La estrategia del gobierno de Mauricio Macri para la creación de empleo se basa en el concepto de que con salarios bajos los empresarios estarían dispuestos a contratar un mayor número de trabajadores. En ese marco y revisando las políticas llevadas a cabo durante los primeros 16 meses de gobierno se puede observar que:
En los primeros días de 2016 el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, salió a declarar al referirse a las paritarias del año en curso que: “cada gremio sabrá hasta que punto arriesgar salarios a cambio de empleos”. De ese modo marcó la cancha a favor de la bajada de salarios. El resultado a fin de año fue salarios más bajos con una pérdida de 10 por ciento de su poder adquisitivo y el desempleo subió de 5,9 a 8,5 por ciento.
En mayo, el Gobierno acordó con McDonald’s incorporar a 5000 jóvenes a un salario de 4500 pesos (debajo del salario mínimo vital y móvil) por un trabajo de 30 horas semanales. La empresa estaría exento de pagar cargas sociales y además recibiría 1000 pesos de subsidio por cada joven empleado. Dicho acuerdo fue anulado por la Justicia que lo consideró violatorio de la Constitución Nacional y del derecho internacional.
También se presentó el proyecto conocido con el nombre de “Empleo Joven” que proponía incorporar jóvenes de entre 18 y 24 años al mercado laboral eximiendo a los empleadores de realizar su aporte al sistema de seguridad social.
La flexibilización
En julio, el presidente Mauricio Macri reclamó por “una justicia laboral más equitativa” y responsabilizó a la misma por la demora en la llegada de inversiones. Aquí el presidente combinó su desconocimiento del principio básico del Derecho del Trabajo: el mismo está hecho para equipar una relación que es en su propia naturaleza desigual; con su desconocimiento del ABC de la economía política: fueron sus malas políticas que generaron recesión, inflación, alta tasa de interés, endeudamiento y fuga de capitales, clima en donde la inversión difícilmente pueda crecer.
El Ministerio de Trabajo no homologó una paritaria en la que la Bancaria y los banqueros suscribieron un aumento compensatorio de la inflación. Frente a esta situación la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo intervino considerando arbitraria la actuación del Poder Ejecutivo porque de esa manera “está violando el derecho de los trabajadores a tener paritarias”. La respuesta fue la ira del ministro Triaca proponiendo el inicio de juicio político al juez.
Incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo que sostiene que el Ministerio de Educación debe acordar junto a las provincias y las entidades gremiales docentes las condiciones laborales y el salario mínimo docente; asistiendo financieramente a las provincias que por falta de recursos no lleguen a pagar el salario mínimo docente.
Se sancionó la Ley de Riesgos de Trabajo en donde se establece que los trabajadores antes de iniciar un juicio deben pasar por las comisiones médicas de las ART. El único espíritu es disminuir la cantidad de juicios cuando en realidad el principal objetivo del sistema de riesgos del trabajo es fortalecer la prevención para mejorar la salud de los trabajadores.
En cada una de las acciones la dirección política del gobierno de Macri es siempre la misma: el Estado hace de árbitro a favor de los sectores más poderosos y en contra de los sectores del trabajo. El objetivo central es la baja del costo laboral.
Camino opuesto
Sin embargo la experiencia histórica demuestra que cada vez que se bajaron salarios esperando aumentar el empleo el resultado fue el opuesto. Así pasó durante los años ‘90: las bajas salariales y de cargas sociales fueron acompañadas de mayores niveles de desempleo pasando de 8% en 1989 a 24% en 2003.
Una economía dinámica no pude prescindir del mercado interno, ya que los mercados externos por algunas temporadas pueden dar buenas noticias y por otras pueden caer en declive. No hay desarrollo económico ni combate a la pobreza sin un mercado interno fuerte, que es además una condición básica para asegurar una mayor independencia y capacidad de gestión autónoma de la economía en un mundo donde los Estados son cada vez más vulnerables frente a la hegemonía de las finanzas globales
(*) Docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes
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