélica para desestabilizar al propio gobierno.
Como siempre, es conveniente tener en claro cuales fueron esos factores que determinaron la escalada de la divisa norteamericano. Pero es inconveniente limitarse solo a ello.
Es que junto a dichos factores coexiste un marco general de la economía argentina que condiciona a la política, más aún cuando son ensayadas salidas a su vez condicionadas por la situación social.
Retrocedamos al 10 de diciembre de 2015, al inicio de la gestión. Por aquel momento, el gobierno, el actual o cualquier otro, enfrentaba dos decisiones que condicionarían todo su accionar futuro.
La primera consistía en explicarle al país cual era la situación en la que se desenvolvía el país. La segunda radicaba en la elección de los mecanismos para enfrentar esa situación.
La administración del presidente Mauricio Macri, algunos aseguran que por consejo de su asesor Jaime Durán Barba, optó por un sonoro silencio sobre la herencia. Por aquel entonces se argumentó que “a la gente no le agrada escuchar pálidas”. Que siempre hace falta sembrar esperanza.
Fue la exhibición de un voluntarismo rayano en el suicidio.
La Argentina enfrentaba una de las peores crisis de su historia mientras el Gobierno minimizaba la gravedad de la herencia recibida al punto de augurar un “segundo semestre” –el del 2016- de recuperación y crecimiento.
El estado catatónico de la oposición kirchnerista y el duelo general del peronismo facilitaban la ingenua creencia de un devenir sin contratiempos.
Entonces la comunicación –o mejor dicho la política comunicacional- oficial se limitó a sembrar expectativas. Los slogans hablaban de “juntos”, sin especificar quienes. De futuros venturosos.
Nadie revisó el pasado.
Nadie explicó que el país estaba fundido. Que el gasto público era muy superior a los ingresos del Estado. Que las tarifas en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires eran –como producto de una populista y demagógica política económica- ridículas pero que esa “ridiculez” había terminado con el auto abastecimiento gasífero y petrolero y que, por tanto, había que importar a precios de mercado internacional.
Nadie habló de los casi dos millones de nuevos jubilados que incorporó el kirchnerismo sin aportes jubilatorios previos o, en todo caso, solo parciales. Nadie explicó que pagarles esa jubilación no era magia, sino más déficit y que más déficit era más inflación.
Nada o muy poco se dijo sobre el sobre dimensionamiento de las administraciones federal pero sobre todo provinciales y municipales, sobrecargadas de empleados –gran parte de ellos fantasmas- designados al efecto de conseguir más votos. Nadie explicó que esos salarios tampoco se pagaban mediante magia, sino con déficit e inflación.
Nadie explicó nada y tampoco nada, o casi nada, se hizo, hasta que fue inevitable “tocar” las tarifas, tarde y mal, y de allí hasta hoy la inestabilidad que padecemos.
Pero ya volveremos al punto.
El gradualismo
El manual de la ortodoxia, que siempre conviene repasar, indicaba que ante una situación inmanejable de descontrol del gasto público, alto déficit presupuestario, altísima presión impositiva, retraso tarifario y atraso cambiario, debía procederse a un ajuste en toda la línea.
No se hizo. Y no se hizo porque el Gobierno prefirió creer en el gradualismo, convencido de su viabilidad, en función de la capacidad de endeudamiento que el gobierno de Cristina Kirchner legó.
Y, entonces, se echó mano al endeudamiento. La fiesta debía continuar porque la situación social no daba para el ajuste y porque todo se arreglaría con la llegada masiva de inversiones como consecuencia del cambio de política de apertura de la Argentina al mundo.
No fue así. La fiesta continuó pero las inversiones no llegaron. El endeudamiento externo volvió a hacerse presente ante la insolvencia del país para enfrentar salarios públicos, jubilaciones, subsidios a la energía y el transporte y subsidios a las personas carenciadas, estos últimos mediante acuerdos con las organizaciones piqueteras.
