Luis Moreno Ocampo rebatió el criterio de considerar crímenes de lesa humanidad sólo a los actos inhumanos contra la población civil cometidos con participación del Estado.
Luis Moreno Ocampo rebatió el criterio de considerar crímenes de lesa humanidad sólo a los actos inhumanos contra la población civil cometidos con participación del Estado.
TENDENCIAS

¡Por una justicia ciega, no tuerta!

Residiendo en Mar del Plata, asistí a una conferencia dictada por el periodista Jorge Raventos, la que me sirve de inspiración para formular las siguientes reflexiones.
Siempre me ha intrigado por qué el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos que los secundan, luego de un amago contrario, han limitado su reclamo por los “desaparecidos” a partir de la fecha -24 de marzo de 1976- de la asunción al poder de la llamada “Junta Militar del Proceso”. Es que después de haber evidenciado honda satisfacción por los procedimientos judiciales que involucran a María Estela Martínez de Perón en las acciones de la “Triple A” (“Alianza Anticomunista Argentina”) durante la década del 70 y tras alentarlos a través de declaraciones públicas y gestiones oficiosas, el gobierno del doctor Néstor Carlos Kirchner optó por llamarse a silencio al advertir la reacción negativa que se estaba gestando en el seno del peronismo profundo, sintetizada en ásperos carteles fijados por las 62 organizaciones: “No jodan con Perón” .
Pocos ignoran que la llamada “izquierda peronista” que en los años 70 militó en la organización Montoneros o en sus grupos de superficie está íntimamente convencida de que fue Perón el que gatilló la acción directa antiguerrillera que se resumió principalmente en la “Triple A”. Basta leer a escritores de culto de ese sector, como el ex diputado nacional Miguel Bonasso, a la sazón autor favorito de Néstor Carlos Kirchner, para comprender que las acusaciones contra la viuda del General y su ministro de Bienestar Social, José López Rega, son máscaras transparentes que no alcanzan a ocultar, ni se esfuerzan en hacerlo, la denuncia al propio Perón, responsable para ellos, en realidad, de haber interrumpido lo que consideraban su propio gobierno: el que encabezaba el doctor Héctor J. Cámpora, surgido de la proscripción del creador del peronismo. Memoro que este manifestó que aquel “se dejó copar por los comunistas” y que los “imberbes” pretendían “enseñarles peronismo al propio Perón”.
Las acciones judiciales contra la señora María Estela Martínez y contra alguno de sus ministros de entonces, como Carlos Ruckauf o Antonio Cafiero, se basaban en el concepto que los llamados crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como esa idea fue interpretada por la Corte Suprema, bajo la influencia del ex montonero, ex ministro de Cámpora y ex procurador de la misma, doctor Esteban Righi, que ha definido como tales aquellos cometidos con participación del Estado. Es sólo un criterio jurisprudencial creado por la mayoría de la corte kirchnerista en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón” –con la disidencia de los doctores Fayt, Belluscio y Vázquez– seguido obedientemente por los magistrados de instancias inferiores. Suele afirmarse que, por ese motivo, la Justicia está obligada a revisar la acción del gobierno del Proceso o, incluso, aquella producida por una organización antiguerrillera como la “Triple A”, pero deben considerarse en otro plano los crímenes cometidos por el terrorismo guerrillero, so pena de incurrir en la kirchnerísticamente condenada “teoría de los demonios”. Esta mirada sobre el pasado que culpa los crímenes de unos y absuelve los de la otra parte puede ser discutida actualmente con una suma de argumentos. Tales son: 
1) En su momento, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional (y en los 80, fiscal del juicio a las juntas militares del Proceso), doctor Luis Moreno Ocampo, rebatió el criterio de considerar crímenes de lesa humanidad sólo a los actos inhumanos contra la población civil cometidos con participación del Estado. Señaló que todos los ataques de ese carácter, sin excluir los realizados por grupos no gubernamentales, entran en la categoría. “En la Argentina hubo diferentes grupos que cometieron crímenes de lesa humanidad”, resumió el fiscal.
2) Con todo, aun si se admite como correcto el criterio restrictivo de la Corte y sólo se consideran imprescriptiblemente imputables las acciones criminales vinculadas a gobiernos, lo que habría que discutir es el carácter de “grupos no gubernamentales” que suele asignarse a las guerrillas que actuaron en la Argentina en la década del 70. De hecho, Montoneros participó activamente en el gobierno nacional ejercido por el doctor Cámpora, ocupando con hombres propios (o con compañeros de ruta), sobre quienes ejercían influencias decisivas, cargos de extrema responsabilidad, tanto en el gabinete como en la estructura político- administrativa del Estado. Un dato más puede incorporarse a este cuadro: muchos actores de la política de los años setenta recuerdan que, en la negociaciones anteriores y posteriores a la elección del doctor Cámpora, destinadas a la conformación de los elencos gubernamentales en Nación y Provincias, las organizaciones de la “izquierda peronista” reclamaban centralmente el manejo de las fuerzas policiales, lo que obtuvieron en muchos casos. La renuncia del doctor Cámpora a la Presidencia ni eliminó de inmediato toda su inserción en el gobierno nacional ni suspendió la que mantuvieron desde el primer momento en gobiernos de importantes provincias argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Cruz, por ejemplo), de donde sólo fueron desalojados paulatinamente, tras la primera reacción impulsada por el general Perón al echarlos de la Plaza el 1 de mayo de 1974.
