No resultaría inapropiado analizar en la columna de esta semana, el resultado del incremento de los precios y el nuevo índice que abarca todo el país –por fin- que arrancó con 1,2 por ciento.
Tampoco estaría mal hablar sobre el paro, en la ciudad de Buenos Aires, especialmente para iniciar un debate sobre si la educación debe ser resorte de las provincias o debe volver a manos del Estado nacional.
Lo ocurrido en la planta de Vicente López de la empresa alimenticia PepsiCo donde, nuevamente, algunos pretenden colocarse por encima de las leyes, las sentencias judiciales para luego hacer el juego del relato y poner en práctica el “folklore” movilizador, sería considerado como un tema adecuado para la discusión.
Y entre las noticias internacionales, la derrota de Estado Islámico en Mosul, Irak, o los cien días de protestas callejeras en Venezuela y el plebiscito convocado por la oposición junto con el apoyo de Vladimir Putin a su colega –presidencial y autoritario- Nicolás Maduro, bien pudieron dar inicio a la columna de esta semana.
También la condena al ex presidente Lula, en Brasil, que marca una sustancial diferencia con la “inacción” de la justicia argentina.
Claro, también está el inicio de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, ahora con el maquillaje generalizado del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que logra imponer sus ideas de “marketing”, “packaging” y demás yerbas a todos los políticos de estas latitudes.
Y sobre ello vamos a escribir. No tanto sobre las “actuaciones” de Cristina Kirchner en Mar del Plata; de Florencio Randazzo, en Bolívar; o de Sergio Massa, en Tigre; o sobre el timbreo de Cambiemos, sino sobre la avasallante aparición de datos e informaciones que agregan e incorporan nuevos elementos a la mayor corrupción que registra la historia argentina.
Obviamente, hablamos del kirchnerismo.
De Vido
Sin dudas, el principal responsable de la corrupción, luego del matrimonio gobernante entre el 2003 y el 2015.
De Vido, el aún diputado nacional Julio De Vido, acumula un importante número de causas judiciales, todas ellas vinculadas con la corrupción. En total, son 21 las que son seguidas a diario desde la Oficina Anticorrupción
La más antigua, el caso Skanska. Luego siguen el Belgrano Cargas, la compra de vagones y locomotoras chatarra a España y Portugal. Obviamente, está la denominada Ruta del Dinero K y la personal –junto con su mujer, Alessandra Minnicelli, por enriquecimiento ilícito.
En el interior del país, De Vido está denunciado en Jujuy, en una de las causas de Milagro Sala, por entregas de nuevos fondos para obras que ya estaban terminadas y pagadas. En Santiago del Estero, por pagos de sobreprecios.
Así, podemos seguir un largo rato, deteniéndonos en la renegociación de los contratos ferroviarios con los Cirigliano y, particularmente, en la Tragedia de la Estación Once, donde De Vido está imputado como coautor.
Dice sus allegados, que es esta, la causa de Estación Once, la que más preocupa a De Vido porque imagina que, de ella, no zafa.
Claro que hay más. Está la obra pública con Lázaro Báez, está la embajada paralela en Venezuela, está la importación de gas, están los “Sueños Compartidos” –la estafa al Estado con Hebe de Bonafini y los Schocklender- y está el soterramiento del Sarmiento.
Sobre este último punto, De Vido cree estar protegido por dos razones. En primer lugar, porque como no existe Ley del Arrepentido en la Argentina, los ejecutivos de Odebrecht no hablarán y porque la información suministrada por la justicia de Estados Unidos, no puede utilizarse.
En segundo término, porque en dicha obra, asociado con Odebrecht, está el primo del actual presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Y eso alcanza para instalar un silencio cómplice. Veremos. Aunque, de momento, es así.
Pero esta semana, avanzaron dos causas. Y avanzaron mucho.
En primer lugar, la compra irregular –con concurso de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- de maquinaria destinada a la central eléctrica de Río Turbio, Santa Cruz, por un total de 53 millones de dólares, sin licitación alguna.
No estamos hablando de una resma de papel o de biromes para el Ministerio, hablamos de 53 millones de dólares.
