El jurado es una forma de participación ciudadana con múltiples efectos tanto sobre las personas, como las instituciones, y también la democracia.
Investigaciones alrededor del mundo han demostrado que los ciudadanos que ejercen de jurados viven una experiencia que cambia sus vidas y que repercute en un mayor compromiso cívico y social.
En un escenario en el que la crisis de legitimidad del sistema de justicia interpela incluso a la clase política, el juicio por jurados es un antídoto eficaz para restituir la confianza sobre las instituciones democráticas.
La deliberación con pares para la toma de una decisión tan delicada como es la libertad de una persona, implica un aprendizaje de práctica democrática que pocas veces se presenta en la vida de un ciudadano.
Desde el punto de vista de las instituciones del sistema de justicia, el juicio por jurados conlleva una forma de control social en la administración del castigo. Al tiempo que vigila, el jurado contribuye a que el sistema realice su misión institucional.
Ahora bien, en un contexto inquisitivo como el de la provincia de Buenos Aires, donde los jueces investigan y juzgan, los procedimientos son escritos y escasas veces se toma contacto con las víctimas y los imputados; es esperable que esta función impacte fuertemente sobre el funcionamiento del sistema de justicia.
Por un lado, el jurado insta a que cada uno de los intervinientes en un juicio (juez, fiscal y defensor) cumpla mejor con su función. El jurado empuja hacia un “ajuste de roles”: para que el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez asuma su lugar de tercero imparcial. Bajo las reglas de un juicio por jurados, todo está milimétricamente encajado para que cada uno cumpla verdaderamente su función.
Por otro lado, el ajuste de los roles también ha puesto en perspectiva las necesidades de capacitación y profesionalización de jueces, fiscales y defensores, antes disimuladas en un proceso escrito.
De repente emergieron problemas que antes no aparecían: ¿cómo se expone un caso? ¿se puede preparar un testigo? ¿cómo se presenta y valora la prueba? ¿de qué forma se lleva adelante un interrogatorio?
Además, la mera participación ciudadana hace efectiva la publicidad del juicio, pero la responsabilidad del jurado en la determinación de los hechos también obliga a que todo lo que ocurre en la sala de audiencia deba ser comprendido.
En este sentido, el jurado revierte la distancia física así como la “distancia comunicativa” entre los operadores y los jurados, entre el sistema de justicia y la comunidad.
Esto es importante porque la superación del lenguaje técnico judicial es la clave para recuperar la función social de la ley. Y hacer entendible la decisión judicial es condición necesaria para la difusión de un mensaje desde la comunidad hacia la comunidad.
En suma, el juicio por jurados está demostrando que produce cambios a nivel de las prácticas de los operadores judiciales que otras reformas legales no pudieron alcanzar. Materializar estos cambios parece la única vía real para recomponer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, y devolver a la democracia un tipo de legitimidad que por estas épocas escasea.
(*) Las autoras son integrantes del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
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