Por lo general, cuando los funcionarios deciden enfrentar micrófonos, cámaras, celulares y grabadores que les acercan los periodistas, suelen, previamente, definir qué van a decir, cómo lo van a decir y, sin necesariamente mentir, ofrecer una explicación que elude fracasos y anticipa mejoras que, probablemente, nadie recuerde dentro de un tiempo.
La exposición que ofrecieron el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Finanzas, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue una versión clásica de lo antedicho.
Solo faltaron a la cita, los vicejefes de gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Ambos fueron cruciales para cuanto se dijo. Su ausencia, vale la pena aclararlo, solo se debió a la presencia de Peña, el jefe de ambos.
Pero resultaron cruciales en las discusiones previas. Fue cuando todos, con la excepción de Sturzenegger, convencieron por primera vez al presidente Macri de “aflojar” la política monetaria que el titular del Banco Central defendía a rajatabla como el modelo ortodoxo a seguir para disminuir la inflación.
En otras palabras, para el Banco Central, alguna vez garante del valor de la moneda nacional, la inflación solo se baja mediante una “sequía” de dinero, de la enorme cantidad que circula en virtud del elevadísimo gasto público que persiste y que se financia mediante el endeudamiento externo y los préstamos del propio Banco al Tesoro.
Es todo ese circulante creciente, el que debe “secarse” mediante las altas tasas de interés de los títulos públicos, denominados LEBAC, para evitar que vaya a los precios.
Según los análisis más veloces, generalmente producidos a partir de las propias intervenciones del gobierno en el convencimiento de analistas y periodistas, el presidente del Banco Central perdió la batalla.
La lectura rápida predice que las tasas de interés “bajarán” y se tornarán “compatibles” con una economía a la que se pretende hacer crecer en un 3,5 por ciento anual, un valor no muy ambicioso pero alentador si se lo compara con la recesión de los últimos años.
Tal vez resulte. Probablemente, no.
Sturzenegger y el propio Macri tomaron sus recaudos frente al avance de los ministros. Así, el presidente del Banco Central logró, a cambio, que el Presidente decidiese sobre una modificación en las pautas inflacionarias para los próximos tres años.
Será del 15 por ciento para el 2018; del 10 por ciento para el 2019 y del 5 por ciento para el 2020.
Las lecturas oficialistas intentan convencer que se trata de una proyección que abarca el “segundo período presidencial” de Mauricio Macri. Chocolate por la noticia. Es muy probable que el Presidente opte por intentar su reelección. Pero, poco y nada tiene que ver la pauta inflacionaria, ni su extensión, dada a conocer ahora.
Otra lectura oficialista sugiere que, a partir de este momento, la pauta inflacionaria será fijada por el “ala política” del gobierno que encarnan Peña, sus laderos y los ministros. Es cierto.
Tan cierto como que debieron comenzar por aceptar que las metas inflacionarias anunciadas hace dos años no se cumplieron. O mejor dicho, que el Gobierno no logró reducir la inflación a los niveles que se había propuesto.
Las excusas esgrimidas por el ministro Dujovne fueron de una “ingenuidad” poco creíble. Las presentó como la “equivocación” de quienes hace dos años no contaban con la magnitud del desastre que dejó el kirchnerismo, pero la vinculación con el fracaso es por demás forzada.
Párrafo aparte merece esto de las excusas. Es hora de no inventar más. No es creíble evadir hablar de sacrificios en la reforma previsional, como no es creíble equivocar metas inflacionarias por “falta de información inicial”, sobre todo cuando dicha equivocación recién se reconoce dos años después.
Realidades y aspiraciones
Lo cierto es que, pese a las excusas, al Gobierno no le fue del todo mal en materia inflacionaria. Del más del 40 por ciento que alcanzó en 2016, los índices de precios a la fecha muestran una caída de casi 20 puntos anuales.
