Cambiemos se negó a dar quórum para debatir el incremento de las tarifas de servicios públicos como había planteado la oposición.
Cambiemos se negó a dar quórum para debatir el incremento de las tarifas de servicios públicos como había planteado la oposición.
LA COLUMNA DE LA SEMANA

Batalla cultural

A la larga o a la corta, las batallas culturales deben ser asumidas. No se trata de negar la diversidad. Todo lo contrario. De proclamarla y defenderla ¿Contra quién? Contra todos aquellos que, precisamente, se empecinan en desconocerla, en entronizar un pensamiento único, en creerse dueños de la verdad absoluta.
Aún dentro de la prudencia que debe rodear a los actos de un gobierno, llega el momento de decir “basta”. Y basta fue lo que dijeron seis gobiernos de los doce que integran Sudamérica al impúdico manipuleo “chavista” de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas.
Junto a la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, decidieron “suspender por tiempo indefinido” sus respectivas participaciones en el citado organismo.
UNASUR nació como una especie de invento “chavista” al casi único efecto de enfrentar a los Estados Unidos. Decir “chavista” es decir cubano-castrista, dado que es en La Habana, y no en Caracas, donde se toma ese tipo de decisiones.
En la oleada populista que mostraba el Sur de América por aquel entonces, el año 2008, varios fueron los inscriptos entusiastas de aquella visión de la política exterior. Así, Chávez y los cubanos consiguieron la adhesión sistemática de la Argentina kirchnerista, la Bolivia de Evo Morales, el Brasil del PT de Lula, el Ecuador de Rafael Correa, el Uruguay de Pepe Mujica, los petrodependientes Guyana y Surinam, junto al “apoyo cuidadoso” de Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Pero con la caída de los precios internacionales del petróleo y de la soja, la oleada populista arribó a su fin. Solo Venezuela y, en mucho menor medida, Bolivia, insisten en aquella visión de las relaciones exteriores.
El problema es que el gobierno venezolano del impresentable Nicolás Maduro vulnera cualquier límite de tolerancia. Se trata de un gobierno que se convirtió en una virtual dictadura apoyada en el Ejército, donde la inflación y la escasez alcanzan niveles antológicos y donde buena parte de la población intenta probar suerte más allá de las fronteras de su propio país.
Todo ello, sin hablar de una corrupción solo comparable a la del kirchnerismo en la Argentina y de una inseguridad record a escala mundial.
En dicho estado de cosas, aceptar y no denunciar los delirios de un Maduro exorbitado, resultaba una omisión injustificable. Y esa omisión terminó.
Obviamente, la decisión de política internacional dio rienda suelta al “delirium tremens” que afiebra al dictadorzuelo venezolano. Maduro pronosticó que los “revolucionarios” iban a defender UNASUR.
¿De quién? Nadie lo sabe ¿Cómo? Mucho menos ¿Para qué? Ningún resultado pasado indica la necesidad.
Es tan tonto y sencillo como el colmo de la obviedad. Si Maduro quiere continuar con su UNASUR, forjada a la medida de la alianza con la Cuba castrista, qué lo haga. Nada se lo impide. Nadie se lo impidió. Solo que, claro, deberá oblar los gastos del paquidermo, perdón del organismo, él solito o con los que se queden adentro. Allá ellos.
No fue el actual gobierno argentino el culpable de este final anticipado de la UNASUR. Por el contrario, en otra de sus contradicciones habituales –mejor dicho, en su negativa habitual en dar la batalla cultural, la administración macrista intentó colocar como secretario general al actual embajador en Chile, José Octavio Bordón.
Venezuela y Bolivia se negaron terminantemente. Necesitaban algún “vocinglero” anti yanqui, de esos que provee, habitualmente, la izquierda boba de América Latina. Esa negativa sepultó el final de UNASUR.
Nadie, absolutamente nadie, -con excepción de Maduro y sus secuaces- se rasgará las vestiduras por la UNASUR.

