Temple, puede ser el vocablo apto para caracterizar al gobierno del presidente Mauricio Macri. Por la positiva o por la negativa. Porque sobre o porque falta. Porque se lo demuestra o porque se lo esconde.
El estado de situación al final del primer mes del año 2018 debía ser catalogado como de bueno a muy bueno a juzgar por no pocos datos de la economía. Aun cuando no dejan de aparecer señales de alarma.
Pero el arrastre de una reforma jubilatoria, mal encarada y peor explicada, arrojaba una caída de más de una decena de puntos en la aprobación popular a la figura presidencial. Y esto pone nervioso a cualquiera, sobre todo si el temple no abunda.
Por otro lado, un incidente menor, aunque no soslayable, redundó en una preocupación adicional frente al eventual embate de la prensa y de la oposición, en particular la sindical. Se trató, claro, de la escandalosa relación entre el ministro de Trabajo y una empleada-ñoqui de su casa y de un sindicato intervenido –el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)-, a la vez.
El todo redundó en una salida, casi intempestiva, del Presidente con sus anuncios sobre los familiares de los ministros, el congelamiento de los salarios de los altos funcionarios nacionales y la reducción de los cargos jerárquicos en la administración pública nacional.
Nada de todo ello puede ser calificado de incorrecto, aunque sí de poco oportuno.
Del tridente de decisiones, la más acertada, sin duda, es la que elimina casi mil cargos políticos de nivel de directores, subsecretarios y secretarios. Es la más acertada, pero no exenta de interrogantes.
Si se trata de cargos innecesarios ¿Por qué se tardó dos años en suprimirlos? Peor aún, gran parte de esos “ravioles” –como se los llama en la jerga administrativa para designar cada cuadradito de un organigrama- fueron creados por el propio gobierno actual.
Aclaración: no fue el gobierno actual quien “reventó” la administración pública de empleados, gran parte de los cuales ñoquis, es decir no trabajan. La planta del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal- fue atiborrada de empleados durante el kirchnerismo como parte de su visión del clientelismo como método de acción política.
Pero sí fue la administración Macri, la que amplió de manera importante el número de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones que, en no menor medida, sumaron burocracia a las dificultades que encara el ciudadano cuando no le queda otro remedio que relacionarse con el Estado.
El segundo “remedio” a la caída en las encuestas fue el del congelamiento de los salarios de los más altos cargos de la administración. El Presidente no hizo sino entrar en el clásico retraso salarial que caracteriza al Estado argentino cuando de gobiernos no peronistas se trata.
El precio a pagar, obviamente, es que los mejores se van de la administración y aparecen los “menos mejores”, los mediocres y los que van a buscar otra cosa que el enflaquecido sueldo. Puro populismo que no sirve para nada y que se hace tarde y mal al único efecto de hablar de ejemplo y de transparencia dos años después.
Cierto es que el Estado ahorrará unos cuantos pesos. Y eso no deja de ser importante cuando el déficit fiscal no baja, ni se reduce en la medida deseada. Pero aun así…
Y por último, la frutilla del postre. Es decir la empleada del ministro Triaca. La “viveza” del funcionario arrojó como resultado que unos cuantos parientes de sus colegas debieran abandonar sus cargos, no importa si demostraban idoneidad o todo lo contrario.
Se los llevó puestos la onda “moralizadora”, a ver si así se recuperaban algunos puntos perdidos en las encuestas y, de paso, se evitaba arrojar a Triaca a los leones.
En síntesis, mucho ruido, pocas nueces, para un asunto que si debió tratarse, debió encararse con seriedad y no al calor de una encuesta negativa y de un acto reñido con la ética por parte de un ministro.
¿Y las buenas?
Pero, sin dudas, lo más curioso es que el Gobierno suma “buenas” a las que ni siquiera el propio Gobierno da trascendencia. En principio, aquella carencia de “temple” le impide defender con firmeza lo hasta aquí encarado.
El alza de las tarifas a los usuarios de energía en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, las subas en el transporte de pasajeros y hasta la nada simpática modificación de la escala de ajuste de los haberes de los jubilados, deben desembocar hacia el segundo semestre del año en una fuerte caída de la inflación.
