En medio de la catarata de elogios que se prodigaron el presidente Mauricio Macri y Mariano Rajoy, el jefe de gobierno español, hubo una frase que pasó inadvertida en los informes periodísticos, pero que es necesario rescatar: “La idea es estar dentro de los países ganadores del mundo”, dijo el titular del Poder Ejecutivo argentino al blanquear, desde la Casa Rosada, uno de los principales objetivos de su gestión.
En ese encuentro con Rajoy, a mitad de semana, Macri empezó a esbozar lo que ayer terminó siendo el eje de su discurso en la Cumbre de las Américas, que sesionó en Lima, Perú.
Esto es, el anuncio de que la Argentina desconocerá las elecciones en Venezuela, por considerarlas ajenas al estándar democrático; y la reivindicación del rol de la Justicia brasileña contra la corrupción.
En la capital peruana, Macri debió sumar de apuro un pronunciamiento sobre los bombardeos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia a Siria. “Argentina renueva su firme condena al uso de armas químicas”, enfatizó el mandatario ante la acusación que pesa sobre el régimen de Bashar al-Ásad. Con lo cual, ratificó su alineamiento con el liderazgo global que ejerce la Casa Blanca.
Macri busca así posicionarse como un referente de la región sudamericana, con el objetivo de llevar al país al lote de los “ganadores”. Por supuesto que allí no están la Venezuela de Nicolás Maduro ni el Brasil del detenido Lula da Silva. En todo caso, del principal socio del Mercosur lo que Macri destaca es el accionar del juez Sergio Moro, el que lleva adelante la causa del Lava Jato.
En la concepción del Presidente, que la Justicia sea “independiente” es “fundamental para la generación de confianza”. Ahí radica justamente el costado económico de las ideas sobre las que se basa el plan de gobierno de Cambiemos, que procura la llegada de inversiones para equilibrar el endeudamiento externo. En otras palabras, lo que se necesita es consagrar la “seguridad jurídica”.
Reformas en la carpeta oficial
Claro que para que eso suceda, el Gobierno se decidió a atacar varios frentes al mismo tiempo. Uno de ellos es la reforma de la Justicia –que por ahora se basa más en el recambio de nombres que en una modificación estructural- y otro es una agenda de reformas económicas, como la previsional del tenso final de 2017 y la laboral, que es la próxima en la carpeta del oficialismo.
Los empresarios españoles que acompañaron a Rajoy plantearon de manera explícita a Macri, en una reunión reservada, que se necesitan cambios en la legislación laboral argentina para tomar el riesgo de invertir en el país. Mientras que las compañías de capitales ibéricos radicadas aquí hace muchos años, advirtieron que la inflación es un obstáculo de proporciones para su desempeño.
Al cabo de esos encuentros quedó instalada la sensación de que los empresarios españoles analizarán, antes de tomar cualquier decisión, la actitud de las compañías ya instaladas en la Argentina. Si esas empresas avanzan en una expansión, entonces querrá decir que están dadas las condiciones para invertir, habría sido el razonamiento más extendido en la delegación ibérica.
En ese punto es donde confluyen los intereses que se exponen en este tipo de reuniones –realizadas en lujosos hoteles y palacios gubernamentales- con los problemas económicos que padece la población. El índice de precios de marzo pasado, medido por el INDEC en una fuerte suba del 2,3 por ciento, fue un “trago amargo” tanto para los ciudadanos como para el Gobierno.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo admitió sin medias tintas, en momentos en que crecen las dudas sobre el programa anti-inflacionario de Cambiemos. Y en que el propio Dujovne afronta acusaciones de haber blanqueado 20 millones de pesos en los meses previos a ser nombrado en el Gabinete, algo que mete más ruido en un área que está en la mira de todos.
