Tal vez, quizás, cuando quede atrás la trágica emotividad que despierta la situación del submarino ARA San Juan y el destino de sus 44 tripulantes, comience alguna discusión sobre el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en la Argentina.
Es una más de las tantas discusiones postergadas sobre el Estado nacional, sobre la representatividad política, sobre el financiamiento de la democracia, sobre el estatuto del docente, sobre los derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, que nunca se dan en el país en que vivimos.
Siempre nos aferramos a la coyuntura, nunca o casi nunca vamos más allá. A tal punto son evitadas las discusiones de fondo que los que pretenden que nada cambie son los pseudo progresistas y la izquierda, devenidos en ultra conservadores.
Ahora bien, una institución, una profesión, un oficio sirve en la medida que se utilice para algo y produzca los resultados esperados. Si lo primero no se verifica, la institución, la profesión o el oficio, están de más. Si no se comprueba lo segundo, no están de más pero ameritan cambios profundos.
¿Dónde están paradas actualmente las Fuerzas Armadas argentinas? En algo demasiado similar a la nada.
Nadie discute la responsabilidad de los comandantes que dieron el golpe militar en 1976 con su secuela de violaciones a los derechos humanos, la desaparición de personas, la apropiación de niños y los robos y destrucción de propiedades.
Pero se trata de una responsabilidad de aquellos comandantes. No de las Fuerzas Armadas en su conjunto y mucho menos para los tiempos futuros.
Sin embargo, adoctrinado por un pseudo discurso revolucionario, un sector importante de la sociedad argentina continuó igualando la figura de un militar con la de un represor “ilegal”.
Era conveniente para el relato del poder de turno. Hacía de Néstor Kirchner un revolucionario porque una vez ordenó descolgar un cuadro o porque llevó al banquillo de los acusados a muchos de los que participaron de la represión ilegal cuando ya eran ancianos aislados del presente militar de aquella época.
Ese “acomodamiento” de la realidad, ese echar culpas “eternamente” sobre los militares, llevó a la nada misma. Al no equipamiento, al no entrenamiento, a la no modernización. Y lo que es francamente peor a desdibujar la razón de la existencia de las Fuerzas Armadas.
Dejado atrás ese paréntesis histórico, resulta indispensable redefinir el rol de las Fuerzas Armadas y dotarlas, en consecuencia, de la capacidad técnica, investigativa y operativa que requiera dicha definición.
Hipótesis de conflicto
A diferencia de hace algunas décadas, hoy las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo combaten enemigos no nacionales: el terrorismo y el narcotráfico. Ambas cuestiones se agregan a las específicas de cada país, es decir, las vinculadas con la preservación de la soberanía nacional. Un tercer elemento radica en aquello que habitualmente fue denominado como “hipótesis de conflicto”. Es decir, la planificación de acciones bélicas frente las fuerzas armadas de posibles enemigos.
Comencemos por el final. La Argentina no cuenta hoy con hipótesis de conflicto regionales. Cuestión aparte de Malvinas, ni Chile, ni Brasil son vistos como potenciales enemigos capaces de protagonizar una guerra con la Argentina. Los otros vecinos, Bolivia, Paraguay y Uruguay, nunca fueron considerados como enemigos potenciales.
La situación geopolítica en materia militar cambió radicalmente con la recuperación democrática en la Argentina, luego en Brasil y, finalmente, en Chile.
A tal punto que hasta las comunicaciones terrestres evolucionaron cuando dichas hipótesis de conflicto comenzaron –no sin marchas atrás- a quedar en el pasado.
Así, luego de décadas de polvo y piedras –canto rodado que rompía parabrisas-, fue asfaltada la ruta 14 que comienza en Zárate y finaliza en la provincia de Misiones.
Así, luego de décadas de aislamiento, la Mesopotamia argentina quedó unida por muchos puentes y un túnel al resto del territorio nacional y a sus vecinos.
La razón del aislamiento y, por ende, del atraso debe buscarse en la consecuencia estratégica de aquella hipótesis de conflicto. Dificultar el avance de los blindados brasileños al contar con un único puente sobre el Rio Uruguay –el de Paso de los Libres-Uruguaiana- y ninguno sobre el Paraná y al no pavimentar la mencionada ruta 14.
