¿Empates o definiciones?

Dicen que nunca es bueno generalizar. También dicen que para muestra alcanza con un botón. Leer, ver o escuchar sobre la Venezuela, chavista y “bolivariana” -con perdón de Simón Bolívar- es una muestra aproximada del destino de la Argentina si el kirchnerismo hubiese continuado en el poder.
Es una muestra de arbitrariedad. Es una muestra de ineficiencia, salvo, claro, para llenarse los bolsillos. Es una muestra de odio y rencor fomentada desde el gobierno, en el seno de una sociedad.
Ya no son los ricos quienes salen a reclamar. Son los pobres que salen a saquear, algo que de ninguna manera resulta justificable, pero que resulta una consecuencia cuasi inevitable de los absurdos que “inventa” el gobierno y de su propensión a hacerse de lo ajeno con total impunidad.
Así, el “revolucionario” chavismo que protagoniza ese inmaduro presidente apellidado Maduro y su secuaz, el sospechado por narcotráfico Cabello, se apropió de una empresa que comercializa juguetes, obligó a los comerciantes a reducir sus precios en un 30 por ciento bajo amenaza de “saqueos militantes” y llegó al extremo de quitar validez a los billetes de 100 bolívares, los de máxima denominación.
¿Qué inventó Maduro? Pues, por supuesto, una conspiración internacional con sede en Colombia, desde donde los conspiradores acaparan billetes de 100 bolívares para… vaya a saber uno que designio maléfico.
Esto de armar un relato y creerlo o hacer que uno lo crea, lleva a un grado tal de delirio como el de la arquitecta egipcia o la abogada exitosa.
En Venezuela, el billete de 100 bolívares es el de mayor denominación circulante. Poco y nada representa frente a una inflación de más del 600 por ciento anual.
Pues bien, retirarlo de circulación implica obligar a los ciudadanos a proveerse de billetes de menor denominación. Obviamente, previo depósito en los bancos.
Es la forma tramposa que encontró el dúo Maduro-Cabello para restringir el circulante: será el gobierno quién decidirá a quien se le provee nueva moneda rápidamente y a quien se le entrega “lentamente”.
El empleo del futuro no es casual. Hasta el momento, los ciudadanos depositan obligatoriamente los billetes de 100 bolívares pero pese a las promesas hechas los nuevos billetes no aparecen.
Ineficiencia interesada, que le dicen.
A la fecha, el país es un caos. Y como siempre ocurre en estos casos, los pésimos gobiernos buscan enemigos externos. Por supuesto, siempre encabeza la lista el “imperialismo yanqui”, seguido, en este caso, por el vecino Colombia y ahora se agrega el presidente Mauricio Macri.
Cabello encontró que Macri era un cobarde, calificativo que repitió Maduro  por una supuesta agresión de la Policía Federal a la canciller de ese régimen, Delcy Rodríguez, una mentirosa –acusó hace un año a Macri de liberar a los torturadores y asesinos de la represión ilegal de la dictadura de 1976- que además intenta “colarse” en las reuniones a las que no es invitada.
Ocurre que el Mercosur decidió suspender a Venezuela por su falta de apego al estado de derecho, algo que a Maduro no le hacía ni fu, ni fa y la Rodríguez intentó meterse en la reunión, en Buenos Aires, sin ser invitada.
Pero Maduro fue más allá. Tildó a Macri de cobarde, oligarca y ladrón. Calificativo, por supuesto, que nunca merecieron los kirchneristas aunque se llamen Cristina, De Vido, Boudou, José López y tantos otros.
Es que en la nueva jerga “revolú” se es ladrón solo cuando se roba con un discurso de derecha. Es más, se es ladrón automáticamente si no se acepta y divulga un relato pseudo progresista.
Por el contrario, si se emplea ese discurso “reivindicativo” se puede robar alegremente como Milagro Sala, que no está acusada de colla, ni de negra, sino de “chorra”.

Piquetes
Esta historia de las “reivindicaciones populares”, las “injusticias” y demás yerbas, llevó a una degeneración de cualquier concepto de ayuda social válido para situaciones de emergencia.
El Congreso de la Nación votó una transferencia de ingresos de 30 mil millones de pesos a cumplirse en tres años a favor de las organizaciones piqueteras para “distribuir entre sus adherentes”, con controles por demás laxos, por supuesto.