¿Nuevo PJ?
Designado por la jueza María Servini de Cubría, el gastronómico Luis Barrionuevo asumió formalmente la intervención del Partido Justicialista nacional. Sentados a su lado, durante el acto de asunción, aparecieron Julio Bárbaro y Carlos Campolongo, dos militantes del peronismo considerados por su moderación y su apego al sistema democrático.
Barrionuevo convocó a “todos” pero puso distancia de aquellos que “sacaron los pies del plato”. “Yo nunca me afilié a otro partido”, fue la fórmula que utilizo para poner distancia del kirchnerismo, en general, y de Cristina Kirchner, en particular, quien creó una nueva agrupación política “Unidad Ciudadana” cuando se negó a confrontar en las PASO con Florencio Randazzo.
Claro que lo formal no siempre corre paralelo con lo real.
La intervención al Partido Justicialista fue criticada por todos, kirchneristas y no kirchneristas. Los primeros, en su eterno accionar oportunista, para calificar la intervención como “maniobra oficialista”, sin mencionar, claro, que ellos se fueron del partido en otra de las tantas actitudes incomprensibles de su todopoderosa jefa Cristina Kirchner.
Los otros, gobernadores, intendentes y legisladores, por aquello de lo políticamente correcto. Aunque a la hora de la “payasesca” resistencia de José Luis Gioja, la semana anterior, solo dos intendentes del Gran Buenos Aires se hicieron presentes.
En otras palabras y como generalmente ocurre en el peronismo, a rey muerto, rey repuesto. Si se verifica, la separación del kirchnerismo del peronismo tradicional habrá avanzado un nuevo paso.
El desafío para Barrionuevo, Bárbaro y Campolongo es aglutinar al PJ detrás de una candidatura nacional que dé pelea, no contra Cambiemos, sino contra el kirchnerismo. La meta es sobrepasar en votos a los K para dejarlos como una expresión marginal de la política argentina.
El interrogante es si podrán o no hacerlo. No porque falten voluntades. Quizás hasta sobran. Pero, la dificultad radica en aglutinarlas. En amalgamar una expresión única que culmine en un candidato de consenso.
En síntesis, un Partido Justicialista que intentará renovarse deshaciéndose del lastre kirchnerista y conteniendo a cuadros –sobre todo intendentes- que no miran con malos ojos la idea de pegar el salto a Cambiemos con tal de mantener su propio territorio, si Cambiemos se afianza como la opción de gobierno para el 2019.