Es que el Estado va a gastar menos en subsidios a sectores que no requieren de dicha ayuda. Para los restantes, para los más vulnerables, el Gobierno creó la denominada tarifa social, que no es otra cosa que energía subsidiada pero solo a quienes no pueden pagar.
También favoreció, con la modalidad combinada, a quienes más viajan para llegar a su trabajo. Por lo general, las personas de bajos ingresos que viven en la periferia del GBA.
No es imposible que, así y todo, la inflación resulte superior a la esperada. Pero, el Gobierno debería plantarse en unos resultados que deberán verse antes de finales del año, en lugar de reinventar medidas más que nada efectistas como las de la administración pública.
Y para ello, cuenta ahora mismo con una batería de resultados que no son menores y que indican la corrección del camino emprendido, aun cuando difieran los tiempos.
El crecimiento de la inversión es uno de ellos. Los datos del año que acaba de finalizar muestran un 9,6 por ciento de aumento en la inversión productiva, a valores constantes.
Desagregada, la inversión en maquinaria y equipos –es decir, bienes de capital para una mayor producción- superó el promedio y alcanzó el 10,9 por ciento interanual.
En materia de construcción, el alza, frente al 2016, fue del 6,3 por ciento y se acerca a los niveles del 2015. Sin dudas, la inversión del Estado en rutas, escuelas y hospitales marca en buena medida, pero no en su totalidad, la expansión de la construcción. La reciente inauguración de un tramo de la Ruta Nacional 8, como autopista, es anticipatoria de una serie de obras en construcción, cuyos avances y finalización se verificarán en los próximos dos años.
Asimismo, en materia educativa, con el cambio cualitativo en las becas que el Estado ofrece para los estudiantes de menores recursos.
Ya no se trata de una masificación sin ton, ni son, que no produce resultados, sino un direccionamiento que tiene en cuenta, a la hora de asignar montos, del nivel educativo, del carácter estratégico de las carreras superiores y del mérito para premiar a los estudiantes universitarios con mejor rendimiento académico.
No será el ANSES quien administrará las becas, sino que lo hará, como corresponde, el Ministerio de Educación.
Si el alumno cursa el secundario, ya no alcanza con su mera asistencia, para continuar recibiendo el aporte del programa Progresar debe pasar con éxito al año superior. Si repite, pierde el derecho. Para los universitarios, debe contar con la aprobación de la mitad de las materias establecidas anualmente.
Otro tanto con el Plan Belgrano, esbozado para recuperar el atraso que padece el norte del país. Cuatro remodelaciones de aeropuertos –Jujuy, Salta, Tucumán e Iguazú-, 2.127 kilómetros de nuevos asfaltos en rutas de diez provincias, 2.892 kilómetros más en ejecución, 380 kilómetros de renovación de vías en el ferrocarril Belgrano Cargas, conforman logros que facilitan el acceso a los puertos y reducen los costos de transporte de la producción.
Aún con la volatilidad que la caracteriza, se puede hablar del interés por el mercado de capitales, con ganancias promedio del 16,3 por ciento en enero pasado en la Bolsa de Comercio. O de las ventas automotores que se acercan al millón de unidades anuales.
Y, sobre todo, el crecimiento, lento pero sostenido, del empleo con aumentos en el sector privado que duplican a los incrementos en el sector público. En total, entre enero y noviembre del año anterior, fueron creados 253.200 empleos nuevos en la llamada economía formal.
Claro que no todas son buenas. En particular, los datos referidos a la exportación que padecen de un evidente retraso cambiario, aun con el dólar a 20 pesos, pero más aún de la falta de competitividad de la producción industrial, entre otras cosas, debido al altísimo componente impositivo y a la extrema inflexibilidad en materia laboral.
Sindicatos
Pese a los buenos datos que el Gobierno puede exhibir en materia de empleo, la cuestión sindical promueve nubarrones en el cielo para las próximas semanas.
