María Eugenia Vidal tiene previsto recibir a sus legisladores. En pocos días más, la mandataria brindará un anticipo de los principales lineamientos de gestión para el año que ya se deglutió un mes y, puntualmente, cuáles son sus pretensiones en materia de agenda parlamentaria.
Acaso la Gobernadora aproveche para sugerirle a sus bloques que avancen en la Legislatura con una medida que ha generando controversia y no poco ruido hacia el interior de Cambiemos: la prohibición de designar parientes en la función pública.
Aquella decisión anunciada hace algunos días por el presidente Mauricio Macri tuvo demasiado que ver con la situación de su ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Jaqueado por la denuncia de una ex empleada, en la Casa Rosada se juzgó que había que salir a dar la batalla para defender al funcionario con una medida que suena extemporánea para una administración que ya consumió dos años de su mandato.
Triaca tenía al menos tres parientes en su ministerio y el decreto parece destinado a cerrar otro de los flancos abiertos en la cartera laboral. No era, con todo, el único ministro nacional afecto a las designaciones por lazos de sangre.
Incomodidad
Vidal se sumó rápido a esa decisión aún cuando no se conocen los alcances que tendrá el decreto que se apresta a dictar en contra del nepotismo. “No tenemos muchos casos”, dicen en el Ejecutivo. Pero aun así, la cuestión generó incomodidades.
Algunas se hicieron públicas como las que planteó la hija del ministro de Gobierno Joaquín de la Torre que, como secretaria privada de su padre, seguramente deberá dejar el cargo en breve.
Otras fueron un poco más sutiles: un alto funcionario con rango de ministro salió a aprobar en la red social Twitter el crítico posteo del hermano del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la decisión presidencial.
“Es un gesto”, resumen en la Gobernación para minimizar los alcances de la medida en el Ejecutivo que no alcanzaría la envergadura que anota en algunas comunas donde no queda prácticamente rama del árbol genealógico del intendente sin oficina propia. Olavarría, General Rodríguez, Henderson o San Fernando son ejemplos por demás palpables. Macristas, peronistas y massistas se han entregado a la tentación de designar parientes.
No es el tema más urticante que deberá afrontar la gestión bonaerense. En pocos días más habrá convocatorias formales a discutir salarios tanto a los gremios estatales como docentes.
El almanaque apura porque el lunes 5 de marzo está previsto el inicio de las clases. Quedan apenas cuatro semanas y el panorama asoma complejo.
La Provincia ha deslizado en algunas charlas con sindicalistas que su idea es manejarse dentro del parámetro del 15 por ciento, similar a la estimación inflacionaria del Banco Central. El problema es que esa proyección ya es desestimada hasta por las consultoras menos distanciadas del Gobierno que hablan de porcentajes no menores al 20%.
Ni los gremios más dialoguistas estás dispuestos a cerrar por el 15 por ciento. Menos aún, si para 2018 no está vigente la cláusula de actualización automática por inflación que el año pasado les permitió “empatar” frente al incremento del costo de vida.
¿Habrá algún mecanismo de compensación? ¿El Gobierno cederá y dejará vigente la cláusula gatillo? Existirían algunas señales en ese sentido que podrían allanar el camino para algún entendimiento con los sindicatos, al menos, los que agrupan a los empleados estatales.
Más complejo asoma el escenario con los docentes. De hecho, no pocos funcionarios aventuran un comienzo conflictivo del ciclo lectivo. Los gremios lanzaron la advertencia: no habrá acuerdo por menos del 19%. Siempre y cuando, además, rija la cláusula de actualización automática por inflación. Parece lejos de la propuesta que, a priori, estaría por formalizar la Provincia.
Es posible que Vidal anticipe parte de su estrategia negociadora con los gremios en aquél encuentro con sus legisladores. Y que descorra el velo sobre algunos proyectos que pretende impulsar el Ejecutivo este año.
Ruidos internos
En despachos oficiales y legislativos se asegura que la decisión de sacar de la agenda inmediata la reforma previsional está tomada. “Había demasiado revuelo no sólo con los gremios: el ruido se había instalado hacia el interior de Cambiemos”, reconocen.
Y añaden otra cuestión más vinculada a los tiempos políticos y de la gestión: mezclar este debate con la discusión por los salarios hubiera significado enturbiar aún más una paritaria que de por sí no asoma sencilla.
Esa decisión no implica que el Ejecutivo haya desistido de avanzar con algunos cambios en el Instituto de Previsión Social. Los funcionarios insisten en que en el corto plazo “algo hay que hacer”. Y reafirman un dato que genera urticaria en la oposición y en los sindicatos: que el sistema previsional de la Provincia es deficitario en cerca de 1.200 millones de pesos.
De todas formas, se trata de un debate que alumbrará en algún momento, quizás en pocos meses, y que promete estar rodeado de protestas y tensión.
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