La puja por el fondo del conurbano puede mellar relación de Macri con gobernadores

La pelea millonaria por la Coparticipación y el Fondo del Conurbano amaga dinamitar la buena relación que el presidente Mauricio Macri venía tejiendo con algunos gobernadores peronistas.
La demostración de fuerza que hicieron los mandatarios provinciales reunidos en la Casa de San Juan fue un claro mensaje de rechazo al apoyo que el Presidente le está dando a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien pretende reinstalar a pleno el Fondo del Conurbano y actualizarlo.
Pero los mandatarios provinciales también enviaron una señal contundente a la Corte Suprema de Justicia, que debería definir si el reclamo de Vidal es válido.
Los gobernadores consideran que la Justicia poco y nada tiene para hacer en este litigio, y que la solución debe discutirse en el Congreso.
Casi con asistencia perfecta, 21 gobernadores oficialistas y opositores ratificaron su rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano por considerar que "esa pretensión perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios".
El temor de los gobernadores es que la Corte termine avalando el pedido de la mandataria bonaerense y perjudicando el reparto de recursos entre los principales distritos del país.
Exigen ser escuchados y que haya un debate entre Nación, provincias y el Congreso.
Vidal tiene un argumento de peso: el Fondo del Conurbano quedó congelado en 1996 y terminó de licuarse tras la devaluación de 2002, cuando quebró la convertibilidad.
Macri está de acuerdo en actualizar esa suma, pero los gobernadores sospechan que pretende hacerlo sacrificando muchos de los fondos que recibe el resto de las provincias.
El problema para el gobierno es económico pero sobre todo político: entre los que cuestionan la avanzada de Vidal se anotan algunos mandatarios con los que hay buen diálogo, como Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Juan Schiaretti (Córdoba).
No obstante, Schiaretti mantiene tensiones con Macri por la reforma impositiva, y esta le recuerda que su provincia fue clave para el triunfo de Cambiemos en 2015.
Urtubey, quien tiene aspiraciones de conducir el peronismo y ser presidente en el 2019, advirtió que de prosperar el reclamo del gobierno de Vidal le costaría a su provincia más de 2.000 millones de pesos, lo cual significa un "5% del total de los recursos que maneja". Otros mandatarios sostienen una lógica similar.
Entre los gobernadores que cuestionan a Vidal también está el peronista Domingo Peppo, uno de los que considera a Cristina Kirchner "una dirigente más" y trabaja para que el peronismo defina una nueva conducción de cara a las presidenciales de 2019.
Peppo, quien se define políticamente como "antigrieta", viene de aclarar incluso que no se siente discriminado por el gobierno de Macri a pesar de ser gobernador de una fuerza opositora. .
Uno de los que llevó la voz cantante en el encuentro de mandatarios fue justamente el cordobés Schiaretti -gladiador de mil batallas- encargado de retrucar el argumento de Vidal.
Fue cuando reclamó poner también en la balanza la cantidad de "subsidios" que reciben de la Nación la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
El mediterráneo llevó a la reunión con sus pares un informe técnico enumerando los "beneficios" obtenidos por la administración de Vidal vía subsidios nacionales, en detrimento del resto de los distritos.
Según ese estudio, durante 2016 el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA) -Capital y conurbano- recibieron subsidios por $176.000 millones a colectivos, trenes, electricidad, gas y Aysa, y concentran casi 20 millones de habitantes.
En tanto, el resto del país en el mismo período recibió $120.000 millones, para una población algo superior.
Pero el trabajo elaborado por el equipo técnico del gobierno cordobés busca meter una cuña también entre los beneficios que potencialmente reciben los distritos gobernados por el oficialismo y la oposición.
El trabajo señala que cada habitante de los gobernados por Cambiemos recibió $8.850, mientras en los del resto del país el promedio fue de $5.085.
Una diferencia llamativa, que parece destinada a abrir un frente de conflicto de cara a las legislativas de octubre.
Pero los interrogantes no terminan ahí, ya que el gobierno necesitará de los gobernadores para ir por un premio mayor: quiere aprobar en el 2018 una reforma impositiva que promete provocar un huracán político de impredecibles consecuencias.