Tarifas
A veces, no siempre, los detalles son casi, igual o más importantes que las cuestiones de fondo.
La cuestión de las tarifas, resuelta finalmente mediante la aceptación de algunas de las sugerencias que el radicalismo presentó al presidente Mauricio Macri, en mucho, no en todo, se parece a lo señalado en el párrafo anterior.
Vayamos por parte.
La primera parte se remonta a la negativa, por sugerencia del asesor presidencial Jaime Durán Barba que no debía profundizarse, a la luz pública, el desastre heredado de la administración anterior.
En lugar de ello, los responsables del Gobierno prefirieron sembrar la semilla de la esperanza con aquello de un segundo semestre que resolvía, por sí solo y catarata de inversiones mediante, todos los males que aquejaban a una Argentina sumida en una docena de años de populismo.
Obviamente, ni las inversiones vinieron –al menos no como se las esperaba- ni el segundo semestre verificó aquel pronóstico optimista.
Luego con algún repunte productivo y una reducción significativa pero no satisfactoria de la inflación, el Gobierno encaró el año electoral con el aval de una esperanza “engañosa” de los argentinos que, dicho sea de paso, aman los milagros y descreen en demasía del trabajo, el esfuerzo y la capacitación.
Como todo el mundo sabe –o debería saber-, la esperanza se impuso sobre la realidad. Pero, con el resultado electoral favorable, no quedaba otro remedio que poner la casa en orden con vistas al nuevo test electoral del 2019.
Y si existía un tiempo para las malas noticias, ese tiempo era el del primer semestre del año actual.
Era necesario elegir, cuidadosamente, las malas noticias por dar, para reducir el nefasto déficit de presupuesto que origina la inflación y devora los ingresos de casi todos, en general, y de quienes viven de ingresos fijos, en particular.
Para atacar la inflación, es decir el déficit de presupuesto –su origen principal-, es decir el enorme gasto público –origen del déficit fiscal-, coexisten tres caminos: la reducción de la planta de empleados públicos; la reforma del sistema previsional mediante la elevación de la edad jubilatoria o el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos.
El Gobierno apostó por la última opción. La justificación estaba dada por la necesidad de recuperar la energía, literalmente destruida durante el kirchnerismo, en el afán populista y electoralista de negar la realidad a través de tarifas insignificantes que desembocaron en la inexistencia de inversiones, la pérdida del autoabastecimiento petrolero y gasífiero y la necesidad de importar a valores de mercado: uno de los tantos desastres, no explicado a tiempo, heredados del kirchnerismo.
Con sensibilidad social desde el principio, el Gobierno mantuvo las tarifas bajas para los sectores más vulnerables, mediante la llamada “tarifa social” y comenzó la adecuación a la realidad operativa de los precios de la energía, del transporte, del agua y, el menos justificable, de los peajes.
La decisión disparó consecuencias quizás no del todo bien analizadas desde el Gobierno. En primer lugar, el incremento resultó un golpe para los bolsillos de la clase media asalariada, en gran medida votante de Cambiemos. En segundo término, determina un cambio de hábito en el uso –y abuso- de la energía.
Si lo segundo es de aceptación general, lo primero representó un regalo político para la oposición que salió a pedir lo imposible –casi lo logra en el Parlamento- de retrotraer las tarifas a la irresponsable época de los subsidios para todos… todos los que vivían en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Para colmo de males, con la impericia y el sincericidio propio de quienes caen a la política en paracaídas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no tuvo mejor idea que declarar que recién traerá sus ahorros al país, cuando la Argentina le inspire confianza.
Fue la gota que rebalsó el agua del vaso político.
Con reflejos, la diputada Lilita Carrió, pero sobre todo el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, salieron a contrariar al Gobierno. La primera de manera declamatoria, el segundo con un documento que proponía alternativas –el cobro en cuotas de los aumentos- sin costo fiscal, que resultó aceptado por el presidente Macri.
La cosa quedó ordenada y los intentos del kirchnerismo de sacar partido, con los “renovadores” de Sergio Massa, al lado, quedará para otro tiempo, aunque por un período no muy largo continuarán los estertores.
Ahora bien, más allá de necesidades prioritarias en materia energética, la pregunta que queda flotando es por qué se eligieron las tarifas en lugar de las jubilaciones o los empleos públicos.
No cabe duda que tocar las jubilaciones hubiese resultado odioso. Imposible, por derechos adquiridos, “desjubilar” a todos aquellos –en particular, las amas de casa- que nunca aportaron y que, irresponsabilidad y populismo kirchnerista mediante, hoy cobran una jubilación.
Pero bien se hubiese podido incrementar la edad jubilatoria o equiparar las mujeres con los hombres a los 65 años, dada la tan pregonada igualdad de derechos. Cierto es que no hubiese resultado una solución inmediata para los problemas presupuestarios pero, en definitiva, más tarde o más temprano, todos sabemos que va a ocurrir dado el desfinanciamiento de las cajas jubilatorias.
Seguramente, la mejor solución hubiese sido despedir a miles y miles de empleados “ñoquis” que ingresaron a último momento a la administración pública de la mano del kirchnerismo para sabotear el Estado y para hacer caja para la política.
Pero, error político, el Gobierno prefirió golpear a propios con tal de no meterse con los adversarios que suelen, con su accionar, tomar la impronta de enemigos, desde que Cristina Kirchner se negó a reconocer a Mauricio Macri como presidente cuando no quiso entregar el bastón de mando en mano, como indica la tradición republicana.
Y volvemos al principio. A la corta o a la larga, las batallas culturales no pueden dilatarse eternamente. Con los estados nacional, provinciales y municipales superpoblados de ñoquis es imposible liquidar el déficit fiscal, a través de la reducción del gasto público y, por ende, terminar con la inflación.
Un dato deja en claro lo anterior. Prácticamente, la totalidad de las huelgas y piquetes que llevan a cabo distintos sectores gremiales evidencian un elemento en común: son organizados y llevados a cabo por sindicatos estatales, donde la política priva por sobre cualquier regla elemental de mercado.
Es la batalla cultural que el Gobierno se resiste o no se atreve, al menos de momento, a dar.

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