La sociedad plantea con insistencia la necesidad de transformar y mejorar el servicio de Justicia.
Para ello se deben lograr objetivos básicos, como son una infraestructura adecuada (edilicia, recursos humanos y recursos tecnológicos); la cobertura total de las vacantes existentes (26% aproximadamente de la Justicia nacional y federal); habilitación de los juzgados creados y que no se encuentran en funcionamiento; la adecuada gestión en plazo razonable de las causas en trámite; y la capacitación y profesionalización de los recursos humanos existentes, entre otros.
Debe ir acompañado de un rediseño de la estructura judicial nacional y federal orientada a dar efectiva solución a los diversos problemas que enfrenta y padece la sociedad (narcotráfico, corrupción, problemáticas de la salud, vinculadas a la familia, laborales, entre otros).
Para ello es trascendente ubicar uno de los ejes centrales sobre los cuáles plantear la transformación de la Justicia y el Derecho y lograr definiciones acertadas en materia de política judicial y según nuestra opinión, el mismo se encuentra en la participación ciudadana.
Se debe garantizar que la ciudadanía, la sociedad civil, tenga la debida y necesaria participación en el diseño de las políticas judiciales y la adopción de las decisiones jurídicas (audiencias públicas, amplia legitimación de las asociaciones y defensores del pueblo, acciones colectivas, integración de jurados, amplio acceso a la información pública, impulso de auditorías y acciones de control ciudadano).
La participación ciudadana legitima las políticas judiciales y las decisiones jurídicas.
(*) Vicepresidente del
Consejo de la
Magistratura de la Nación
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