La secuela de los negociados en derredor de Río Turbio es aún mayor, si se suman los desaguisados alrededor de la usina –eléctrica que no genera electricidad- y de los sueldos y sobre sueldos del personal creciente de una empresa que no produce casi nada.
Ya se conocerán con precisión.
Pero, en menos de 24 horas, pasamos de los 53 millones de dólares de Río Turbio, a los que deben agregarse los 1.100 millones de pesos de sobreprecios pagados por De Vido para la construcción de la usina eléctrica que no genera electricidad, a la estafa de los subsidios al transporte.
Funcionaba mediante una declaración jurada donde las empresas transportistas afirmaban haber recorrido una determinada distancia en kilómetros y recibían un subsidio del Estado para el gas oil demandado.
Por supuesto, nadie controló nada y así las empresas falseaban, con complicidad –obviamente, paga- de De Vido, las declaraciones. Según lo detectado, el 82 por ciento de las empresas beneficiadas recorrían menos kilómetros que los declarados.
Cabe consignar que, no casualmente, durante el kirchnerismo, los subsidios al transporte crecieron en un 4.500 por ciento. Ya se sabe por qué.
Dos reflexiones se imponen respecto de este delincuente protegido por fueros parlamentarios.
La primera sobre la incapacidad manifiesta de la política argentina, en algunos casos por complicidad, en otros, por desdén hacia la ciudadanía, para liberarse de semejantes personajes aptos para condenas múltiples.
La segunda, sobre las amenazas de “contar cosas” de De Vido, luego, por supuesto, desmentidas en el juzgado.
No resulta arriesgado imaginar que se trata de un tiro por elevación, una de cuyas destinatarias bien puede ser Cristina Kirchner.
En el entorno del ex ministro, se critica con dureza, la actitud anti solidaria de la Kirchner, aunque se reconoce que la inclusión de De Vido en la lista de diputados, hace dos años, le evita mayores dolores de cabeza a él, claro, pero también a ella.
Gils Carbó
Capítulo central. La jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, es la verdadera “comandante” de Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista dentro de la justicia argentina, encargada de garantizar impunidad a la ex presidente y sus secuaces y de entorpecer el accionar del gobierno elegido en 2015.
Pero Gils Carbó no solo no es “trigo limpio” en lo que a justicia se refiere. Tampoco, como buena kirchnerista, lo es con sus finanzas personales.
Luego de un año y medio de impunidad, Gils Carbó acaba de ser convocada a indagatoria por la compra con sobreprecios y, obviamente, sin licitación real, del nuevo edificio de la Procuración General.
Solo pagó unos 44 millones de pesos, de dinero público. Pero, claro, no todo fue a parar a la parte vendedora.
Resulta que, además de amañar una especie de licitación, Gills Carbó y un funcionario bajo sus órdenes, de apellido Bellingi, pagaron por comisiones a un tal señor Thill, casi 3 millones de pesos en concepto de comisión.
Sólo la “casualidad” determinó que a Bellingi y Thill los uniese un parentesco en el grado de hermanastros y que Thill no poseyera, ni demostrase, ningún tipo de antecedentes en el negocio inmobiliario.
El total pagado en concepto de “comisiones” asciende a 7,5 millones de pesos. Es decir que mientras en el mercado, las comisiones inmobiliarias no superan el 3 por ciento de la operación, la “dadivosa” Gills Carbó paga casi el 18 por ciento.
¿A quién? Ya se va a saber. Pero ¿Le cuesta mucho adivinar? Verdad que no.
Gills Carbó, como De Vido, Báez, López, Jaime, Cristina Kirchner, Boudou y demás delincuentes afirman, con la frente en alto, que se trata de persecuciones políticas. Que le pongan el nombre que quieran pero que se los juzgue de una buena vez y que paguen sus robos.
Ahora, el juez Ercolini, la citó a declaración indagatoria para finales de agosto.
Vueltos y no tanto (uno)
Mientras tanto, y seguimos con las noticias “sociales” del kirchnerismo, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal habilitó la elevación a juicio oral –por fin- para los imputados en la causa Ciccone Calcográfica.
Como se recordará, la imprenta, la única con capacidad para imprimir papel moneda, fue “copada” por el ex vicepresidente, el vergonzoso Amado Boudou, y sus socios José María Nuñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, por orden del ex presidente Néstor Kirchner.
