ENCUESTA EXCLUSIVA DE DEMOCRACIA

El 62% de los juninenses no está de acuerdo con la reforma jubilatoria

En efecto, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con la reforma previsional?”, el 62 por ciento de los votantes (80 votos) respondió que “no”, mientras que en la vereda opuesta el 38 por ciento (49 votos) contestó afirmativamente. En total votaron 129 personas. Los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán entre 63 y 235 pesos mensuales menos que lo que les hubiera correspondido.

La mayoría de los lectores que participaron en la encuesta semanal de Democracia –que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en las redes sociales Facebook y Twitter- se expresaron en contra del proyecto de reforma jubilatoria aprobado recientemente por el Gobierno.
En efecto, ante la pregunta “¿Está de acuerdo con la reforma previsional?”, el 62 por ciento de los votantes (80 votos) respondió que “no”, mientras que en la vereda opuesta el 38 por ciento (49 votos) contestó afirmativamente. En total votaron 129 personas.

Análisis
Con la nueva movilidad previsional aprobada, los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán entre 63 y 235 pesos mensuales menos que lo que les hubiera correspondido de acuerdo a la anterior legislación, estimó un estudio de la Fundación Mediterránea.
De todos modos, los economistas Marcelo Capello y Luis Laguinge expresaron que "los jubilados de la mínima con 30 años de aportes tendrían una suba real de 4,6 por ciento promedio".
Consideraron que "los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzarían un aumento real del 4,0 por ciento, mientras que los jubilados por las moratorias incrementarían su poder adquisitivo en 2,2 por ciento".
"Los jubilados que cobran la mínima con 30 años de aportes sólo perderían 63 pesos mensuales en promedio, con respecto a la regla vieja (lo que, en términos relativos, representa una caída del 0,8%)", expresaron los especialistas.
Aclararon que por su parte, los beneficiarios de la mínima y que accedieron por moratoria previsional resignarían 235 pesos por mes (2,9 por ciento respecto a la fórmula antigua).
"Por último, el sacrificio mensual de ingresos de los beneficiarios de la AUH alcanzaría unos 20,6 pesos, 1,3 por ciento menos que con la movilidad anteriormente vigente", precisaron en la evaluación.
Con una visión de más largo plazo, con la nueva fórmula los haberes habrían caído un 5,6%, en valores reales, entre los años 2000 y 2017.
En términos acumulados, la variación de los haberes hubiera resultado de 338,6% entre 2000 y 2017, mientras que la inflación fue de 345,3% en ese período.
"Si sólo se toma en cuenta el lapso en que estuvo vigente la anterior fórmula de movilidad (2009-2017), los efectos de la nueva norma resultarían prácticamente neutros en materia de poder adquisitivo, pues tanto la variación nominal de los haberes como la inflación se ubicarían en torno a 630 por ciento", indicaron.

Presentaciones judiciales
Las presentaciones colectivas que se hagan a la Justicia contra la ley previsional aprobada en la madrugada del martes recaerán en un mismo juzgado: el número 2 del fuero federal de la seguridad social, a cargo del juez subrogante Fernando Strasser, según dispuso el propio magistrado a pedido de la ANSES.
El organismo previsional se presentó en una causa que había sido iniciada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que le había pedido al magistrado que suspendiera la sesión de Diputados en la que se trataría el proyecto de ley - pedido negado por el magistrado-.
Según publicó el diario La Nación, el pedido de los representantes del Gobierno es para que cualquier otro juzgado se abstenga de dictar medidas cautelares que tengan que ver con la ley de movilidad jubilatoria y envíen los expedientes que reciban al juez Strasser.
Se indicó que el pedido apunta a que se dé cumplimiento a un planteo de la Corte Suprema, que buscó evitar que haya sentencias contradictorias respecto de un tema sobre el cual, en última instancia, terminará decidiendo el tribunal supremo.
Más allá de las discusiones sobre el fondo de lo reclamado, los pedidos de medidas cautelares podrían representar una suspensión de la aplicación de la ley o de parte de ella, o una instrumentación de una manera no prevista por el Gobierno.

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