Por Verónica Lucía Canale
Mientras los adultos de este país gozamos del derecho de tener nuestro defensor oficial de pobres, el niño que está violentado en sus derechos y que tiene el sistema de invisibilización de seres humanos más perverso que se haya conocido, no tiene un defensor oficial. ¿Por qué? ¿Será porque todos los padres somos buenos?
Con motivo de la investigaciones realizadas sobre el fracaso del sistema de menores, recordé que todos los que trabajábamos con niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social en el año 2008 nos sentimos muy entusiasmados con la posibilidad de que se concretara la reforma que implementaría de la Ley sobre Protección de Derechos (aunque en mi caso, no veía con mucho agrado la política del gobierno de la Provincia sobre la materia) ya que esta reforma implicaría la total aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
A pesar de ello siempre fui bastante reticente respecto de estas reformas tan agoreras, pues desde mi lugar, entonces como directora del Sistema de Sostén de la Procuración General, pude observar que las leyes nunca se aplicaron en su totalidad, o siempre faltaron recursos para que pudieran ponerse en práctica. Así fue como la capacitación previa del personal nunca se realizó, tampoco la adaptación de los institutos que pasaban a ser “abrigos”, la preparación de los equipos técnicos y la búsqueda de los familiares de los casi 13.000 niños internados para realojarlos con éstos, pues según Unicef la internación en institutos era una forma de privación de libertad.
El mismo fracaso
Las condiciones de internación en muchos de los establecimientos de la Provincia constituían una privación de libertad. Pero a pesar de eso, era imposible suponer que niños con hasta 12 ó 14 años de internación, iban a ser externados con un pariente lejano que no conocían y nunca habían visto, por el solo hecho de cumplir con el mandato de Unicef: “ni un solo chico internado”, sin tan siquiera haber probado otra alternativa.
La implementación del Sistema de Protección de Derechos en la Provincia fue un gran sistema de invisibilización de niños y adolescentes que desaparecieron de las estadísticas: se cerraron causas igual que se cerraron institutos, nunca se abrieron nuevos abrigos, simplemente se lavaron las caras de las antiguas instalaciones con las mismas personas, se las bautizó con distinto nombre: “abrigo”, pero era el mismo trato y el mismo fracaso. Se crearon mas organismos administrativos intermedios entre el conflicto y la justicia, alejando a la víctima, el niño, de la justicia. Y todo esto, ¿por qué?
En el año 2010 se inicia el Sistema Penal Juvenil en la Provincia y comenzamos una nueva estadística. Ésta sí le interesa a todo el mundo.
Ahora, lo que el Estado parece no saber, es que una y otra estadística -la de los niños invisibles y la de los niños con causa penal- están íntimamente relacionadas. Ante todo se debe aclarar que no todo niño o adolescente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social va a cometer un delito, pero tiene muchas más posibilidades de cometerlo que un niño o adolescente que tiene todas sus necesidades cubiertas. Lo demuestra la estadística penal juvenil, que sí es visible y da como resultado que la mayoría de los niños que delinquen se encuentran en situación de vulnerabilidad.
¿Qué es lo que hace que el Estado se preocupe tanto por los niños que cometen delitos, llegando al extremo de querer bajar la edad de imputabilidad, poniendo más y más recursos en esto, y no se preocupe por los miles y miles de niños en situación de vulnerabilidad que en este preciso instante están siendo víctimas de delito? Aquí es precisamente donde hay que dirigir las políticas de prevención, aquí es donde las políticas de salud y educación deben estar presentes, donde todos los programas de acción social tienen que estar activos apoyando a las familias que existan como tales, sacando a los niños de los centros de conflicto, trabajando con nuevos paradigmas, y, por sobre todo, recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño fue creada para los niños, no para la familia.
Dada la situación actual, prevención y asistencia tienen que ir de la mano, porque son demasiados los niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad avanzada, pero si negamos esto y sólo hablamos de la imputabilidad, es como hablar de la cabeza y negar el cuerpo.
En síntesis, durante los últimos 10 años el Estado se ha alejado sistemáticamente de los niños, descargando su responsabilidad con el otorgamiento con subsidios y asignaciones que no son controlados debidamente. En la mayoría de los casos los padres hacen un buen uso de estos servicios y los niños reciben los beneficios, pero lamentablemente, en los casos que nos toca, los padres, tutores o guardadores, utilizan estos recursos para beneficios propios y los niños nunca son beneficiarios de ellos, y concretamente en escasas oportunidades se verifica si realmente ha sido usado para el propósito que corresponde.
Por lo tanto, lamentablemente, el Estado no ha llegado con sus recursos al verdadero beneficiario. Todo por una mentira institucionalizada que dice que “el niño está mejor con los padres”. Hay personas que por diferentes causas no pueden o no quieren hacerse cargo de sus hijos, o les hacen mal, o a veces quieren pero no pueden hacerlo solos. En todos esos casos, con dinero no se arregla el problema, tampoco solamente con amor. Lo tenemos que abordar con conocimiento y compromiso desde el Estado, y esos casos son muchos, muchos más de los que en la actualidad marca la estadística, porque lamentablemente, los niños todavía están silenciados por un montón de adultos que hablan por ellos: maestros, psicólogos, administrativos, asistentes sociales, madres, padres, abuelos, abogados, todos con las mejores intenciones “dicen” lo que el niño quiere decir.
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