En ocasión del debate parlamentario que comenzó hace algunas semanas, en torno del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, no han faltado voces que sostienen que la religión pertenece a la esfera privada, por lo que el Estado debe abstenerse de legislar sobre la materia y mucho menos, dedicarle fondos públicos.
La objeción podría nacer de un enfoque ideológico interesado que le brinda un halo de razonabilidad. Sin embargo, no resiste la prueba de la coherencia.
Existen muchas decisiones privadas que tienen efectos sociales, de los cuales los poderes públicos no pueden desinteresarse. Lo mismo ocurre con la elección del equipo deportivo al que el ciudadano decide confiar su predilección, o la pareja con que decide convivir, la institución educativa a la que asisten sus hijos, o el medio de transporte que se decide emplear en cada caso.
Solamente desde el anarquismo se postula que no hay poder público que deba ocuparse de esas cosas. Las autoridades que se van sucediendo en el gobierno de la cosa pública, deben dictar las leyes que se ocupen de actividades como las educativas, deportivas o de servicios públicos que forman parte inseparable del bien común de todos. Las religiosas no deberían ser una excepción.
Jurgen Habermas se ha referido con agudeza al papel de la religión en la sociedad democrática contemporánea, donde los derechos del hombre son una dimensión normativa básica.
Al referirse a la responsabilidad de los ciudadanos, pone de relieve el papel de su motivación religiosa. Con énfasis afirma que no se puede “negar en principio a las cosmovisiones religiosas un potencial de verdad, ni tampoco pueden discutir a sus conciudadanos creyentes el derecho de hacer contribuciones en su lenguaje religioso a las discusiones públicas”.
Afirma taxativamente se debe tratar con respeto y cuidado a todas aquellas fuentes culturales, como lo son las religiosas, de las que se alimenta la conciencia normativa de solidaridad de los ciudadanos. Al mismo tiempo advierte sobre el fenómeno de la transformación de los ciudadanos en átomos aislados, que actúan por sus propios intereses, “que no hacen sino lanzar sus derechos subjetivos como armas, los unos contra los otros”. Todo ello trasciende la esfera de la intimidad.
Con frecuencia se desvirtúa la laicidad, que es propia del Estado, con la ideología del laicismo. La incoherencia del argumento de que el Estado debe desentenderse de lo que ocurra con la religión, se trata en el fondo del mismo error en el que caen los padres que omiten ocuparse de la formación religiosa de sus hijos “para no influenciarlos”, antes de que lleguen a adultos.
El debate se ha abierto en el Congreso y es bueno acompañarlo desde la sociedad.<
(*) Licenciado en Sociología
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