No hablaban desde hace un tiempo, producto de una relación plagada de desconfianzas mutuas. Estos dos dirigentes que estuvieron a punto varias de veces de cerrar acuerdos electorales en la Provincia pero que terminaron naufragando en el intento, fueron cruciales para cerrarle el paso a una iniciativa por la que apostó, y fuerte, la gobernadora María Eugenia Vidal.
Un par de días antes de que la Legislatura debatiera la eliminación del componente impositivo en las tarifas de los servicios públicos, Martín Insaurralde y Sergio Massa volvieron a dialogar.
El intendente de Lomas de Zamora fue quien decidió sacar la relación del freezer. Llamó al tigrense para alertarle que la poda en los impuestos que estaba proyectando Vidal iba a quitarles unos 1.300 millones de pesos a los municipios.
Por una vieja ley, en las tarifas eléctricas figura un impuesto cuya recaudación va a parar al tesoro municipal. Y representa casi un 6% de lo que pagan los clientes de las empresas.
El llamado surtió efecto. Massa comprometió a sus legisladores a acompañar a sus pares del peronismo que responden a los intendentes para frenar la aprobación. A cambio, pidió el apoyo para que saliera otra norma con la que busca horadar al oficialismo: la que intenta frenar el desembarco de la cadena Farmacity en la Provincia.
Ese tándem consiguió el objetivo doble. La ley contra la empresa entre cuyos principales accionistas aparece el vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana, salió de Diputados aunque sólo cabría esperar un milagro político para que alumbre en el Senado donde Cambiemos cuenta con holgada mayoría. El freno parcial a la quita impositiva, en cambio, lejos parece de ser cosa juzgada.
En un intento por mitigar el malestar social que viene generando la suba de las tarifas de los servicios públicos, Vidal había empujado una idea que tomó rápidamente la Casa Rosada: avanzar con la supresión del componente impositivo que terminan pagando los usuarios. Por ahora, vía decreto y lo poco que le autorizó el Parlamento, logró suprimir los tributos que engrosaban las cuentas provinciales.
La medida ideada en la Gobernación llegó en el momento más complicado para el oficialismo. La mayoría de las encuestas muestra un intenso malhumor social con el Gobierno. La imagen del presidente Mauricio Macri viene en caída y las medidas oficiales también impactan sobre la Gobernadora, aun cuando mantiene un diferencial positivo en su imagen pública.
Vidal y su equipo procuraron salir al cruce de esa realidad. La señal puede ser interpretada desde por lo menos dos ángulos: por un lado asoma la necesidad de dar respuesta a aquél malestar. También anidaría alguna dosis de disidencia con la manera en que se viene manejando el tema tarifario desde el misterio de Energía de la Nación.
El proyecto oficial implica para la Provincia resignar unos 2 mil millones de pesos. Y en ese esquema diseñado para mostrar al Estado acompañando el esfuerzo de la gente, las comunas deben dejar de percibir los mencionados 1.300 millones restantes.
El proyecto diseñado en la Gobernación encontró la resistencia de los intendentes peronistas. No estuvieron en soledad. Incluso, varios de Cambiemos mascullaron bronca y dejaron oír sus reclamos ante algunos funcionarios, pero decidieron de todas formas acompañar la medida por disciplina partidaria.
En el PJ explican el rechazo apelando al traslado de responsabilidades. “El Gobierno nacional se metió en este lío y ahora nos quieren hacer pagar el costo a nosotros”, dicen en los municipios, donde no están dispuestos a resignar un ápice de los recursos que tienen previstos. “Asumimos un sinnúmero de funciones que le corresponden a la Provincia. No nos pueden pedir un nuevo ajuste”, completan.
La embestida oficial
La derrota parcial de Cambiemos en la Legislatura anota el efecto primario de una baja menor en la carga impositiva de la que pretendía el Gobierno. De hecho, los usuarios del servicio eléctrico tendrán un beneficio del 10,8 por ciento frente al casi 16 por ciento previsto originalmente.
Sobre esa quita un tanto más módica machacará Cambiemos. “Si no la quieren aprobar, le van a tener que explicar a la gente que no la quieren beneficiar con la reducción de impuestos”, decían en el Gobierno.
El oficialismo ya vuelve a preparar sus armas en la Legislatura. Irá a fondo en el Senado donde cuenta con número para insistir con los artículos de la ley que le obligó a mochar la oposición. Y buscará presionar en Diputados -donde no tiene mayoría propia- para aprobar la norma o procurar dejar expuestos a los bloques del PJ, del massismo y el kirchnerismo que resisten la idea de restarle recursos a las comunas.
“Desde hace dos años tenemos cada vez municipios más ricos y esto tiene que ver con la cantidad de transferencias que han crecido en beneficio de las comunas. Están recibiendo por lo que fue el Fondo del Conurbano este año cerca de 3.500 millones de pesos que no tenían presupuestado”, dicen cerca de Vidal como para justificar la iniciativa oficial de que los intendentes “paguen” en parte la eliminación del componente tributario de la tarifas.
Esa disputa no está saldada. Acaso se libre en simultáneo con otro proyecto polémico que impulsa el gobierno bonaerense: la quita de subsidios a la industria del turf.
Vidal ha puesto la mira sobre los mil millones de pesos al año que insume a la Provincia contribuir a esa actividad. Cree que puede ser autosustentable. Por eso, planea que ese aporte se reduzca a cero hacia finales del año que viene.
Las entidades del turf han puesto el grito en el cielo. Y argumentan que, de prosperar el proyecto, se va a llevar a la quiebra a la actividad. El debate asoma complejo. ¿Habrá plazos un tanto más laxos para la desaparición de los subsidios? Sobre ese aspecto estarían pujando los actores de la actividad. También, no pocos legisladores, incluso, algunos de Cambiemos.
No todos ven por el mismo cristal. Importantes dirigentes nacionales del oficialismo, por otra parte actores de la actividad como propietarios y criadores, sostienen que la administración de los hipódromos podría ser más eficiente.<
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