Con la democracia recuperada, la posibilidad de una conflagración bélica con el Brasil quedó superada por completo. La idea de los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney de lanzar un mercado común, el Mercosur, comprendía, por supuesto, el incremento del intercambio y la complementación entre las economía de los socios, pero sobre todo terminaba con el temor mutuo.
Otro tanto ocurrió con Chile. Los pasos, a través de la Cordillera de los Andes, quedaban limitados al túnel del Cristo Redentor en Mendoza y algún paso más –muy mal mantenido- en la Patagonia.
El conflicto por las islas del Canal de Beagle estuvo al borde de derivar en una guerra generalizada entre ambos vecinos y numerosos episodios filo bélicos ocurrieron hasta entonces a lo largo de una frontera no demarcada en su totalidad.
También allí, con el retorno de la democracia en Argentina y años después en Chile, la hipótesis de conflicto quedó superada –laudo papal y plebiscito sobre el Beagle- y numerosos pasos quedaron abiertos a lo largo de toda la frontera, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Síntesis, imaginar un retorno a la belicosidad entre vecinos no parece una circunstancia factible, al menos, mientras los gobiernos democráticos se sucedan a uno y otro lado de las fronteras.
De allí que la planificación militar del país debería imaginar otros objetivos y actuar en consecuencia. Así, por ejemplo, el rol de la artillería y la caballería motorizada pierde relevancia.
Soberanía
Si lo de las hipótesis de conflicto quedó en el pasado, no ocurre lo mismo en cuanto a soberanía se refiere.
Aquí se debe contar con el mantenimiento, abastecimiento y logística general de las misiones a la Antártida y, sobre todo del patrullaje de la extensísima zona marítima de explotación económica exclusiva.
Nadie ignora el ingreso de barcos pesqueros –muchos de ellos, factoría- que arriban clandestinamente a la zona económica exclusiva detrás de los cardúmenes de especies pesqueras comercializable. Que se retiran una vez que son avistados por patrullas argentinas y que vuelven a entrar una vez que las patrullas, a su vez, se retiran.
De nada sirve declarar una zona de explotación económica exclusiva si no se cuenta con las herramientas necesarias para hacer valer dicha declaración.
Es un rol central para la Marina de Guerra. Un rol que solo cumple a medias, en función del estado del material y que no debe quedar en manos de la Prefectura Naval, ideada para el patrullaje de costas y de ríos, con propósitos distintos.
Obviamente, la Armada argentina no está en condiciones de cumplir acabadamente la tarea. Faltan unidades y las que existen o no sirven para los citados propósitos o no están en condiciones óptimas de navegación.
Punto aparte merece la cuestión Malvinas. Es directamente descabellado imaginar otra aventura bélica como la que llevó a cabo la última dictadura militar. No obstante, tampoco es conducente –mientras el reclamo de soberanía continúe en pie- eliminar por completo cualquier actividad militar vinculada al problema.
No se trata, claro, de invasiones, ni de nada que se le parezca. Se trata, al menos, de obligar a mantener un gasto militar del Reino Unido de la Gran Bretaña.
Antártida, Malvinas y fundamentalmente la zona de explotación económica exclusiva obligan a mantener operativa a la Armada y a planificar la compra de material con objeto de cumplir adecuadamente dichas premisas.
Narcotráfico
Mucho se debate en el mundo acerca de la conveniencia o no de la lucha contra el narcotráfico encarada desde las Fuerzas Armadas nacionales.
Quienes sostienen la posición, argumentan en la capacidad bélica que desarrolla el narcotráfico. Aviones, barcos, submarinos forman parte del transporte, pero también del arsenal con que cuentan los narcotraficantes.
Quienes sostienen lo contrario, aducen la posible “contaminación” de las unidades, sobre todo de Ejército, destinadas a su combate.
El ejemplo de México y, en menor medida, el de Venezuela, bien son prueba de ello. Por el contrario, el de Colombia-apoyado por los Estados Unidos- muestra mucho menos “contaminación” y bastante más eficacia.