Es malo por lo alto, pero no está mal si se toma el terrible punto de partida. Claro que el Gobierno habló de un crecimiento de entre el 12 y el 17 por ciento para este año, y la inflación rondará finalmente los 24 puntos, con un diciembre que puede superar el 2 por ciento mensual.
Habrá sido del doble en la peor hipótesis y de algo más de siete puntos adicionales –un 30 por ciento más- en el mejor de los escenarios.
Ahora bien, si con tasas de interés que superaron el 28 por ciento, alcanzamos una inflación del 24 ¿Qué pasará con tasas de inflación más bajas?
Lo primero es lo que ya pasó. De manera, inmediata: la demanda de dólares. Es que si no puedo cubrir mis ahorros con la tasa de interés, voy al dólar. Un clásico argentino.
Pero a no equivocarse. El esquema descrito por los ministros arranca con una aceleración del crecimiento de los precios internos. De allí que el alza de la cotización del dólar parece haber sido, al menos, semi inducida a los efectos de contemplar otro de los componentes de la economía que ya comenzó a preocupar en demasía: el de la balanza comercial. En otras palabras, una devaluación “tolerada”.
Ocurre que la conjunción de altas tasas de interés y atraso cambiario incrementaron el saldo negativo de la ecuación entre exportaciones e importaciones, a favor de estas últimas, a un nivel record: 9 mil millones de dólares al año. El equivalente al 1,5 por ciento del Producto Bruto Interno.
Frente al dato, el ministro Dujovne dijo una verdad, a medias. Ponderó el crecimiento de las importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios. En el primero de los casos, llegó al 17 por ciento anual que implica una mejoría de la capacidad productiva. Pero, poco dijo acerca de la importación de bienes de consumo que creció al mismo ritmo.
Como sea, lo cierto es que la economía crece. En octubre pasado, el Producto Bruto Interno mejoró en un 5,2 por ciento frente a igual mes del año anterior. Fue una mejoría importante aunque, en rigor de verdad, la medición es contra el mes más recesivo del 2016.
Y aquí es donde centra sus esperanzas el equipo económico, con la excepción de Sturzenegger.
Para los ministros, apostadores del gradualismo, el crecimiento de la economía es lo único que lavará el déficit fiscal y el endeudamiento necesario para su financiamiento. Con un país que crece, el peso relativo del déficit –si se mantiene estable o decrece- y del endeudamiento caerá. Ergo, la inflación perderá impulso, la inversión se verá alentada, la producción crecerá y habrá mayor empleo.
Todo es válido, si se contiene el gasto público. No solo el que se origina en el Estado nacional, también el de las provincias y el de los municipios. De allí el pacto fiscal y la reforma tributaria.
Por lo pronto, el presidente del Banco Central que no está “muerto” políticamente, ni mucho menos, logró imponer algunas condiciones como, por ejemplo, la reducción de las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional.
Claro que para que esas reducciones se verifiquen, hace falta que los déficits se achiquen. Sin ello, a las buenas intenciones se las llevará el viento.
Achicar déficit implica sincerar. Es lo que se está haciendo, de manera gradual, con las tarifas de electricidad y gas. Y es lo que comenzará a llevarse a cabo con las tarifas del transporte público, en la zona metropolitana.
Es que allí, los subsidios superan ampliamente al precio que el usuario paga por un viaje. Con el futuro nuevo valor de 8 pesos para un viaje en bus, el subsidio deberá ser –de acuerdo con los costos- de once pesos en la ciudad de Buenos Aires y de 9 pesos para las líneas municipales del Gran Buenos Aires.
En casi todo el mundo, un viaje urbano en transporte público cuesta 1 dólar. O sea, entre 18 y 20 pesos. En la Argentina cuesta lo mismo aunque más de la mitad se subsidie.
Aun cuando las tarifas y el precio del transporte queden sincerados, será necesario resolver la superpoblación de empleados públicos, sobre todo en los municipios, la situación en las empresas del Estado y la vigencia de algunos estatutos, como el docente, que generan un gasto enorme con resultados paupérrimos.
