El cambio de índice para la actualización de las jubilaciones, que representará un ahorro de 100 mil millones de pesos para el Estado, perjudicará a toda la clase pasiva.
El cambio de índice para la actualización de las jubilaciones, que representará un ahorro de 100 mil millones de pesos para el Estado, perjudicará a toda la clase pasiva.
LA COLUMNA DE LA SEMANA

La reforma negociada

Todo se negocia. O casi todo. Del cúmulo de anuncios que el Gobierno formuló tras el triunfo en las elecciones legislativas, la casi totalidad de los rubros sufrieron modificaciones. La casi totalidad, menos la reforma previsional.
Es demasiado temprano y aún los acuerdos plenos no fueron alcanzados, para determinar cuáles son los ganadores y quiénes los perdedores del cambio, pero de las discusiones, no participa el sector pasivo.
Cierto es que la fórmula que era utilizada para actualizar los haberes jubilatorios, en la casi totalidad de los años en que se empleó, fue superior a la tasa de inflación que padeció –y padece- la Argentina.
Dicho en otras palabras, en principio, los jubilados mejoraban sus haberes con Cristina Kirchner, más de lo que los mejoran con Mauricio Macri.
Todo eso, en principio. Es que nadie olvida, con excepción de los amnésicos, que el cálculo para estipular el ingreso jubilatorio arrojaba poco más que migajas y que los juicios por mal cálculo –ex profeso- que iniciaban los pasivos, dormían el sueño de los justos, aun cuando beneficiaban de sentencias favorables, en otro de los clásicos atropellos K.
Dicen –dicen que dicen- que, en algún momento, en algún lugar y quizás, cuando el país verifique crecimiento económico, a los pasivos se los compensará con algún incremento real. 
Por ahora, a conformarse con no perder –indexación- mediante, que no es demasiado, pero tampoco es poco, en un país que, desde el lejano peronismo de Perón, jamás consideró demasiado a sus mayores.
Para seguir con los jubilados, o mejor dicho con el ANSES que atiende varios rubros más que el correspondiente al sector pasivo, el Gobierno intenta poner algún tipo de orden en este cúmulo de asignaciones y compensaciones que caracteriza a la confusa distribución de los recursos fiscales en la Argentina.
Así, en principio, el ANSES pierde el ingreso del 20 por ciento que le correspondía de la recaudación del Impuesto a las Ganancias –no menor desde que se generalizó para los trabajadores en relación de dependencia-, pero lo reemplaza con el 100 por ciento del Impuesto al Cheque.
Tal vez no tenga nada que ver, pero el Impuesto más progresivo –Ganancias- queda para la Nación y las provincias, mientras que uno de los más regresivos, el cheque, va a parar al ANSES.
Ocurre que el Impuesto a las Ganancias –más allá de los manejos con el monto mínimo no imponible y el reconocimiento de la inflación- es un gravamen llamado a durar porque acompaña las ganancias, en tanto que el Impuesto al Cheque debe necesariamente desaparecer con el tiempo si, como se pretende, se busca potencializar las inversiones.
Lo del cheque es tan distorsivo como los tributos sobre Ingresos Brutos que perciben las provincias argentinas. Además de la dispersión entre unas y otras que va desde alícuotas del 2 al 7 por ciento, según rubro y jurisdicción, el impuesto consiste en un porcentaje sobre la facturación, exista o no ganancia real.
No solo desalienta la inversión, sino que encarece el producto o el servicio de que se trate. 