Con ingenuidad, el Gobierno creyó que con dicho “derrame” adquiría la paz social amenazada por las tradicionales fiestas de fin de año, ahora convertidas en tradicionales oportunidades de saqueo.
No solo fueron 30 mil millones. También fue una obra social y agremiaciones. Pero la paz social no llegó.
Los cortes de calle se multiplicaron. Es que los ejemplos cunden. Ahora cualquiera está en condiciones de aspirar a que la sociedad lo solvente por el solo mérito de ser… qué se yo.
Aparecieron, en la ciudad de Buenos Aires,  Asambleas del Pueblo -¿de qué pueblo?- con la repetida figura del Che Guevara en las pancartas y con algo más de cincuenta muchachos cortaron toda la avenida 9 de Julio. Metrobus incluido, claro, porque no se trata solo de no trabajar, sino de impedir que los demás lo hagan. Hay que evitar los malos ejemplos.
Junto a los “asambleístas del pueblo”, participaron en otros piquetes, más de estas denominadas organizaciones sociales que pululan desde que es factible vivir sin trabajar. Y si no, datos: en noviembre los cortes de calles totalizaron 54, casi dos por día.
¿Y el Gobierno? Mira. El protocolo que terminaba todo en cinco minutos quedó en nada. Nadie quiere reprimir. El pánico a un nuevo caso Kosteky-Santillán invade a los funcionarios. Prefieren mirar para el costado.

Ganancias
No son todos, solo algunos los trabajadores afectados por el Impuesto a las Ganancias. No obstante, es uno de los gravámenes más discutibles. Un trabajador, de nivel medio o gerencial, vive de un salario y un salario, por definición, no es una ganancia.
Pero, en la Argentina, todo es posible. Hasta cambiar las definiciones.
Ahora bien, más allá de la cuestión de fondo, la reciente y aún no acabada discusión sobre el Impuesto a las Ganancias, o mejor dicho sobre los mínimos no imponibles, desnudó las características de la política argentina y sus protagonistas.
Primero, cabe hacer algo de historia. El Impuesto a las Ganancias contra los trabajadores deriva del viejo Impuesto a los Réditos que fue sancionado allá por la primera  mitad del siglo XX y que, en su texto original, estipulaba su aplicación por única vez en 1932, año en el que fue creado por el gobierno del general José Evaristo Uriburu.
Por supuesto, la “única vez” pasó al olvido y, voracidad fiscal mediante, hoy llegamos al extremo de no modificar los mínimos no imponibles.
Pues bien ese kirchnerismo que durante años no actualizó los montos, a través de la gestión y la voz de su ex ministro de Economía y ahora diputado Axel Kicillof, recordó la necesidad de actualizar, casi de un plumazo, y para reemplazar los recursos que se iban a perder, nada de reducir gasto público, sino crear nuevos impuestos o reponer viejos derogados.
Sí, es cierto. La presión tributaria en la Argentina oscila en los niveles de un país desarrollado. Claro que en un país desarrollado, las rutas están asfaltadas, la educación es de calidad, la energía no falta y el Estado funciona, con sus inconvenientes, pero funciona.
Con todo, suena mal, muy mal, que el paladín de la actualización resulte Kicillof. Se negó a hacerlo durante todo el tiempo que fue ministro y, de pronto, le agarró la fiebre “actualizadora”.
Pero nadie se imaginó que Sergio Massa haría causa común con los K. Menos aún en un tema que lo mostró como un “apresurado” poco apegado a la sensatez a la hora de sancionar leyes u oponerse a su sanción.
Massa pisó el palito de su propia ansiedad, señala la versión edulcorada sobre su actitud. La versión severa, en cambio, recuerda su largo paso por el kirchnerismo donde alcanzó la jefatura de Gabinete, como Jorge Capitanich o como Aníbal Fernández.
Por supuesto que el Gobierno mostró idiotez política. Habilitó un tema sobre el que no tenía nada acordado y los “pícaros” Massa y Kicillof le devolvieron la pelota.
