Desde el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) celebramos la firma del nuevo Acuerdo Federal Minero, que tuvo lugar el martes pasado.
Con esta herramienta el gobierno renueva sus esfuerzos para impulsar la actividad minera en un marco de desarrollo sustentable y con una visión clara para la Argentina del siglo XXI.
Sin embargo, para que el país aproveche al máximo sus ventajas comparativas y posicione al sector en el nivel que le corresponde de acuerdo a su potencial, debemos definir el modelo de gestión de los recursos naturales que queremos encarar.
Esta definición necesita de voluntad política, sí. Pero también de una adecuada caja de herramientas que permita a la administración pública gestionar de manera efectiva los interrogantes que definirán qué tipo de sector minero queremos:
¿Cómo manejar la abundancia de recursos promoviendo al mismo tiempo la diversificación industrial? ¿Cómo fomentar la participación ciudadana y el control estatal, evitando a la vez el surgimiento de burocracias ineficientes? ¿Cómo promover el sector sin ser cautivo de las empresas trasnacionales y asegurando el cuidado responsable y sostenido del medio ambiente? ¿Cómo transformar en hechos reales los cinco capítulos de este acuerdo minero?
En este sentido, podemos destacar algunas resoluciones interesantes de este nuevo acuerdo que reunió a más de 150 especialistas, funcionarios del gobierno nacional, representantes provinciales, diputados, referentes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en diferentes mesas técnicas y ejecutivas:
-La constitución de una mesa del Litio, la carnada pensada para atraer potenciales inversiones. La mesa estará integrada por expertos de la Nación y de las provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo. El 37% de las reservas mundiales de este mineral clave en la fabricación de baterías para celulares, autos eléctricos y almacenamiento de las energías renovables se encuentra en la intersección de Argentina con Bolivia y Chile. El valor de la tonelada superó los u$s 7400 promedio en 2016 y eso explica que una larga lista de empresas foráneas estén observando al sector con detenimiento.
-La inclusión de aspectos comunitarios y sociales, de desarrollo productivo y gestión ambiental minera a tener en cuenta.
-La institucionalización de los fideicomisos como una herramienta efectiva. En el caso de San Juan financió obras de electrificación, cloacas, de agua, pavimento, iluminación, centros de salud, escuelas. Esto garantizaría transparencia de los recursos económicos que recaudarían las provincias.
-La carga tributaria en un 3% sobre la facturación bruta (que fue uno de los puntos más discutidos, especialmente con el sector empresarial).
Con la audacia que lo caracteriza, el Secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, explicó que los pasos que siguen son dos reuniones más (una en Buenos Aires y otra en el interior), para lograr que este nuevo acuerdo pueda ser elevado al Congreso de la Nación y discutido allí, antes de fin de año. Pues ya cuenta con las firmas del presidente y de los gobernadores de casi todas las provincias, salvo por Chubut, La Pampa y La Rioja que esta vez no acompañaron el acuerdo.
Así que aquí estamos: expectantes en un momento de alteraciones y discrepancias. Algo así como una época en la que todo -o casi todo- puede pasar, pero en la que nada -o casi nada- puede emprenderse con un mínimo de certeza de que se llevará a cabo.
Esta segunda oportunidad para la Minería argentina nos convoca para ser los arquitectos del futuro y no sus víctimas. Ojalá que así sea.
OPINIÓN
COMENTARIOS