Semana vertiginosa, si las hay. Los recientes, fueron, con certeza, los siete días más movidos que se recuerdan desde la asunción del gobierno de Cambiemos.
Si las reformas que propone -y negocia- el Poder Ejecutivo dieron lugar a un sinnúmero de declaraciones y, sobre todo, de especulaciones políticas, económicas, sociales, laborales e institucionales, la catarata de movimientos judiciales obtuvo un protagonismo que contrasta de lleno con los casi dos años de escasa movilidad de la justicia argentina.
Cierto, hubo casos anteriores. Ricardo Jaime, por ejemplo, da cuenta de ello. También Lázaro Báez o Milagro Sala. Y sin dudas, el “bolsero” José López.
Pero, los últimos diez días mostraron el desafuero del otrora todopoderoso Julio De Vido y a su inmediata prisión preventiva se sumó la salida relativamente negociada, pero salida al fin, de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que escapa así al juicio político o al despido liso y llano tras el fallo judicial que no le otorgó validez constitucional a su estabilidad.
También hay que contabilizar el fallo que condenó a dos años y medio de prisión en suspenso al “matón” Guillermo Moreno por la compra de “cotillón anti-Clarín” con dinero público, es decir peculado. Parece nada, pero si llega a ser condenado por amenazas a los accionistas de Papel Prensa, en otra causa en su contra, la pena será de cumplimiento efectivo.
Sobre De Vido cayó asimismo el procesamiento por el cobro de coimas en el caso Skanska dictado por el juez federal Sebastián Casanello, un año después que la Cámara de Casación aceptó como prueba una grabación donde las coimas fueron confirmadas por un total de aproximadamente 14 millones de pesos.
Para actualizar la información sobre el hombre de confianza de Néstor Kirchner, De Vido está en prisión preventiva por dos causas: el caso sobre desvío de fondos de Río Turbio y el de pago de sobreprecios en la compra de gas licuado. Además, está en el banquillo de acusados por la tragedia de Estación Once y por la compra fraudulenta de vagones de ferrocarril.
Pero, sin dudas, el golpe de la semana sobrevino con la captura y posterior encarcelamiento del ex vicepresidente de la República, Amado Boudou, a raíz del pedido del juez Ariel Lijo, en la causa que le sigue por enriquecimiento ilícito. Además de Boudou, fue detenido su socio José María Nuñez Carmona.
No quedan dudas que el accionar de la justicia, veloz e implacable desde hace solo dos semanas, está íntimamente vinculado al resultado electoral del pasado 22 de octubre.
El rechazo popular al kirchnerismo fue determinante para desarticular el entramado de protección e impunidad gestado por Cristina Kirchner, cuya cabeza más notoria era la procuradora general del Estado, Alejandra Gils Carbó.
Hoy, nada parece quedar en pie dentro del otrora todopoderoso movimiento de Justicia Legítima. Los jueces que arrastraban los pies ahora procesan, dictan preventivas, mueven las causas. Los fiscales ya no intentan equiparar a los funcionarios del gobierno con los ex funcionarios K.
Claro que no todo culmina con la conducta “panqueque” de algunos magistrados. Las actitudes de Cristina Kirchner desentendiéndose de la suerte de los componentes de su banda, trae aparejadas reacciones que resquebrajan su otrora monolítico redil.
Ahora De Vido le pasa facturas. Ahora D’Elía la acusa por hacerse la distraída. Ahora Bonafini guarda silencio.
Otra consecuencia, es la debacle personal. Ya nadie considera, como hace unos meses, la imposibilidad de una preventiva para la ex presidente. Ya nadie asegura que Máximo Kirchner y hasta Florencia Kirchner no caigan frente a los gastos y a los patrimonios que no pueden justificar.
El cerco se cierra.
Reformas
El Gobierno presentó un conjunto de reformas que abarcan distintos aspectos de la vida nacional y que preanuncian no solo un relanzamiento, sino un nuevo comienzo, de la administración de Cambiemos.
En rigor, presentó mucho y no presentó nada. A diferencia del pasado, no hubo anuncios concretos sobre resoluciones, decretos o proyectos de ley, sino discursos, respuestas, palabras que dicen mucho pero que comprometen poco y nada.