En todo caso, el presidente Macri se repuso –lo hizo luego de la desafortunada mención al veto de su vicepresidente Michetti- cuando decidió que la responsabilidad del “populismo a la marchanta” de Massa y Kicillof, en lugar de ser vetado, sería pagado por las provincias si el Senado lo aprobaba tal como llegó de Diputados.
Fue un Macri que rompió con la tradición de prudencia paralizadora que, hasta aquí, amenazaba con caracterizarlo.
De una manera u otra, todo el mundo comenzó a dar marcha atrás y todo el mundo, Gobierno y oposición, apareció como dispuesto a sentarse a discutir alrededor de una mesa.
Solo que algunos quieren dilatar y otros apresurar. En rigor, ni lo uno, ni lo otro. Sí algunos gestos como la eliminación del pago de impuesto sobre los primeros 15 mil pesos de aguinaldo. Y, posiblemente, desagregar horas extras y premios, tal como piden algunos cegetistas.
Y hasta ahí. De crear impuestos no se habla.
Pero el problema va mucho más allá del Impuesto a las Ganancias. Va al modelo que la Argentina intenta mostrar al mundo. El de un país previsible, con reglas de juego estables, con un gobierno y una oposición mayoritariamente consustanciados con la necesidad de recuperar prestigio internacional. Un país que requiere inversiones externas para su desarrollo.
Para lograrlo, falta muchísimo. Y sobre todo, falta que el peronismo decida si guarda nostalgia de los “años felices”. O si decidió ser serio, de una vez y para siempre.
También falta que el gobierno de Cambiemos, pero sobre todo la cúpula del Gobierno nacional entienda que gobernar va bastante más allá de la simple consulta de encuestas y de la necesaria comunicación por la vía de la redes sociales.
No se adquiere seriedad mediante el oportunismo político, ni se la adquiere mirando al costado.

La economía
Según los últimos datos disponibles, la deuda pública de la Argentina totaliza el equivalente al 53 por ciento del Producto Bruto Interno y solo creció durante el año en curso en cuatro puntos del PBI, respecto de la deuda que dejó el kirchnerismo.
Lentamente se acerca al criterio de convergencia que la Eurozona fijó para sus países asociados: un 60 por ciento del PBI. En rigor, los europeos no la aplican a conciencia. Siempre aceptan excepciones.
Pero, más allá de aceptaciones o no, lo cierto es que mantener la deuda en niveles aceptables genera estabilidad o, en todo caso, evita inestabilidad como la que produjo el altísimo endeudamiento que manejó Domingo Cavallo para mantener la ficción del tipo de cambio uno a uno.
En otras palabras, con el actual ritmo de endeudamiento, al Gobierno le queda margen de aproximadamente un año, antes de ingresar a zonas peligrosas.
En las actuales condiciones macroeconómicas de la Argentina, es factible que el plan de obras públicas en el que el Gobierno confía como herramienta electoral, pueda verificarse. Los recursos están y la capacidad de endeudamiento, también.
Solo que después, en el 2018, habrá que pensar seriamente, y de una vez por todas, en achicar el gasto público para reducir el déficit fiscal, hoy superior al 6 por ciento del PBI pese a la meta fiscal para el año en curso del 4,8 por ciento.
Al respecto, cabe consignar que el respectivo criterio de convergencia en la Eurozona es del déficit fiscal por debajo del 3 por ciento del PBI. Como se puede apreciar, en la Argentina, supera el doble.
Mientras tanto, la recesión no cede y los indicadores muestran caídas en distintos rubros productivos con excepción del sector agropecuario donde la cosecha de trigo y cebada será record de los últimos años y la siembre de maíz, soja y sorgo viene para ampliar con creces la superficie dedicada últimamente.
Para el Gobierno, desilusionado por el momento de la afluencia de nuevas inversiones productivas desde el exterior, busca cerrar el modelo, ahora, por la vía del consumo, de las exportaciones agropecuarias y del plan de obras públicas.
Nada nuevo. Ni nada que verifique aquella trilogía virtuosa de inversión, producción, trabajo.
El problema es del Gobierno, pero no solo del Gobierno. También de los argentinos que deben resolver si continúan, pese a todo lo ocurrido, creyendo en el facilismo populista o están dispuestos a mostrar seriedad: trabajo y capacitación.
Por ahora, no se verifica.