Algunos sindicalistas, con relativo grado de convicción, atribuyen a una persecución gubernamental las decisiones que toma la justicia que investiga “las riquezas” de unos cuantos dirigentes sindicales.
No se trata de los platenses Balcedo, ni “Pata” Medina, los bahienses de la UOCRA o el “Caballo” Suárez de los marítimos. Se trata, del mandamás de los porteros, Víctor Santa María, pero sobre todo, del jerarca camionero, Hugo Moyano y sus familiares.
Asediado por varios lados, el camionero intenta zafar con paros y movilizaciones que no responden a una situación conflictiva con las empresas del sector, sino a su situación patrimonial que investiga la justicia.
Ya sea con la empresa OCA que le pertenece, con las firmas que proveen a su sindicato que pertenecen todas a su segunda esposa y a sus hijastros, o con la conducción del grande futbolístico, el club Independiente, Moyano no encuentra paz.
Su táctica defensiva pasa por poner a prueba la unidad sindical. Su pretensión de hacer una demostración de fuerza el próximo 22 de febrero, llevó a la fractura de la Confederación General del Trabajo, la CGT.
Del triunvirato que gobierna la central sindical, dos de sus miembros, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, responden a Moyano y a Luis Barrionuevo, respectivamente. Ambos presidieron un plenario donde decidieron movilizar el próximo 22, luego postergaron la fecha porque coincide con el aniversario de la Tragedia de Estación Once.
Claro que los llamados gremios “gordos” que nuclean a los principales sindicatos y que representa Héctor Daer en la conducción cegetista, no fueron al encuentro, no apoyan la marcha y prefieren el diálogo con el Gobierno. Otro tanto acontece con los independientes como la UOCRA de Gerardo Martínez o Andrés Rodríguez de UPCN.
Moyano consiguió el apoyo de Hugo Yasky y Roberto Baradel.
A todo esto, la cuestión salarial pasó a un segundo plano. Algunos gremios como los aceiteros cerraron dentro de las pautas que pretende el Gobierno: no superar el 15 por ciento anual y no utilizar la cláusula gatillo, es decir la indexación.
Otros como los maestros se aprestan a una batalla que tendrá mucho de política y poco de gremial, particularmente en la provincia de Buenos Aires.
La región
Luego de su paso en falso por Chile, donde asombró a gran parte de la grey católica ante la presencia a su lado de un obispo chileno acusado de proteger a un sacerdote pedófilo, el Papa Francisco acaba de enviar una misiva de apoyo a la investigada por la estafa de “Sueños Compartidos”, Hebe de Bonafini.
Al menos, así se desprende de la lectura que hizo de la misiva la propia Bonafini y que no fue desmentida por Bergoglio, ni por ninguno de sus allegados. No llama la atención la preocupación y ocupación del ex cardenal por cuanto delincuente anda suelto o entre rejas, a quienes regala rosarios y ofrece consuelos.
Sí, en cambio resulta llamativo, la comparación o la similitud que Bergoglio encuentra entre Jesús de Nazareth y la propia Hebe de Bonafini. Le recomendó no temer las calumnias y le recordó que Jesús fue calumniado “y lo mataron luego de un juicio dibujado con calumnias”.
En fin, en los delirios, el relato –auténtico de Bergoglio o “dibujado” por Bonafini- no tiene límite. Jesús de Nazareth y Hebe de Bonafini, la misma cosa.
Mientras tanto, en el país que dejó recientemente y donde la libertad, el orden, el respeto y el trabajo campean en una sociedad que avanza, su Banco Central colocó títulos a solo el 3,24 por ciento anual de tasa. Se trata de Chile, claro, con presidente mujer socialista y con presidente electo varón conservador.
Es que se trata de una sociedad que asume sus compromisos. En la nuestra, por su lado, todos quieren el cambio, pero ninguno quiere pagarlo. Se trate de las tarifas, del revalúo, del déficit fiscal, de los precios, de los salarios, de las jubilaciones o de lo que sea.
A veces, el Gobierno carece de temple. La sociedad, también. Inmadurez que le dicen.
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