En los últimos días hubo intentos de saqueos de supermercados y camiones que transportaban comestibles en lugares tan disímiles como La Plata, Luján, Rosario y Trelew.
En los últimos días hubo intentos de saqueos de supermercados y camiones que transportaban comestibles en lugares tan disímiles como La Plata, Luján, Rosario y Trelew.
LA COLUMNA DE LA SEMANA

Decir la verdad

Restan unos días aún para alcanzar el fin de año y no todo está cerrado. No obstante, es posible afirmar que la violencia política que intentó voltear, cuando menos desarticular, al gobierno de Cambiemos, fracasó en su intento.
Nadie puede imaginar que la batalla campal del lunes pasado fue producto de la “protesta airada” de jubilados. Nadie puede decir que se trató de una “brutal represión policial”. Nadie, salvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede presuponer que la actuación de la policía fue “inadecuada y desproporcionada”.
El simple vistazo de la plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires; el diluvio de piedras que los delincuentes arrojaron sobre una, por demás, retenida policía; la utilización de armamento casero más el acopio y empleo de tuercas, tornillos y cojinetes; la destrucción de veredas, monumentos y bancos mediante el empleo de mazas y martillos, no llevan, salvo a algún malintencionado, a pensar que la respuesta policial fue desproporcionada.
O tal vez, sí. Pero, exactamente en sentido contrario. No parece lógico, ni adecuado, que la policía –en este caso, la metropolitana- deba resistir durante más de una hora y media sin responder a los violentos, nada más que para dejar en claro que el ataque provino desde donde provino.
La policía y las demás fuerzas de seguridad, es decir el Estado, poseen constitucionalmente el monopolio de la fuerza. No deben tolerar que otros se adueñen siquiera por cinco minutos.
No hace falta probar nada. No se trata de mostrar una actitud vergonzante. Cierto no es bueno caer en la desproporción. Pero decenas de policías heridos indican precisamente lo contrario.
Ni los responsables políticos de la represión, ni la mamarrachesca jueza que prohibió la portación de armas, cumplieron con sus deberes de funcionarios públicos.
Es hora que la ley impere por encima de cualquiera. No se trata solo de reprimir las manifestaciones violentas, como la del lunes pasado. Se trata, de una vez, por todas de despejar la vía pública.
Que quienes trabajan, que quienes estudian, que quienes disfrutan de un momento de ocio, no se vean tentados de hacer justicia por sus propias manos, ante la pasividad cómplice de funcionarios y jueces.
Va siendo hora que la calle sirva para… transitar.

