La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica semanalmente en el sitio web del diario, en www.diariodemocracia.com, y en las redes sociales, se expresó a favor del veto del Gobierno a los familiares en cargos públicos.
De hecho, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con que familiares de funcionarios públicos no puedan ocupar puestos en el Gobierno?”, el 86 por ciento (176 votos) contestó que “sí”, mientras que el 14 por ciento restante (28 votos) respondió que “no”. En total participaron del sondeo virtual 204 lectores.
La medida
La iniciativa oficializada por el Gobierno recientemente prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración estatal, con excepción de aquellos que hayan llegado a través de un concurso público o que tengan varios años de antigüedad en el cargo.
La norma fue sancionada a través del decreto N° 93/2018, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Quienes estén alcanzados por la nueva regla deberán desvincularse de sus puestos de trabajo antes del próximo 28 de febrero: el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, estimó que "no deben ser más de 40 casos".
En su artículo 1, el texto destaca que "no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro".
"Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial", remarcó la norma, que había sido anunciada el lunes último por el mandatario, en el marco de un plan de reducción de cargos políticos en el Estado.
El decreto aclara que quedan exceptuadas de lo dispuesto en la medida las personas "designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo", incluso aquellos que hayan hecho reserva del puesto por estar ocupando uno político.
Entre los considerandos se indica que "el Gobierno nacional asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante".
"Efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos", añade.
El presidente Mauricio Macri había anunciado el lunes pasado un paquete de medidas que implican el récord del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la suspensión de los aumentos de salarios de funcionarios de mayor jerarquía.
En el mismo conjunto de proyectos estaba incluida la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional, lo que fue finalmente oficializado este miércoles mediante decreto 93/2018.
Críticas
El hermano del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los primeros familiares de funcionarios de alta jerarquía en protestar en contra del decreto que les impide tener un cargo en el Estado al opinar que esa norma plantea que "ser pariente ya es sinónimo de ser ñoqui o trucho".
"Una medida que prohíbe tener la posibilidad de trabajar en la función pública a un familiar de un político además de coartar una posible salida laboral es totalmente estigmatizante", consideró.
A través de su cuenta de Facebook, Mariano Larreta señaló que ser allegado a un político "ya implica vivir con una exposición indirecta no deseada y obliga a tener una responsabilidad civil por arriba" de los que no están en esa situación.
Así, Larreta se sumó a Jacinta de la Torre, hija del ministro de Gobierno de la Provincia, quien advirtió que iba a formar "un sindicato de familiares de políticos".
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