Investigan a autoridades de la UTN  por los posibles cobros de sobresueldos
PANORAMA JUDICIAL

Investigan a autoridades de la UTN por los posibles cobros de sobresueldos

Un anónimo alertó a la Justicia de que funcionarios de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) cobran sobresueldos a raíz de la usurpación de identidades, dado que la institución paga mensualmente salarios a una nómina de personas que jamás prestaron tareas en la casa de estudios.
A su vez, un decano percibiría 374 mil pesos mensuales, sin que dichas sumas estén debidamente declaradas ante el fisco.
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar la denuncia e imputó a Rogelio Gómez, secretario administrativo, y Ricardo Saller, secretario del Consejo Superior, ambos de la UTN y quienes vienen con mandato desde el año 2005.
La denuncia advierte una defraudación a partir del presupuesto que recibe dicha casa de estudios por parte del Ministerio de Educación de la Nación, y en donde la seccional de Tucumán de la UTN exige una imputación de créditos presupuestarios.
Según el denunciante, Gómez y Saller liquidarían el salario todos los meses a 14 personas con distintos cargos que no prestan funciones en la Universidad Tecnológica Nacional.
Esa maniobra se vendría realizando desde el año 2009 y desde entonces se han librado 1.344 cheques a cobrar en el Banco Patagonia, los cuales eran endosados con firmas apócrifas y cobrados por ventanilla.
Según refiere el denunciante (y la fiscalía cita en su denuncia), el decano de la facultad regional de Tucumán, el ingeniero Walter Soria, estaría percibiendo un sueldo mensual de 374 mil pesos mensuales, algo que no estaría señalado en sus declaraciones juradas.
Gómez es, según el denunciante, quien aprovechando la situación de enfermedad del rector de la UTN, tendría la firma registrada y contaría con un dispositivo electrónico para ingresar remotamente a la Dirección de Servicios Informáticos y de ahí a todas las liquidaciones de Recursos Humanos, eludiendo el control del rectorado.
El fiscal Di Lello pidió al juez federal Claudio Bonadio abrir una investigación contra los funcionarios denunciados y solicitó una serie de medidas de prueba.

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