Intenciones
Precisamente, según el propio Gobierno, y sin traicionar su filosofía del gradualismo, la reforma intenta reordenar el esquema fiscal en pos de atraer inversiones, mejorar la competitividad y generar mayor actividad económica.
El todo, sin ninguna duda, plausible, aunque poco claro en perspectiva de resultados. 
Ocurre que subsisten varias incógnitas. La primera: si efectivamente el Gobierno logrará, con su reforma, reducir el colosal déficit fiscal, originado por el descomunal gasto público que la administración Macri se niega a cortar de un plumazo, en función de los inevitables problemas sociales que acarrearía dicha decisión.
La segunda: si efectivamente redundará en favor de la inversión privada.
Ambas están íntimamente vinculadas. Obvio es que el gradualismo condena al país a vivir con déficit fiscal durante largo rato. En todo caso, de cuanto se conoce hasta ahora, la única reducción real del gasto público consiste en el cambio de índice para la actualización de las jubilaciones que representará un ahorro de 100 mil millones de pesos en el 2018.
Ahora bien, frente a ello, el Gobierno imagina un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno –la suma de bienes y servicios que el país produce- que permita reducir el déficit fiscal en términos relativos.
Dicho en otros términos. Si el PBI totaliza 100 y el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado es de 8, el déficit fiscal medido en términos de PBI equivale al 8 por ciento. Pero si ese PBI crece hasta alcanzar 200 y el desequilibrio se mantiene igual, el déficit queda reducido al 4 por ciento en términos de PBI.
Por supuesto que nunca nada es tan lineal y que el crecimiento anual del PBI no es del 100 por ciento, sino apenas –según lo esperable- del 4 por ciento. De allí que la reducción del déficit, por esta vía, es por demás lenta.
Imaginar actualmente un incremento del 4 por ciento o algo más para el 2018 no resulta peregrino. Es factible. Sobre todo si se tiene en cuenta que, como consecuencia de los tres años de recesión, la industria cuenta con una importante capacidad instalada ociosa.
No es lo mismo hablar de capacidad instalada ociosa que de modernizar o ampliar dicha capacidad instalada. Lo primero solo requiere una nueva puesta en marcha. Lo segundo requiere inversión. Y eso es toda una decisión.
Y aquí sobresalen algunas contradicciones, parte de las cuales parecen haber quedado subsanadas.
Es el caso de los incrementos sobre las alícuotas de algunos impuestos internos o el de la disminución de la protección arancelaria –vía impositiva- para la electrónica.
El Gobierno necesitado de un apoyo generalizado para las reformas a fin de hacerlas creíbles en el mundo, aceptó las objeciones de las provincias respecto de la imposición sobre el vino o el incremento de las alícuotas para las cervezas y las gaseosas edulcoradas. 
Mantiene, hasta el momento, un conflicto por las bebidas gaseosas azucaradas. Todo indica que también cederá ante la presión de las provincias azucareras, de las productoras de jugos de fruta y de las multinacionales de gaseosas.

Distribución
De los cambios, casi todas las provincias salen indemnes –en principio- y la de Buenos Aires emerge como ganadora.
Es así si la mirada solo se limita al momento de la firma de los acuerdos que, si nada lo impide, ocurrirá el jueves próximo.
Es que Buenos Aires no paró de perder desde los albores de la recuperación democrática. 
Fue primero el presidente Raúl Alfonsín quién solicitó a Buenos Aires una cesión de su porcentaje de coparticipación federal de impuestos para compensar los desequilibrios del resto de las provincias.
Luego, el presidente Carlos Menem aceptó la demanda de Eduardo Duhalde para presentar su candidatura a gobernador bonaerense, de establecer un fondo compensatorio para la provincia al que se lo denominó Fondo de Reparación Histórica para el Conurbano Bonaerense.
Para ello, se destinó el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, con un tope de 650 millones de pesos. Dicho tope y dicho porcentaje resultaron prácticamente iguales al comienzo.
Pero, con los años, la inflación y el inconstante crecimiento de la economía, barrieron con cualquier lógica. Buenos Aires continuó percibiendo 650 millones de pesos anuales y el resto de las provincias se repartieron el Fondo del… Conurbano Bonaerense por valores que alcanzaron los 50 mil millones de pesos. 
O sea que el 98 por ciento del Fondo del Conurbano Bonaerense iba a parar a cualquier otro lugar del país que no fuese, precisamente, la provincia de Buenos Aires.
Con el nuevo ordenamiento: “cheque” para el ANSES y ganancias para la coparticipación federal, la masa de recursos coparticipable alcanzará, en el 2018, a los 230 mil millones de pesos.
Con ello, las provincias compensan las pérdidas por el Impuesto al Cheque y algo de una eventual disminución del gravamen sobre Ingresos Brutos. 
Buenos Aires, por su parte, incrementa sus ingresos en 20 mil millones de pesos y se le reconoce por parte del Gobierno nacional, a modo de compensación por los años anteriores, otros 20 mil millones para el 2018 que pasarán a ser 45 mil millones en el 2019.
A cambio, Buenos Aires y las provincias que mantienen juicios contra el Estado Nacional deben desistir de sus demandas.