El golpe
Una mirada sobre el estado del kirchnerismo pone en claro de qué se trata.
Por citar solo algunos, están presos Lázaro Báez, Cristóbal López, Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, Amado Boudou. Están procesados Ricardo Echegaray, Daniel Scioli y fundamentalmente, Cristina Kirchner.
Ergo, para ellos, la única salida es el retorno al poder. O sea, a la impunidad. A la justicia colonizada bajo cuyo imperio llevaron a cabo la mayor corrupción de la historia argentina.
Así las cosas, aguardar al 2019, es imposible. El episodio De Vido dejó en claro que, bajo determinadas circunstancias, no hay fuero que te salve.
Por tanto: violencia. Violencia para intentar reproducir aquella salida anticipada del presidente Raúl Alfonsín. O, más aún, la del presidente Fernando de la Rúa.
Sí, claro, las circunstancias son otras. Pero, nunca se sabe.
En todo caso, los esporádicos y aislados intentos de saqueo, pero intentos al fin y al cabo, en supermercados quedan bajo el marco de la táctica de los últimos días.
Ocurrió en lugares tan disímiles como La Plata, Luján, Rosario y Trelew. Los intentos fracasaron pero estuvieron allí. La experiencia demuestra que nunca son espontáneos. Al menos, en su comienzo. Siempre existe un puntero o hasta un intendente que incita u ordena este tipo de desmanes.
Desde el encuadre político, violencia, intentos de saqueos, huelga general y cacerolazos posibilitan que algunos lean la nueva realidad como una pérdida de base social para el gobierno de Cambiemos.
Es altamente probable que la confianza en el gobierno haya decaído durante el transcurso de la semana. El propio Gobierno, por demás afecto a las encuestas, lo sabe.
Sin embargo, la base de sustentación es aún enorme y, seguramente, seguirá siéndolo mientras en la vereda de enfrente se paren los K.
Veamos. Los violentos no aparecieron tras los sucesos del lunes. En el Congreso nacional y en la Legislatura bonaerense hubo actividad durante la semana, pero la violencia faltó. O se guardó.
Como ya se dijo, los intentos de saqueo fracasaron. Pero, sin exclusividad. Porque también fracasaron los cacerolazos que asustaron a más de un dirigente político de Cambiemos. Así como aparecieron, se diluyeron. Sin por ello dejar de admitir que no todos los participantes eran militantes políticos
Más resonante aún fue el fracaso de la huelga general. Convocada a desgano por una CGT que busca otros horizontes, el paupérrimo resultado de la medida de fuerza llevó al estallido del triunvirato directivo y a la salida de gremios mayores.
Así, junto a los choferes de buses que rechazaron por escrito la medida de fuerza antes de su verificación, aunque a posteriori, se abrieron de la conducción cegetista, nada menos que la Unión Ferroviaria, Luz y Fuerza y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Y queda la Iglesia católica. Particularmente empeñada en cerrar filas junto a la oposición y con evidente hostilidad hacia el Gobierno.
La reciente asunción de la nueva Comisión Episcopal que preside el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, fue excusa para un “revival” K, con cánticos y consignas propias de un acto político.
A nadie escapa que los amigos del Papa Francisco en Argentina, suelen ubicarse siempre en la vereda de enfrente del Gobierno.
Ya sea el titular de la autodenominada Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –nombre populista si los hay- Juan Grabois o el ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vera, emiten pronósticos apocalípticos sobre una situación que no es buena, ni mucho menos, pero que no es peor que la que engendró el kirchnerismo con su “fábrica de pobres” alimentadora de la clientela política.
En síntesis, otro intento más de voltear al gobierno mediante la violencia callejera. Una violencia callejera que, memoria mediante, comenzó con las “manifestaciones” por el compañero de ruta del grupo RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, que no reconoce al Estado argentino, Santiago Maldonado.
Dicho sea de paso y no sin alguna demora, el juez de la causa Maldonado cambió la carátula. Dejó de ser, como era previsible, “desaparición forzosa” y pasó a “muerte en circunstancias dudosas”.
Porque está muerto. No desaparecido, como algunos pretenden aún hacer creer.

Jubilaciones
Fue tal la batahola en derredor de la sanción del nuevo régimen jubilatorio, fueron tan denodados los esfuerzos de los legisladores K por intentar un levantamiento de la sesión en la Cámara de Diputados, que el propio contenido de la reforma jubilatoria pasó a un segundo plano.
Hoy varios días después, el Gobierno y algunos medios de comunicación intentan explicar de qué se trata. Y lo hacen mal.
El Gobierno optó, desde un primer momento, por el llamado “gradualismo económico” y por intentar una recuperación de la producción y el empleo.
Los cálculos iniciales fallaron. Las buenas intenciones del Gobierno en materia de apertura y ordenamiento económico, chocaron con la desconfianza por parte de los inversores, nacionales o extranjeros.
No es para menos. La Argentina es la Argentina que hace poco más de una década festejaba –en rigor lo hacía el peronismo- la declaración del default en el pago de la deuda externa y que en la década perdida buscó aliados de la talla de Venezuela, Cuba o Irán.
El Presidente y sus ministros aún no captaron el significado del triunfo electoral de octubre pasado. Nadie o casi nadie votó satisfecho con la marcha de la economía. Nadie imaginó que no iban a presentarse dificultades.
Quienes conocen un poco del tema sabían, y saben, que el enorme déficit fiscal dejado por el modelo anterior, no quedaba solucionado por la mera expresión de la ciudadanía en unas elecciones de medio tiempo.
El Gobierno debe pues reconocer que está frente a una sociedad que maduró. Tarde pero maduró. Y a una sociedad que maduró hace falta hablarle con la verdad.
Entonces el discurso frente a la cuestión previsional no debió ser el no discurso, a ver si entre los festejos de fin de año, pasaba. O la intrincada explicación tardía que discurre que quienes perciben haberes jubilatorios van a “estar mejor” en algún momento.
La administración probó toda clase de argumentos para evitar el verdadero: pedir un sacrificio para enderezar el desastre heredado.
Hubiese sido creíble. Primero, porque hace rato que, en la Argentina, la gran mayoría de los políticos son vendedores de ilusiones, de pompas de jabón, que siempre desmienten los resultados. Segundo, porque quien debió pedir el sacrificio, cuenta en su haber con la “reparación histórica”.
Sin vuelta, la reforma jubilatoria consiste en un nuevo índice de actualización que le permitirá al Estado ahorrar unos 70 mil millones de pesos –cálculos iniciales-, que le ayudarán a disminuir el inmenso déficit fiscal.
Forma parte, además, del paquete fiscal que cambia las relaciones financieras entre Nación y provincias.
Se lo hace porque es necesario y, aunque tardíamente, se preserva a quienes menos ganan, los jubilados de la mínima. Eso sí, los de la mínima con treinta años de aporte. No así quienes se jubilaron en el “jubileo” cristinesco donde casi un millón de personas sin aportes o sin los aportes suficientes, se jubilaron en otro de los “milagros” que ahora se deben pagar.
“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