Dos años después y tras haber vencido con holgura en las elecciones de medio término, el Gobierno descubre que ya no puede hacer malabares. Que el crédito externo comienza a evidenciar cierto agotamiento. Que el ajuste, al menos parcial –las tarifas-, se torna imprescindible.
Con el manual del buen político dejado de lado, el Gobierno entra de lleno en la realidad y decide ajustar tarifas, tarde y mal.
Tarde y mal porque permite la reacción de la oposición. De los K, siempre dispuestos a todo, que pretenden lo imposible como retrotraer las tarifas a la etapa anterior y las del resto de la oposición que busca salidas por donde no las hay. En el medio, los aliados del Gobierno, radicales y Carrió, que se quejan frente a las decisiones unilaterales del propio gobierno.
Como siempre, ajuste tardío, ajuste mal hecho. No en lo técnico, sino en lo político.
Es que la política ofrece momentos aptos para determinadas decisiones, que ni duran para siempre, ni se repiten.
Le ocurrió a la propia Cristina Kirchner cuando pretendió ajustar bajo el eufemismo de “sintonía fina”. No pudo. Era tarde. Y entonces intentó más de lo mismo. Solo que como no contaba con el financiamiento externo, echó mano de la emisión monetaria sin respaldo para sufragar los infladísimos gastos del Estado. Hoy pagamos los costos.
Macri no ajustó a tiempo, ahora baila con la más fea.
La salida
Y, de pronto, ocurrió. El dólar se revaluó en el mundo y provocó la devaluación de las monedas de los países emergentes en particular. Y el avispero, se movió.
Pero se movió mucho más en aquellos países que, como la Argentina, dependen de los préstamos externos para continuar financiando su gasto público.
Desde la “interna” del Gobierno, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger lograba, con sabor a revancha, imponer su recetario ortodoxo de defensa del valor de la moneda mediante un aumento inusitado de la tasa de interés de referencia que pasó de 27 por ciento a 40 por ciento en solo tres días.
Aun así no alcanzó para tranquilizar los mercados. Es que la combinación de una eventual suba de la tasa de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal de aquel país, combinada con la entrada en vigencia de la irresponsable ley local que castiga la renta financiera de los inversores extranjeros, fue determinante para la huida –literal- de las posiciones en pesos y el pase al dólar de fondos de inversión y bancos.
Fue entonces cuando, nuevamente tarde y mal, el Gobierno decidió tomar el toro por las astas y anunciar una reducción de la meta fiscal para el presente año. En otras palabras, más ajuste.
Es decir, el Gobierno gastará menos. El problema, de allí lo de tarde y mal, está en la elección de las cuentas sobre las que se llevará a cabo el ahorro forzoso.
No habrá menos empleados del Estado –nacional, provincial o municipal-, ni habrá un incremento de la edad jubilatoria, por ejemplo de las mujeres cuya pretensión –correcta, por cierto- de igualdad de derechos nada dice sobre la equiparación de la edad jubilatoria mínima con el género masculino.
No. El Gobierno va a ajustar donde menos le conviene. No solo al propio gobierno, sino al país: en la obra pública. Otra vez la actualización de una infraestructura en ruinas como la que dejó el kirchnerismo, se verá postergada.
El Gobierno resigna así uno de sus principales capitales políticos: la exhibición de trabajos de infraestructura en todo el país, con particular acento en las zonas más carenciadas o de menor calidad de vida.
Será, tal vez, para más adelante.
En todo caso, valga la digresión, no resultaría malo poner un freno a la cantidad de obras innecesarias y casi frívolas –con algunas excepciones de importancia- que lleva a cabo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que ensancha veredas y coloca mojones por doquier para complicar la circulación de quienes concurren a trabajar a diario.
¿Y ahora?
Si la calma retorna al mercado cambiario, algo que deberá verificarse durante la próxima semana, las consecuencias consistirán en una postergación de la tan ansiada reducción del incremento de los precios. Es decir de la inflación.