Otras reformas
Si las provincias deben comprometerse a mantener el equilibrio fiscal entre gastos e ingresos, si los jubilados deben contentarse con la actualización inflacionaria –ahora trimestral en lugar de semestral- de sus haberes, serán los trabajadores quienes compondrán el tercer sector que deberá resignar posiciones.
En rigor, resulta una sentencia de escasa profundidad. A poco que se la observa, la llamada flexibilización laboral perjudica poco o nada a quienes trabajan y mucho a quienes arreglan o negocian en derredor del mundo laboral.
Abaratar despidos o impulsar la reducción del número de sindicatos o promover la adhesión de las provincias a la Ley Nacional de Accidentes del Trabajo (ART), es enfrentar –no aún embestir- contra quienes lucran con el trabajo de otros ya sean empresas o los propios trabajadores.
Es que en la Argentina, desde hace más de medio siglo, una de las “industrias” más prósperas es la de los juicios laborales, donde se confabulan estudios jurídicos, jueces poco y nada probos y sindicalistas amigos, con la bendición de sacerdotes encumbrados.
Una mezcla que el Gobierno intenta desbaratar y a la que el sindicalismo opone resistencia visible y los demás, lobby invisible.
La reforma laboral es mucho más que lo descrito. Es la posibilidad de cambios y transformaciones dispuestas por el empleador en las modalidades de trabajo siempre que no causen perjuicio moral o material al trabajador.
Es la introducción del contrato a tiempo parcial. Es la redefinición del salario que no incluye, a los efectos de la indemnización por despido, los adicionales que otorga el empleador como teléfonos celulares o prestación de medicina prepaga. Es la reducción de aportes patronales por tres años para quienes incorporan personal.
La reforma laboral parece ser la pata –la única- por donde el Gobierno busca fomentar el crecimiento de la economía mediante la inversión.
Es una apuesta difícil en particular cuando del comportamiento del empresariado argentino se trata.

Llegó la hora…
De Vido, preso. Boudou, preso. Báez, preso. José López, preso. Ricardo Jaime, preso ¿Adivine quién falta?
Sí, acertó. Por ahora, está procesada. Por ahora, presenta escritos. Por ahora, actúa como víctima. Por ahora, vilipendia a Parrilli, gran candidato al felpudo de oro. Por ahora, se lava las manos. Por siempre y como siempre, sobreactúa.
Mientras tanto, su comportamiento anti solidario hacia sus cómplices, genera bastante más que resquemores. Ya da pie a posibles confesiones de terceros que la involucren.
En particular, en los avances del caso Nisman. Es que ya la teoría del suicidio murió de muerte natural. Como era evidente, el homicidio ya resulta irrefutable.
Y como dicen los franceses, cuándo un crimen no está del todo esclarecido: “cherchez la femme”. Traducido: busquen a la mujer. Eufemismo que equivale a ¿A quién beneficia?
La inculpación, por parte del fiscal de la causa, del perito Diego Lagomarsino como partícipe del plan criminal para matar al fiscal Alberto Nisman, abre las puertas para profundizar la investigación.
La inminente citación a los custodios que no actuaron como tales en el homicidio del ex fiscal buscará conocer más datos sobre la relación de algunos de ellos con agentes de la ex Secretaría de Inteligencia. Y de allí…
Homicidio de Alberto Nisman y causa por traición a la patria por el pacto con Irán motivan una enorme preocupación entre Cristina Kirchner y sus cómplices. Comentan en su entorno que más aún que las causas donde se la vincula con la corrupción.
Hasta aquí los pactos de silencio que protegen a la ex presidente, funcionan. Ni Báez, ni De Vido, ni López, ni los colaboradores presos de los anteriores, la involucran. Pero, no hay silencio que dure mil años. Menos aún, cuando la protegida “no pone las manos en el fuego”.
Y la justicia va. No iba, pero va. Difícilmente vaya por Bonafini. La protegen su vinculación con el exterior y su edad. Pero dicen que pronto será el tiempo del quinto diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. 
Veremos.

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