La marcha convocada por Hugo Moyano para el miércoles podría llegar a ser multitudinaria. En la Casa Rosada lo saben, pese a que hicieron mucho para desalentarla, restándole al jefe camionero el apoyo de un sector importante de la dirigencia sindical. Aunque en rigor, el aislamiento que el Gobierno pretende para Moyano es el de la mayoría de la sociedad que no se pliega a ese tipo de protestas.
Esa es la estrategia que quedó evidenciada en el “retiro” del Gabinete nacional en Chapadmalal, donde el presidente Mauricio Macri y sus principales colaboradores delinearon el discurso para los próximos días, que identificará a Moyano con la “extorsión” y el “apriete”. Pero que, en el fondo, buscará dejarlo pegado a las “minorías intensas”, como consideran al kirchnerismo y a la izquierda.
Este razonamiento político coloca a Cambiemos, y por extensión al propio Gobierno, del lado de las “mayorías silenciosas”, las que no suelen encontrar referencia en líderes sectoriales, como puede ser Moyano.
Para interpelar a esa franja de la ciudadanía, el oficialismo -más específicamente el macrismo- apela a pronunciamientos que suenan polémicos para ciertos sectores de la sociedad.
En el caso del policía Luis Chocobar, quien mató a un delincuente luego de que éste apuñalara a un turista en La Boca, el Gobierno hizo una cerrada defensa de la actuación del agente -objetada por la Justicia en primera y segunda instancia- que obedece primero a su concepción de la seguridad, pero también a lo que el oficialismo supone como el pensamiento más extendido entre los argentinos, según los resultados de las encuestas que manejan.
Con esas mediciones analizadas en detalle, la mesa chica de la Casa Rosada avanzó un paso más en su posicionamiento, redoblando la apuesta ante las críticas que le llovieron por parte de la oposición por la intervención del Poder Ejecutivo en asuntos de la Justicia: el propio Macri salió a afirmar que, en este caso, él no hablaba como presidente de la Nación sino como “ciudadano”.
La postura del mandatario tiene, por cierto, al menos dos implicancias notorias: la primera es la pretensión de ser considerado “como uno más” de esas grandes mayorías que “no salen en la tapa de los diarios” -como aseguró recientemente la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal-, pero al mismo tiempo choca con la contradicción de que no es un ciudadano común, sino un jefe de Estado.
Esa incorrección política, que el Presidente puso de manifiesto tras una extensa reunión con sus ministros en el complejo turístico de Chapadmalal, obedecería a la necesidad del Gobierno y del propio mandatario de recuperar su imagen pública luego de varios meses de abrupta caída, desde aquel gran pico de popularidad que tuvo Cambiemos con la victoria en las elecciones legislativas de octubre pasado.
La nueva doctrina
Al forzar la marcha de esa manera, cualquier “equipo” –como define el Presidente a su Gabinete- puede sufrir desacoples. La nueva “doctrina” oficial que reivindica a la fuerzas de seguridad ya provocó cortocircuitos entre la ministra Patricia Bullrich y su colega Germán Garavano, que tiene posiciones más moderadas. Esas “fisuras” fueron negadas por Bullrich pero efectivamente existen.
La incomodidad política de Garavano se agudizó en las últimas semanas, cuando fue cuestionado por la diputada Elisa Carrió, una voz potente en Cambiemos, quien interpretó que el Ministerio de Justicia dejó caer una acusación por encubrimiento del atentado a la AMIA contra los ex fiscales de la causa Eamon Müllen y José Barbaccia. “Es un problema de la doctora Carrió”, replicó Garavano.
El titular de la cartera judicial sostuvo, incluso, que la jefa de la CC-ARI podía pedir un “juicio político” en su contra, en lo que se consideró una ironía porque los ministros no son removidos por ese mecanismo sino por un simple decreto presidencial.
En castellano, lo que Garavano quiso decir es que Carrió tiene alguna tendencia a imputar y dictar sentencia como si fuera un juez.
En rigor, “Lilita” hizo de la incorrección política –la misma a la que apela ahora Macri- su propia forma de representación a un sector de la sociedad que demanda transparencia a una dirigencia cuya vida privada no coincide con sus ingresos declarados.
La corrupción
Los casos de corrupción del kirchnerismo resultaron evidentes, aun para un Poder Judicial que se despertó tardíamente.
Pero también el actual Gobierno debe responder por las denuncias que recaen sobre sus funcionarios, como es el caso del subsecretario de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien formó parte de una sociedad que radicó una cuenta abultada en Andorra y no la declaró ante el fisco argentino. Aunque eso sucedió antes de su ingreso al macrismo como funcionario porteño.
Ante la revelación periodística, Macri no anduvo con vueltas: envió al jefe directo de Gilligan, Fernando de Andreis, a dar la cara ante la prensa, pese a que no es muy dado a las declaraciones públicas. Por ahora, las denuncias contra los funcionarios del Presidente tienen una característica en común: casi todas ponen el foco en la actuación previa que tuvieron como empresarios.
En su momento, incluso Macri debió dar explicaciones por los “Panamá Papers”. La excepción a la regla es el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien está cuestionado –e investigado por la Oficina Anticorrupción- por haber ejercido influencia para que contrataran a una empleada de su familia como personal del sindicato SOMU, que había sido intervenido por orden de la Justicia.
Triaca, que llegó a presentar su renuncia al Presidente pero fue respaldado, afronta una acusación de tipo político, por un hecho acontecido durante la gestión de Cambiemos.
El “affaire” del ministro de Trabajo implicó un duro golpe para el Gobierno, que sumado al mayoritario rechazo a la reforma previsional, configuró un escenario desfavorable para el oficialismo en el inicio de 2018.
Sin embargo, para el Gobierno los problemas centrales no pasan por Triaca, ni siquiera por Moyano o por el debate en torno a Chocobar, sino por el comportamiento de algunas variables de la economía que preocupan y afectan a la población. Por eso, la definición más importante del “retiro” del Gabinete –que concluyó ayer- fue la ratificación presidencial del rumbo económico.
De hecho, fue notorio el esfuerzo del mandatario en la búsqueda de convencer sobre la elección del “camino correcto”, pese a que puertas adentro reclamó a sus ministros políticas para atender a los sectores medios castigados por la inflación, dado que no cuentan con beneficios sociales estatales.
Esa franja de la sociedad votó mayoritariamente a Cambiemos en 2015 y en 2017.
El propio Macri se encargó de aclarar que el Gobierno recibió el aval de los ciudadanos en ambas ocasiones, lo que incluye por cierto a la política económica, pese a que algunas medidas puedan resultar impopulares. “No vinimos a transcurrir, sino a transformar”, advirtió el jefe de Estado, retomando la idea del “reformismo permanente” que acuñó tras la victoria electoral.
Pero los cambios estructurales no son sencillos de llevar a cabo. La reforma laboral, tantas veces pregonada por el Gobierno, sigue sin ver la luz y difícilmente lo hará en términos sustanciosos en medio del enfrentamiento con un sector del sindicalismo, que ya provoca realineamientos entre los distintos sectores del peronismo. Y que derivará con certeza en una fractura de la CGT.
En ese contexto está por verse si la administración de Cambiemos se anima a modificar el régimen de las obras sociales, que les fueron otorgadas a los gremios por el dictador Juan Carlos Onganía por un acuerdo con Augusto Timoteo Vandor, tras el derrocamiento del presidente Arturo Illia y luego de que el propio Juan Domingo Perón negara históricamente esa concesión a los sindicatos.
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