Para ilustrar el párrafo conviene recordar los términos empleados por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Senado cuando subrayó la “predisposición del gobierno para negociar cambios”.
O la progresión hacia abajo del Impuesto directo sobre el vino que parece disminuir su alícuota inicial a medida que las provincias –la radical Mendoza, a la cabeza- hacen conocer su desagrado.
El todo confirma aquello de “a prueba y error”, pero le agrega un concepto de neto carácter comercial: exagerar para llegar a un punto medio. En otras palabras, regateo con mayúsculas.
Claro que el regateo no abarca, en principio, la marcha atrás.
Es que el Gobierno se debate entre tres factores que lo asedian. Por un lado, la necesidad del crecimiento de la actividad económica. Por el otro, la obligación de reducir los desequilibrios del Estado. Finalmente, llevar a cabo la tarea dentro del contradictorio marco del gradualismo.
Entonces, recurre a fórmulas complicadas en la búsqueda de dichos objetivos. Fórmulas que hablan del fomento de la actividad económica a través de la reducción de la voracidad fiscal, pero paralelamente distintas alícuotas son aumentadas y hace su debut un Impuesto a la Renta Financiera para personas físicas.
Ocurre que enfrentar, por ejemplo, mes a mes, los salarios de 3,6 millones de empleados públicos que suman todos los niveles de la administración impide achicar esa voracidad fiscal que coloca a la Argentina como uno de los países con mayor carga impositiva.
De esos 3,6 millones de empleados públicos, 1,4 millones corresponden a los cargos creados durante el gobierno del kirchnerismo, algo que se menciona poco para evitar proceder en consecuencia.
El Gobierno reconoce, en privado, que el costo de las reformas implicará un impacto sobre el Producto Bruto Interno equivalente al 1,5 % que debe agregarse a los 2 puntos que significó la Ley Pyme, la disminución de las retenciones al agro y la minería, y el incremento del monto mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
Calcula que el eventual incremento de la actividad económica que aguarda por la aplicación de las reformas representará un crecimiento del 4 por ciento. En otras palabras, la relación costo-beneficios en materia fiscal será del 0,5 por ciento neto.
Más allá de los pronósticos –nadie nunca hace cálculos que arrojan resultados negativos cuando se encara una reforma-, es imposible asegurar el éxito del plan.
Es que con el gradualismo, opción que el Gobierno considera obligatoria para evitar costos sociales, nunca los resultados son seguros.
Caso contrario, ocurre con la ortodoxia. Si se la aplica, el déficit fiscal desaparece, los precios dejan de subir y el país para de endeudarse. Suena atractivo. Claro que el precio a pagar es el crecimiento de la pobreza, al menos por 3, 4 ó 5 años.
En los próximos días, mucho se hablará de estas reformas. No solo de las impositivas, también de las institucionales, las laborales y, sobre todo, las previsionales.
Puede hablarse desde el diálogo o desde la resistencia, o desde una mezcla de ambos.
Así, algunos gobernadores intentarán morigerar los cambios que afectan a sus producciones. Así, los sindicatos intentarán frenar el todo o parte de la reforma laboral. Así, algunos jueces y fiscales buscarán entorpecer las reformas judiciales. Así, las provincias resistirán la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos.
No obstante, es el renglón previsional donde los cambios generaron más críticas. Se trata de un cambio de índice para la actualización de los haberes. Antes se lo hacía por una fórmula compleja que abarcaba distintas variables. Ahora solo por la inflación. Antes los haberes crecieron –no siempre- más que los aumentos de precios. Ahora será igual.
El Gobierno acusó el golpe y erró el comentario. Vinculó el eventual ahorro con la conformación del Fondo del Conurbano Bonaerense. Casi como apostar a la pelea de pobres contra pobres.
Para salir del paso, mal paso, hizo trascender que estudia una fórmula para llegar a aumentos reales si los indicadores de la economía resultan auspiciosos. Veremos.
No obstante, justo es señalar que el Gobierno heredó las facturas de los desaguisados y que para remediar la situación no queda otra que producir ajustes, aunque el vocablo suene mal.