Corrupción
Inevitablemente, todas las semanas, es imposible no hablar sobre corrupción. Es que todas las semanas ocurren novedades.
Los últimos siete días fueron fatídicos para el otrora empresario super exitoso, Cristóbal López y para su socio Fabián De Souza. A diferencia de los demás, es decir aún libre, también lo fue para, el hasta ahora intocable, Ricardo Echegaray, el exdirector de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Es que entre los tres, más algunos socios menores y, por supuesto, con el conocimiento y algo más de la ex presidenta Cristina Kirchner, estafaron –no dejaron de pagar, ni eludieron, ni evadieron- al fisco en 8.000 originales millones de pesos. Equivalentes en la actualidad a 17 mil millones de igual moneda.
Como cualquier petrolera, Oil, la de Cristóbal López, debe retener e ingresar inmediatamente a la AFIP, el producido del Impuesto a los Combustibles que pagan los usuarios de naftas o diésel cuando reponen el tanque en su vehículo.
Pues bien, López no lo hizo. Y para no hacerlo, contó con la complicidad de Echegaray… y de los ministros de Economía y los secretarios de Hacienda, de la época, y, obvio, cuando no, de la ex presidenta.
Un “viva la pepa” que nos costó a los contribuyentes, 17 mil millones de pesos a valor actual y que posibilitó a López halagar a su jefa –¿propietaria?- con un conjunto de medios listos para vender panaceas, recaudación de la publicidad del Estado mediante.
Después de varios intentos de eludir la acción de la justicia, hoy el imperio de López, el grupo Indalo se derrumbó. Pese a sus maniobras, con intentos de venta entre gallos y medianoche, López terminó entre rejas.
En síntesis, otro dolor de cabeza para una Cristina que cada día más depende de los códigos mafiosos.
Claro que en algo mejoró, si bien fue confirmado su procesamiento y la solicitud de prisión preventiva por el memorándum con Irán, la carátula de traición a la patria fue cambiada por la de encubrimiento. Parece menos. No lo es. Al menos hasta que no sea dictada sentencia.
También por la causa AMIA, aunque no por el memorándum, y sí por encubrimiento, la fiscalía solicitó cuatro años de prisión para el senador refugiado en los fueros, Carlos Menem, y 13 para el ex juez Juan José Galeano.
Y, como si esto fuese poco, también fue pedido el juicio oral para Cristina Kirchner y para Lázaro Báez por el “direccionamiento” de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Fue la Cámara de Casación Penal quien desechó los recursos interpuestos por los abogados de ambos y confirmó el procesamiento dictado por el juez Ercolini.
Valor de la maniobra: 46 mil millones de pesos.
Para el final:
El procesamiento de Jorge Capitanich y Aníbal Fernández por irregularidades en el manejo de fondos destinados a los municipios para atender la gestión de la basura. Valor de los “negocios”: 604 millones de pesos.
El reconocimiento por parte del contador Víctor Manzanares que borró párrafos de las actas de la empresa de los Kirchner, Hotesur, mediante el empleo de liquid paper por “orden” de Cristina Kirchner.
Y el postre: otro procesamiento y otra preventiva para Amado Boudou, esta vez, por falsificar comprobantes de gastos. Propio de un ratón.

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