3) Igualmente, cuando se evocan episodios de extrema tensión y violencia como los ocurridos en Ezeiza al producirse el retorno del General Perón, suele despreciarse el dato de que esto ocurrió durante el gobierno del doctor Cámpora, con las organizaciones montoneras y sus aliados ocupando fragmentos importantes del poder. Los choques ocurridos en las proximidades del Aeropuerto en esa ocasión enfrentaron a dos sectores gubernamentales, no a un grupo estatal o paraestatal y a otro de partisanos irregulares. Entre algunos de los protagonistas de la violencia de los 70 se sostenía, por otra parte, que en el asesinato de José Ignacio Rucci se habían utilizado armas proporcionadas por el Estado bonaerense al grupo que ejecutó al líder gremial más próximo a Juan Domingo Perón, que fueron repartidas en un departamento de la Capital Federal perteneciente al encargado de asuntos municipales de la provincia.
4) Existe aun otra argumentación que abona la imprescriptibilidad de las acciones terroristas de los años 70. Ese razonamiento se apoya en el vínculo entre las organizaciones guerrilleras y un gobierno, aunque no se tratara ya del gobierno argentino sino del cubano. Hay decenas de testimonios que muestran la relación íntima que existía entre las sedicentes organizaciones revolucionarias argentinas y la inteligencia del Estado castrista. Algunas de esas organizaciones argentinas fueron, de hecho, fundadas para brindar apoyo logístico a la frustrada guerrilla iniciada por Ernesto Guevara en Bolivia. El propio “Che” lo menciona en su diario de campaña y ofrece inclusive algunos nombres de apoyos argentinos que, aunque comprometidos, no llegaron al Altiplano.
En esta interpretación, los crímenes cometidos por el terrorismo de izquierda de los años 70 serían imprescriptibles por haber sido acciones inspiradas y alentadas desde un gobierno, en este caso de un Estado distinto al de las organizaciones operativas. Una mirada parecida es la que probablemente inspiró al fiscal Nisman cuando analizó las responsabilidades sobre el atentado contra la sede de la AMIA, en el que se imputa a un grupo armado libanes-Hezbollah como instrumento del Estado iraní, cuyos funcionarios son igualmente responsabilizados por el crimen.
5) Las organizaciones guerrilleras tenían las que llamaron “cárceles del pueblo” donde mantenían prisioneras a las víctimas de sus secuestros extorsivos o de futuras ejecuciones sumarias, utilizando para ellos, por ejemplo, establecimientos rurales aislados, el enrejamiento de la entrada de sótanos o el armado de carpas en habitaciones de casas. Asimismo, el kirchnerismo  prohíbe llamar guerra al conflicto aun cuando los guerrilleros usaban uniformes y publicaban sus partes de guerra. Los mismos montoneros denominaron “Guerra civil intermitente” a sus acciones, al finalizar un “Acta de pacificación nacional” en el año 1989. 
Los 70 deben juzgarse con la Historia y la Memoria completas, que es exactamente la contracara del relato kirchnerista durante más de una década, sobre todo en su política de derechos humanos. Los avances anteriores hacia la pacificación y reconciliación fueron retrocedidos y la Justicia, con pocas excepciones, actuó con parcialidad, tanto sobre militares como sobre policías y civiles. Otra vez la contradicción: el carácter de lesa humanidad no se aplicó a los crímenes de las organizaciones terroristas, una asimetría que contradice la jurisprudencia internacional.
Las víctimas del terrorismo, que el Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) identificó en 1.355 muertos y 18.300 heridos y afectados, no han recibido reconocimientos ni indemnizaciones, mientras que sus victimarios y familiares fueron indemnizados y han ocupado altos cargos oficiales, especialmente durante la administración precedente.
Por estos meandros jurídico-políticos debe internarse, sin duda, el debate que inició el gobierno kirchnerista con su actitud revisionaria sobre la violencia de los años setenta. Si las sociedades deben procesar sus conflictos más graves, no de acuerdo al talante y la voluntad política de sus ciudadanos y su dirigencia, sino de acuerdo a la Historia, a los libros y a la decisión de una Justicia de ojos vendados, entonces los criterios de imprescriptibilidad deberán aplicarse con la mayor objetividad. La Justicia deberá ser ciega. No tuerta.

(*) Ex juez federal

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