Y, por tanto, son esperables las quejas de los sectores afectados y el silencio de aquellos que no fueron comprendidos.
La complejidad verdadera está en los resultados. Si las reformas llegan, por consenso, por aprobación o como sea, el 2019 debe mostrar resultados o, en su defecto, generar esperanza. Caso contrario…
Datos y cambios
La mayoría de los indicadores resultan positivos para la administración y, por ende, para los argentinos en general. Uno, no.
Esta semana fueron dados a conocer los datos de setiembre relativos a la industria que creció inter anualmente en un 2,3 por ciento y los de la construcción que evidencia una explosión con el 13,4 de aumento.
También la recaudación pegó un salto superador del aumento de precios. Medida octubre del 2017 contra igual mes del año anterior, el alza fue del 31,4 por ciento. Los brotes verdes comenzaron a crecer.
Pero la sonrisa se termina cuando de hablar de inflación se trata. Si setiembre arrojó un muy alto 1,9 por ciento en el aumento de precios, octubre solo reducirá, según los analistas, el guarismo en dos décimas. Es decir, un 1,7 por ciento. Enorme si se pretende no superar el 12 o 13 por ciento anual para la inflación del próximo año.
En cuanto a los cambios, de momento abarcan a personas. Así, el ministro de Salud, Jorge Lemus fue reemplazado por Luis Rubinstein y el ministro de Agroindustria, Luis Buryaile, dejó su lugar al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere.
Todo indica que en los próximos días algunos ministerios dejarán de serlo. Se habla de Cultura, de Medio Ambiente, y de Ciencia y Tecnología, con gestiones, en particular los dos últimos que dejan que desear a criterios de la jefatura de Gabinete.
Pero también se habla de cambios en aquellos departamentos estatales donde los ministros no se llevan bien con sus secretarios y subsecretarios.
Así las cosas, el futuro inmediato se presenta particularmente movido, al punto que no son pocos quienes consideran que el gobierno del presidente Macri, ahora, comenzó.
El pasado
Frente al pasado, por lo general, los ciudadanos, cualquiera sea su calificación, reaccionan de dos maneras. O pretenden superarlo con un salto hacia el futuro o pretenden analizarlo, estudiarlo, asimilarlo para no repetir errores.
No obstante, siempre existe una minoría que opta por intentar reproducirlo. Es algo así como pretender que las mujeres dejen de vestir la bikini en la playa o en la pileta para volver a usar aquellos simpáticos trajes enterizos –pantalón y chaqueta- de principios del siglo XX.
No se trata de moda retro, ni de nada que se le parezca. Se trata de insistir con fórmulas que fracasaron, con relatos que no conducen a ninguna parte, con metodologías que ya nadie comparte.
También en estas cuestiones la semana fue prolífica.
Por un lado, la huelga salvaje de los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Por el otro, la marcha despolitizada/politizada por Santiago Maldonado.
Lo de Aerolíneas demuestra, en gran medida, la alusión que formuló el presidente Macri cuando habló sobre la inmensa cantidad de sindicatos que existen en la Argentina.
En la semi estatizada Aerolíneas Argentinas conviven ocho gremios. Conviven es solo un decir. Cuando no para uno, para otro. Cuando alguno soluciona su conflicto, inmediatamente comienza el entredicho del otro.
En la mayoría de los casos, no se trata de controversias razonables, sino de paros políticos. Nadie puede justificar el paro reciente. Ningún gremio puede condicionar la política aeronáutica de un gobierno elegido y ratificado en las urnas.
Ninguna excusa es válida. Mucho menos, cuando se pretende mantener una preeminencia que no se condice con la prestación, ni con los resultados de la empresa. La actual Aerolíneas Argentinas no es una solución para el país, sino un mal negocio que pagamos todos los ciudadanos, volemos o no.
Por último, la marcha por Maldonado. A ver, Maldonado está muerto, falleció como consecuencia de ahogarse en el Río Chubut, nadie colocó, ni manipuló el cadáver, no fue golpeado, ni baleado. Ergo, basta.
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