El PJ intervenido y en crisis
Si en el terreno económico el Gobierno no termina de brindar certezas, en el campo de la política parece tener el camino cada vez más desmalezado. La sorpresiva intervención del Partido Justicialista, dictada por la jueza María Romilda Servini de Cubría, expuso la crisis que atraviesa la principal fuerza de oposición, fragmentada en varias líneas que no avanzan hacia la unificación, aunque nadie se explica que puede producir Luis Barrionuevo, que no parece contar con muchos apoyos.
Tanto es así, que el interventor Luis Barrionuevo no concibe su designación como algo pasajero y ya está abocado a un plan para ordenar el partido de cara a las elecciones de 2019. En ese tren recibirá a dirigentes justicialistas en su despacho del gremio de Gastronómicos –hasta que se despeje la sede histórica de la calle Matheu- y luego iniciará un recorrido por las provincias.
En sus primeros pasos como interventor, Barrionuevo dejó en claro a distintos interlocutores que no quiere “extraños” dentro del PJ, una palabrea que bien pudo haber sido una referencia al kirchnerismo, que se fue del partido para formar la Unidad Ciudadana en 2017. En esa línea, el sindicalista impulsaría una interna solamente para afiliados y desecharía la opción de las PASO.
Por cierto que la decisión de la jueza Servini desató un sinfín de especulaciones, casi todas ancladas en un supuesto beneficio del Gobierno, pero la intervención parece calzarle mejor a los peronistas no K que, desde el encuentro de Gualeguaychú, se lanzaron a la conformación de un espacio propio con los gobernadores, los bloques legislativos y aliados como el massismo.
El kirchnerismo, que sigue siendo fuerte en esta provincia –en especial en algunos distritos del Conurbano-, busca por su parte instalar precandidatos alternativos a Cristina Kirchner, como Agustín Rossi, sobre la proyección de que la ex presidenta perdería un eventual ballotage contra Macri. Pero así se expondría a una derrota más perjudicial para su representación legislativa.
Los gobernadores, en guardia
Ese embudo que se le presenta al liderazgo de Cristina Kirchner explica los motivos por los cuales los gobernadores peronistas nunca la defendieron públicamente –ante las causas judiciales que se sustancian en su contra- como lo acaban de hacer con Eduardo Fellner, el ex gobernador de Jujuy que pasó dos días en prisión y que supo ser, a diferencia de Cristina, presidente del PJ nacional.
La defensa corporativa de los gobernadores del PJ a Fellner supone también una reacción defensiva, ya que otros ex mandatarios como el entrerriano Sergio Urribarri afrontan graves problemas judiciales y nada los exime de padecerlos ellos mismos en el futuro. Incluso aquellos que hoy tienen una buena sintonía con Macri, como el salteño Urtubey y el cordobés Schiaretti.
Pero no sólo la dirigencia peronista afronta acusaciones de corrupción. De hecho, en los próximos días quedará a prueba la verdadera vocación de Cambiemos por combatir este flagelo, cuando deba definirse si se retiran los fueros de la diputada chaqueña Aida Ayala, a quien un juez de la provincia norteña le pidió la detención en una causa de cuando era intendenta de Resistencia.
En rigor, el oficialismo está casi obligado a facilitar el desafuero de Ayala, luego de impulsar el del ex ministro Julio de Vido, lo que permitió su detención. Pero aún así, lo que se observará con detenimiento es si Cambiemos apura el trámite o lo dilata para que la diputada chaqueña pueda ganar tiempo para armar su defensa. Habrá que ver además la postura que adopta Elisa Carrió.
La jefa de la Coalición Cívica es quien dotó a Cambiemos de la bandera anti-corrupción, que ahora Macri enarbola a nivel nacional como internacional. Carrió ampliará la denuncia que hizo contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y pedirá su juicio político. “Soñamos con que, con el tiempo, tengamos un sistema judicial más sólido y creíble”, dijo Macri durante la visita de Rajoy.
Por el momento, los tiempos de la diputada parecen más apurados que los del propio Gobierno.
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