A tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman es imperioso reivindicar su compromiso con la búsqueda de la verdad y su integridad, que insidiosamente fue puesta en duda después de que denunciara a altos funcionarios del gobierno anterior, a quienes imputó por haber intentado encubrir a ciudadanos iraníes acusados por la Justicia argentina de haber sido los responsables del atentado a la AMIA. Esta vil estrategia de deslegitimación continuó después de su muerte.
Se debe recordar el trabajo realizado por Nisman para lograr que Interpol volviera a emitir en 2007 las alertas rojas y las órdenes de captura internacional que habían sido anuladas. Fruto de su dedicación y profesionalismo, presentando en detalle la responsabilidad que le cupo a cada uno de los sospechosos, consiguió que el organismo internacional reconsiderara su decisión.
Ocho años después, su participación volvió a ser determinante cuando denunció el plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los principales sospechosos de haber perpetrado el atentado contra la AMIA.
Ocho años después, su participación volvió a ser determinante cuando denunció el plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los principales sospechosos de haber perpetrado el atentado contra la AMIA.
La DAIA siempre confió en la Justicia y en el trabajo del fiscal. Por ese motivo asumió el rol de querellante y solicitó la reapertura de la causa de su denuncia para que se la investigara. Nos parecía inconcebible que un juez la hubiera desestimado en apenas quince días, sin antes ordenar algunas de las medidas de prueba que había solicitado el fiscal. También advertíamos los esfuerzos que desde algunos sectores se realizaban para “cajonearla”.
Hoy somos testigos de que la Justicia avanza en la investigación qué él promoviera con su denuncia y confirmando que el objetivo principal de la firma del “Memorándum de Entendimiento”, con la República Islámica de Irán, era conseguir que se derogaran las alertas rojas pedidas por el juez de la causa a partir de la medulosa y encomiable tarea que había acometido el fiscal Alberto Nisman.
A partir de la resolución que dictó el juez Claudio Bonadio y de la carta que el actual canciller iraní le envió a su par argentino, confirmando que con la firma del “Memorándum” Irán buscaba levantar los pedidos de captura de los ex funcionarios presuntamente implicados en el atentado, los que tildaron su denuncia de “mamarracho” quedaron huérfanos de argumentos.
Hace más de un año la Corte Suprema de Justicia manifestó que la muerte de Nisman no podía desligarse de su trabajo como fiscal de la causa AMIA. Hace pocos meses un equipo de peritos de la Gendarmería presentó un informe en el que asegura que el fiscal fue asesinado. De confirmarse esta hipótesis estaríamos en presencia de un hecho de enorme gravedad institucional sin precedente en la historia argentina. Es la Justicia la que debe profundizar la pesquisa y esclarecer el hecho que sin ninguna duda, tuvo como objetivo silenciarlo.
Albergamos la firme convicción de que los argentinos recobraremos la confianza en el accionar de la Justicia; que en nuestro país se acabará la impunidad; que se llegará a la verdad en la causa del atentado a la AMIA-DAIA y que se esclarecerá la muerte del fiscal Nisman.
(*) Presidente de la DAIA.
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