En la economía argentina, quiérase o no, conviven dos monedas. Una, la oficial, el peso argentino. La otra, la de referencia, el dólar estadounidense. Por tanto, un movimiento en la relación entre ambas monedas, nunca es inocuo.
Así, es dable aguardar un pico inflacionario como producto de la devaluación. Si bien este último término no es del todo correcto, cuando en un proceso de flotación sucia –libre cotización con intervención del Banco Central- la moneda nacional pierde valor, estamos ante una devaluación.
Ese pico inflacionario se agudiza en la Argentina, además de la convivencia de monedas que hace que aun sectores no ligados a la exportación, ni a la importación incrementen precios en función de la devaluación, debido a que los productos exportables del país son productos primarios vinculados al sector alimenticio. Ergo, a mayor valor del dólar, mayor valor del pan, las pastas, etcétera.
En los corrillos del Gobierno, de forma previa a la corrida cambiaria, el mes de mayo era señalado como el mes de la inflexión de la curva inflacionaria. Ahora habrá que pensar en julio, cuando menos en junio, sino ocurre otro sobresalto.
La política
A la fecha, el capital electoral del Gobierno se diluye sin por ello referenciarse en ningún político opositor.
Aunque resulte paradójico, dicha dicotomía es, con sus dimes y diretes, la mayor carta electoral que aun exhibe el Gobierno.
No obstante, existe un deterioro que va más allá de cuánto señalan las encuestas. Hoy, entre las filas de quienes votaron al Gobierno ya no cunde solo una queja, sino su reemplazo por una crítica.
Claro que ninguno de los votantes de Cambiemos migrará hacia Unidad Ciudadana, el partido de Cristina Kirchner. Las propias encuestas así lo demuestran. Su caudal es muy similar al que cosechó en su reciente derrota electoral del 2017.
La cuestión pasa por el reordenamiento del peronismo, kirchnerismo exceptuado. Allí, el margen de acción es estrecho, pero existe. Nadie termina de completar un liderazgo efectivo.
La decisión del novel interventor del Partido Justicialista, Luis Barrionuevo, de presentar candidaturas dentro de 90 días, suena mucho a voluntad y poco a realismo.
Es más, un dato a tener en cuenta a la hora de asignar chances o no a esas candidaturas nacionales quedará marcado por la decisión que tomen los gobernadores sobre desdoblar o no las elecciones en sus provincias, respecto de la Nación.
Con todo, el justicialismo deberá completar su reorganización para alcanzar una candidatura nacional que, en teoría, solo competiría con el kirchnerismo para tratar de obtener un segundo lugar que posibilite convertir a Unidad Ciudadana en un partido marginal.
De momento, Cambiemos pasa apuros por su propia gestión, pero no por la amenaza de ninguna otra fuerza electoral. Aun, su futuro depende de sí mismo.
Pero, el deterioro es palpable, sobre todo en materia de confianza. Algo que siempre queda sujeto a modificación si algún resultado logra alcanzarse. En tal sentido, y a juzgar por cuánto señalan las propias encuestas, el hecho clave pasa por morigerar la inflación.
Es el resultado que debe alcanzar el Gobierno desde los comienzos del segundo semestre del año. Si lo logra, recuperará capital político. En caso contrario, correrá el riesgo del resurgimiento de un peronismo tradicional si este consigue encolumnarse detrás de un candidato con predicamento que hoy no existe, aunque esa carencia no será para siempre.
Un último desvelo. El objetivo del Gobierno es ganar en primera vuelta. Y para eso, cuenta con la ventaja del enfrentamiento entre peronismo y kirchnerismo. Una disputa que les torna dificultoso alcanzar una diferencia inferior a los diez puntos con el resultado electoral del propio gobierno.
Pero, si bien esta condición es factible, no es tan sencillo, a la fecha, alcanzar la otra: aquella que establece que para ganar en primera vuelta hay que aventajar al segundo por diez puntos de diferencia pero con un piso de un 40 por ciento del electorado.
Es el desafío.
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