Vale la pena detenerse en el caso de Aerolíneas Argentinas. Durante el kirchnerismo, su pseudo renacionalización costó, en subsidios, más de 670 millones de dólares anuales, ahora cuesta algo más de 170. Pasó de 130 dólares por pasajero –que pagábamos todos- a los actuales 15 dólares.
Con todo, estamos ante un nuevo escenario, cuya síntesis es que el gradualismo avanzó un paso frente a la ortodoxia. Veremos los resultados.
Corrupción y política
A Cristina Kirchner y otros imputados, Vialidad Nacional les reclama 1.216 millones de dólares por la direccionalidad y los sobreprecios pagados a Lázaro Báez en las inconclusas obras que le fueron adjudicadas durante la administración anterior.
Quizás la cifra haya sido exagerada. Quizás, no. Pero aun si fuese una duplicación o una triplicación, el desvío resultaría de una enormidad tal como para declarar a la pandilla la número uno de la corrupción nacional, a lo largo de toda la historia argentina.
A finales de la semana, el juez Sebastián Casanello, conocido en tribunales como “la tortuga” Casanello, decidió finalmente elevar a juicio oral la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña.
Fiel a su origen, Casanello desestimó el pedido del fiscal Guillermo Marijuán de incluir entre los procesados a Cristina Kirchner. De todas formas, tarde o temprano, Cristina Kirchner quedará involucrada en esta causa que supone el reingreso al país de 60 millones de dólares que, primero fueron “negreados” y enviados al exterior, para luego regresar como blanqueados.
De a poco, las causas se entrelazan. Según la Sala II, los flujos que recibió Báez como producto del direccionamiento de la obra pública, constituyen el delito precedente. Es la causa de la ruta del dinero.
Cristina Kirchner, ahora protegida por los fueros senatoriales, como se vio durante la semana que acaba de concluir, calla frente a los tribunales pero eleva su dedo acusador contra el gobierno actual.
Usa, como siempre, aquello que no le corresponde. Antes era la cadena nacional para formular arengas y transmitir actos proselitistas, ahora son cuestiones de privilegio para usar el micrófono en los debates parlamentarios donde se tratan cuestiones de interés para los argentinos.
Desde la política, la foto donde se la ve dialogando con su bancada de senadores es por demás patética. Contándola a ella, conforman un total de… ocho. Siete mujeres y un hombre. Eso es todo cuánto es el kirchnerismo en el Senado de la Nación. Ocho sobre un total de 96 senadores.
Seguramente, los números ayudarán a comprender el porqué de la oposición furibunda del kirchnerismo en el Congreso y en la calle, donde aliado con la izquierda protagonizó los gravísimos incidentes de la semana anterior.
Durante la semana, la Iglesia Católica hizo trascender su posición frente a los hechos. Fue un salomónico la protesta sí, la violencia no.
En principio, parece correcto. No lo es. Porque la protesta y la violencia no resultan de por sí, antagónicos. Una protesta que incluye el corte de calles, el deterioro con pintadas y roturas de frentes y la ocupación del espacio público, no es violenta en principio pero es susceptible de derivar en hechos de ese tipo.
Por otro lado, es contraria a la ley. Y en un país que se precie de tal, ni el kirchnerismo, ni la izquierda, ni la Iglesia Católica, ni nadie pueden situarse por encima de cuanto la ley establece.
Cierto, fue la Iglesia quién retiró sus tropas: Movimiento Evita, Trabajadores de la Economía Popular, cuando estalló la violencia izquierdosa. Pero, hasta allí había acompañado, en otra demostración de la aplicación del concepto anti republicano y anti democrático de dirimir las disputas en la calle con desprecio por la expresión ciudadana en las urnas.
En pocos días más, el Papa Francisco pisará suelo chileno. Habrá que seguir con atención –y prevención- sus dichos en el país vecino.
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