Cristina Kirchner está cada vez más sola. En términos de construcción política, la ex presidenta tiene ante sí un escenario complicado, en el que -en principio- no podrá incidir sobre las grandes decisiones que adopte el Congreso pese a que en sólo diez días prestará juramento como senadora nacional. Sin embargo, tanto el Gobierno como el Partido Justicialista orgánico le siguen teniendo un “respeto” considerable.
Tanto es así, que la Casa Rosada ya envió al Senado los proyectos de reforma laboral y previsional, además del pacto fiscal firmado con los gobernadores, para que sean analizados en las comisiones antes de que la ex presidenta desembarque en la Cámara alta.
Tratamiento vertiginoso
El tratamiento sería vertiginoso, aunque todavía no está garantizado que el paquete llegue al recinto antes del 10 de diciembre. El apuro del Gobierno no obedece solamente a la instrucción del presidente Mauricio Macri de avanzar con las reformas ahora para instrumentarlas en 2018, sino que también apunta a incidir en la interna peronista.
La jugada oficial es simple: una vez que los proyectos empiecen a ser discutidos en el Senado, quien va a tallar en forma preponderante será Miguel Ángel Pichetto y no Cristina Kirchner.
El jefe del bloque justicialista aguardaba esa posibilidad en los últimos días, a sabiendas de que el kirchnerismo duro -que en la Cámara alta integran unos 8 senadores- buscaría imponer condiciones con la inminente llegada de “la jefa” al Parlamento. Pero si la conducción la mantiene Pichetto, se convertirán en espectadores privilegiados pero no serán protagonistas.
Ese escenario le permitiría al rionegrino llevar la voz cantante en la bancada y forzar, llegado el caso, la salida de los ultrakirchneristas para que formen bloque con Cristina Kirchner.
Aún sin esos legisladores bajo su conducción, Pichetto contaría con unos 30 senadores, entre los peronistas orgánicos y los aliados. Un poder de fuego que lo convierte en una pieza clave para el Gobierno.
Los planes de la ex presidenta apuntan a restarle placidez a Pichetto. A tal punto, que trascendió su intención de inscribir un mono-bloque y mantener a los senadores que le siguen siendo fieles en la bancada justicialista, como una manera de marcarle la cancha a Pichetto.
Así, el rionegrino podría imponer su mayoría, pero debería soportar las arremetidas ordenadas en el mono-bloque.
Prueba bautismo
La primera prueba para este nuevo esquema político que empieza a perfilarse en el Congreso será el tratamiento de la reforma laboral.
Si bien el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, accedió a quitar del proyecto los aspectos más resistidos por la CGT, aun así los senadores del PJ anticiparon que –para votarlo a favor- necesitarán escuchar el respaldo “explícito” de la central obrera peronista.
Entonces llegarán al Senado los integrantes del triunvirato cegetista, que negociaron con Triaca y Mario Quintana -de la Jefatura de Gabinete- los detalles de la iniciativa, de la cual vetaron el nuevo cálculo de las indemnizaciones por despido y el “banco de horas extras”.
El Gobierno logró convencerlos, a cambio, de que es necesario un “blanqueo” y reducir la litigiosidad laboral. Pese a que la Casa Rosada no impuso el proyecto que hubiera deseado, otros sectores sindicales también acudirán al Congreso pero para rechazarlo.
Será el caso de Pablo Moyano, el más combativo del clan camionero y recientemente elogiado por Cristina Kirchner, y de las CTA más los sindicalistas de izquierda. Pero tendrán más incidencia en las calles que dentro del parlamento.
Otro capítulo del debate legislativo estará dado por el pacto fiscal que acaban de firmar el Gobierno nacional y las Provincias argentinas, a excepción de San Luis.