Boudou, por entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, intentó usar su influencia para levantar la quiebra de Ciccone, a cambio de quedarse con el 70 por ciento del paquete accionario.
Como De Vido, Boudou también es un acumulador serial de causas. Una de ellas, la falsificación de los papeles de un automóvil para impedir que ingresase en un juicio por divorcio ya fue acreditada y la fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso.
Luego enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito, otra por aprovechamiento de información privilegiada durante el canje de deuda pública del 2009 y otra causa por la compra de acciones con dinero del ANSES que arrojó una pérdida de 4.200 millones de pesos.
Viene también la compra directa –sin licitación- de 19 automóviles de alta gama para el Ministerio de Economía y el uso de helicópteros del Estado para trasladarse a actos de campaña.
Y queda el dinero robado a la provincia de Formosa a través de las irregularidades en la negociación por la deuda de ese Estado provincial con el Estado nacional, con la intermediación, muy bien paga por cierto, de The Old Fun, la pseudo empresa financiera uruguaya de Boudou y Nuñez Carmona, mientras, casualmente, Boudou se desempeñaba como ministro de Economía.
Vueltos y no tanto (dos)
Al kirchnerista no peronista, Martín Sabbatella, tocó el turno de explicar –ante la justicia- sobre su magnanimidad para otorgar subsidios y hacer aparecer gastos, inexplicables y jugosos por cierto, desde la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
Por supuesto, que los subsidios eran otorgados a pseudo agrupaciones kirchneristas tales como Foro Argentino de Radios Comunitarias o la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social o Pastoral que, por ejemplo, financió así un evento titulado “¿Qué significa para nosotros representar al kirchnerismo?”
La punta del iceberg de Sabbatella representa, hasta el momento, diez millones de pesos gastados en traslados, estadías y honorarios.
Y también Sabbatella repitió la cantinela de la persecución política de la que es objeto junto a los principales funcionarios del gobierno de los Kirchner.
Solo que lo de él es revolucionario. Él enfrentó a los grandes monopolios con su fervor por lo comunitario como un modelo de comunicación alternativo.
Todo eso se puede creer o no. Se puede apoyar o no. Se puede compartir o no. Pero, revolucionario o reaccionario, nada tiene que ver con la apropiación de dinero público para atesoramiento o para uso particular o político partidario.
Eso, acá y en la China, se llama corrupción.
Con todo la justicia fue mucho más comprensiva con Sabbatella, a quién embargó por 10 millones de pesos que con el “pobre” De Vido, cuyo embargo suma dos ceros: mil millones.
Y queda el humilde “portero” Vìctor Santa María quién, con sus ahorros, pudo comprar, por ejemplo, el ultrakirchnerista Página 12 y le alcanzó, además, para realizar “actividades financieras en Suiza”, hasta ahora, calculadas en 4 millones de dólares.
Se trata, obviamente, de sobreprecios y de altísimas comisiones pagadas por el SUTERH, el sindicato de los porteros, del que Santa María es titular desde hace más de una década, luego de “heredarlo” de su padre.
Siempre, claro, con dos o más mascarones. En este caso, un tal Bila y un tal Stangalini que aparecen en todas las operaciones de la familia -¿dinastía?- Santa María.
Resta –se acaba la columna- el caso de Mister Korea, Sung Ku Hwang, un coreano quién en connivencia con el prófugo cuñado de De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, falsearon declaraciones de importación –creadas por Guillermo Moreno- para comprar dólares a precio oficial. No importaron nada y se llevaron 300 millones de dólares.
Abundar en todos estos casos, equivale a llenar páginas y páginas. Y eso que aquí, no se citó las causas de Cristina Kirchner, ni los negocios de Aníbal Fernández o de Daniel Scioli.
Con todo, la mejor explicación sobre la persecución contra estos patriotas, la dio la candidata kirchnerista a primera diputada por la provincia de Buenos Aires, la triple empleada del Estado, Fernanda Vallejos.
Suelta de cuerpo –y de lengua- Vallejos comparó a Boudou, a quien catalogó como perseguido, con Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner.
Y remarcó que “la transparencia era patrimonio del gobierno anterior”.
Todo dicho.
COMENTARIOS