Fue el filósofo español José Ortega y Gasset quien nos dijo hace mucho tiempo atrás “argentinos a las cosas”, y todavía estamos viendo si encontramos papel y lapicera para comenzar a ser una sociedad y un país serio.
¿Cuándo comenzaremos? El tema de la violencia de género y su “no tratamiento serio” por parte de las autoridades que deben abordarlo, desde hace muchos años, es un ejemplo de lo antedicho. La sociedad argentina tiene una rica historia de peleas y desencuentros, y la construcción pacífica del tejido social nunca fue cosa fácil de lograr.
Ahora, ante la aparente falta de voluntad -más allá de innumerables declamaciones y discursos políticos y quizás de idoneidad para atacar la problemática que nos agobia con muertes absurdas y toneladas de papeles judiciales que no sirven casi para nada, hemos celebrado la tercera marcha Ni Una Menos y estamos mucho peor que ante la primera.
Ello porque se habla y opina de la visibilización del drama, lo que es útil para entender y tomar conciencia de lo que pasa, pero es sólo el principio. Y el resultado es una estadística de mujeres violentadas que se ha disparado como nunca antes.
Y en las respuestas que debería haber, si quienes son responsables las tienen, hay que evitar el discurso demagógico que patea la pelota hacia adelante. Se deben exigir remedios y herramientas prontas y útiles para la contención y tratamiento global del problema. Hay que detener esta calesita, porque mientras sigue girando la destrucción de muchas familias es moneda corriente.
Cuando el gobernante diga lo que pretende hacer habrá que hacerle preguntas de fondo: ¿Cuál es la política criminal pautada? ¿Cuáles serán los remedios administrativos y legislativos a corto plazo? ¿Cuáles serán las instrucciones del Ministerio Público a los Agentes Fiscales para unificar criterios de actuación? ¿Qué preparación tiene la Policía para intervenir y acompañar en éstos casos, especialmente las primeras horas del delito?
¿De dónde saldrán los recursos para poner en marcha el problema y de qué tiempos estamos hablando? ¿Están los funcionarios de turno capacitados para conformar un trabajo multidisciplinario con miras de efectividad? ¿Por qué motivo no se llama a las personas que conocen el tema a fondo y que pueden colaborar?
Y podríamos estar horas preguntando lo que seguramente no será fácil responder a quienes vienen declamando soluciones que no existen. Más calesita.
Hemos celebrado la tercera marcha Ni Una Menos y estamos mucho peor que ante la primera.
¿Y la prevención?
Prevenir el delito significa adoptar medidas prácticas para tratar de evitar que se produzca un hecho, que una vez acaecido, tiene consecuencias que no pueden volverse atrás.
En la problemática que nos ocupa, se debe arbitrar cuanto antes una política nacional donde se dicte en todos los niveles de educación una materia anual que se refiera a la familia, a los roles familiares y que les haga ver a los chicos que la violencia dentro del seno familiar es dañina.
Paralelamente debe haber una verdadera política económica, social y sanitaria que forme redes de contención en los lugares más vulnerables, y que no tengan como apoyatura el asistencialismo hipócrita que sólo pretende obtener votos partidarios. En éste terreno estamos como en el desierto.
Protección a las víctimas
Desde el ámbito legislativo Nacional, se debería adecuar cuanto antes la norma del actual artículo 239 del Código Penal, para que ante casos de desobediencia por parte de sujetos activos que violen prohibiciones de contacto o restricciones perimetrales con la víctima, no sea posible ningún tipo de excarcelación y deban permanecer en cautiverio cuando menos hasta la sentencia. Lo propio debería suceder en consonancia con la Legislatura bonaerense, modificando todos los artículos del Código de Procedimiento Penal que son aplicables al beneficio de excarcelación, o a la concesión de morigeraciones de la detención.
Allí también deberían prohibirse tales beneficios en casos de violencia de género y hasta la producción de la sentencia, si tuviere lugar.
Paralelamente, deberían adoptarse medidas consensuadas por el Ministerio Público y los Jueces, con el objeto de llegar al dictado de la sentencia en términos razonables.
Para que ello sea posible, es deseable que se corrija una disfunción administrativa actual, que permite dentro del ámbito de las Fiscalías la coexistencia de una Dependencia especializada en éste flagelo, aunque por otro lado, los delitos menores de violencia de género cometidos en flagrancia se tramiten aparte, haciendo que allí quepa quizás la mayor cantidad de casos. Ello no colabora con un tratamiento unificado de esta problemática y constituye una cuestión de fácil solución.
El camino debe empezar a recorrerse con medidas puntuales, más allá de eventuales “costos políticos” temidos por muchos, pues estos delitos se producen en todos los estratos sociales por igual y no se distinguen por banderías partidarias. Y una vez comenzada la tarea, es perfectible sobre la marcha, pero como dijo el poeta “se hace camino al andar”. Y nosotros aún estamos en el diagnóstico y la oratoria.
(*) Abogado, miembro de la Asociación de Funcionarios y Magistrados Jubilados del Departamento Judicial La Plata
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