Ese acuerdo incluye la derogación del artículo 104 de la ley de impuesto a las Ganancias, que posibilitará a Buenos Aires recuperar los fondos perdidos en las últimas décadas por la caprichosa repartición del llamado “Fondo del Conurbano” que beneficiaba más al resto de las provincias, que a la original destinataria de esa ayuda indispensable. Los cien mil millones de pesos que deberían ingresar a las arcas bonaerenses entre 2018 y 2019, supondrían un aporte más que necesario, sobre todo a la hora de aplicarlo a necesarias obras de infraestructura.
Vidal ganadora
La gobernadora María Eugenia Vidal obtuvo un triunfo político de proporciones con la firma del pacto, mientras que sus colegas del PJ se fortalecieron como grupo al lograr que Macri accediera a emitir en 2018 un bono por $80.000 millones, como una manera de compensar a los distritos del interior. Pero no sólo los gobernadores peronistas se pusieron firmes a la hora de negociar. También lo hicieron oficialistas como Gerardo Morales (Jujuy) y Ricardo Colombi (Corrientes), ambos de origen radical.
Desde algún sector del oficialismo, además, se encargaron de destacar la actuación del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien -según esos informantes- supo llevar a buen puerto las conversaciones, que en algún momento fueron subidas de tono. Lo antedicho, lógicamente, debe ser leído con las precauciones que imponen las siempre abiertas internas del poder. El ABC de la política -del que no escapa la estructura de Cambiemos- indica que la suba de acciones de algunos funcionarios, indica también la baja en la cotización de otros.
Más componedores fueron el salteño Juan Urtubey y el cordobés Schiaretti. El gobernador mediterráneo mantiene una fluida relación política con Macri, pese a que cada vez hay más razones para pensar que Cambiemos va por el poder en Córdoba.
La última constancia de ello fue el anuncio del diputado radical Mario Negri de que competirá por la Gobernación en 2019. Esto indica que la coalición oficialista se encuentra en expansión y que planifica en consecuencia.
El resultado de las últimas elecciones hizo ingresar a Cambiemos en una curva de crecimiento, pero en el Gobierno no es todo un lecho de rosas.
Por caso, trascendió una áspera relación entre el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, y su sucesor designado Luis Etchevehere, que lleva al segundo a atender en una oficina de la Casa Rosada, hasta que asuma oficialmente el martes.
Fifagate
Mientras tanto el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, sufre las consecuencias de la confesión de su hermano Alejandro ante la Justicia norteamericana en el denominado “FIFA-Gate”. Por eso circularon el último viernes versiones de renuncia, pero fueron desmentidas.
De todos modos, el funcionario debe aclarar por qué figura como albacea de una cuenta bancaria de su hermano. La ministra del área, Patricia Bullrich, lo tiene en la mira a Burzaco desde el comienzo de la gestión y algunos sostienen que una salida elegante sería un traspaso a la AFI, la secretaría de Inteligencia.
En el Gobierno preocupa especialmente la seguridad presidencial, pero en ocasiones es el propio Macri el que transgrede los protocolos por decisiones personales, como pilotear un helicóptero.
No es que el Presidente haya estado al comando de la nave que debió aterrizar de emergencia en un campo de las inmediaciones del complejo de Chapadmalal, pero al parecer los pilotos le habían advertido que los vientos estaban complicados y el mandatario les ordenó que despegaran igual.
De lo que sí hay constancia es que Macri piloteó el helicóptero presidencial en otra oportunidad. Eso demuestra, según custodios expertos, que también a los presidentes hay que decirles que no. Pero lo que no se debe hacer con un mandatario es retacearle información.
Eso mismo debe haber pensado Macri cuando se enteró por los medios que había perdido contacto el submarino ARA San Juan. Tampoco el ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue informado correctamente por la Armada.
El funcionario se encontraba en Canadá participando de una reunión de Naciones Unidas cuando un asesor se enteró mientras navegaba en Internet.
El jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, podría pagar las consecuencias más adelante. Aunque el trasfondo del dramático asunto -y del que seguramente se hablará superada la actual crisis- es otro.
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