Como quiera que sea, nadie discute sobre la necesidad de “radarizar” el país y complementar dicha “radarización” con unidades de la Fuerza Aérea capaces de interceptar los cargamentos de droga que entran al país a través de sus cielos poco y nada vigilados.
De nada sirve contar con una Ley de Derribo que implica identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza como último recurso, si no se cuenta con los aviones caza necesarios para dichas intercepciones.
Se trata pues de una misión específica de la Fuerza Aérea.
Queda claro que la lucha contra el narcotráfico debe encararse de una forma conjunta entre los cuerpos de seguridad –policía, prefectura, gendarmería-, la inteligencia estatal y, por supuesto, el poder judicial.
No obstante, resultaría conveniente estudiar, sin preconceptos, el empleo de militares en la contienda con el narcotráfico.
Particularmente de la Fuerza Aérea, pero también elementos terrestres ante el probable crecimiento del poder de fuego de los narcos y de la Marina de Guerra para interceptar los barcos que sacan la droga –en especial desde el puerto de Rosario- con destino al África para, de allí, pasar a Europa.
Asimismo, la lucha contra el narcotráfico fue una de las prioridades que la actual administración que encabeza el presidente Mauricio Macri decidió encarar. Algo que habla del presente y del futuro, pero también del pasado.
No están claros los lazos del gobierno anterior con temas como el contrabando de efedrina o la proliferación de narcos colombianos, peruanos y bolivianos, en el país. Tampoco los vínculos con la administración venezolana chavista sindicada como cercana al narcotráfico.
No es inocente pues el estado de abandono que exhibe la defensa nacional formó parte de una decisión política. Debe llegar la hora del cambio. No ya de palabra, sino en los hechos. En la manera de combatir el tráfico de drogas.
Terrorismo
Hace tiempo que la Argentina no recibe una muestra del terrorismo internacional que tanto daño causa alrededor del mundo.
Sin embargo, no está exenta. Así quedó en claro tras los atentados contra la Embajada de Israel y contra la mutual AMIA.
Ni la lejanía respecto del Medio Oriente, ni la relación con las distintas partes del conflicto medio oriental evitaron que el terrorismo cobrara víctimas argentinas, sin que hasta el momento, además, haya sido posible esclarecer de manera fehaciente lo acontecido en ambos casos.
La lucha contra el terrorismo internacional, como su propia denominación así lo señala, es internacional y no local.
Si la Argentina pretende reinsertarse en el mundo, si pretende recuperar la confianza dilapidada con el gobierno anterior, debe hacer causa común con los países que combaten el terrorismo en cualquier parte del mundo.
No es cuestión de mirar para otro lado. Tuvimos dos atentados tremendos. No esperemos a un tercero.
Y tampoco es cuestión de participar en alguna que otra “misión de paz” de las Naciones Unidas. No sirven de mucho, como lo probaron los genocidios de Ruanda y de la ex Yugoslavia, aunque se deba participar de ellas como un tributo a la comunidad internacional.
No. Hace falta participar activamente de las misiones de guerra contra el terrorismo internacional. Allí donde sea necesario.
Es el nuevo modelo de guerra en vigencia desde hace ya más de una década con las diferentes ramificaciones de Al Qaeda y, sobre todo, con la aparición de Estado Islámico.
Creer que es posible evitar consecuencias, si el país se mantiene al margen, equivale a imaginar que lo de la Embajada de Israel y lo de la AMIA, no pasó.
En consecuencia, desde esta columna, estamos plenamente a favor de la existencia de Fuerzas Armadas argentinas.
Proponemos un nuevo modelo de Fuerzas Armadas, plenamente equipadas y adiestradas para asegurar la soberanía, en particular, en la zona marítima de explotación exclusiva; para enfrentar el narcotráfico, en particular en el espacio aéreo; y para participar activamente de la lucha contra el terrorismo internacional.
En tal sentido, hace falta redimensionarlas y dotarlas de los elementos legales que otorguen marco a su accionar. No es un problema de tiempo, ni de gradualismo. Es una decisión política.
Que la tragedia del ARA San Juan no resulte en vano.
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