Los episodios de violencia de género de los últimos días muestran la gravedad de la situación que transitan las mujeres en nuestro país. Es urgente poner en marcha un plan integral que contemple los ejes de prevención, investigación, sanción y reparación.
Estas políticas públicas, planes y programas exigen multisectorialidad e interdisciplina. E involucran sectores del Estado- nacional, provincial y municipal- y la sociedad civil.
La prevención es la gran ausente. Son los municipios los llamados a liderar una nueva etapa, a través de la prevención comunitaria.
Para la investigación, sanción y reparación están interpeladas, según sus diferentes misiones y funciones, las organizaciones de las diversas policías, fiscalías, defensorías y juzgados - de diversos fueros e instancias en forma coordinada - servicio penitenciario y patronato de liberados, entre otras.
Es necesario agregar que otras violencias como la corrupción y la violencia sobre niñas, niños y adolescentes también demandan un enfoque nuevo, oportuno, efectivo e integral. Así propuse un conjunto de medidas a propósito de la corrupción y sus víctimas, en "La corrupción genera violencia".
Ello exige imperiosamente una revolución en materia de ingeniería organizacional que se apoye en información rigurosa - trabajo sobre evidencias -. Sino será cosmética. Más de lo mismo.
Es decir, la mayor vulnerabilidad de las víctimas de estas violencias deja al desnudo la imperiosa necesidad de reformas estructurales de la seis organizaciones referidas. Ellas integran el sistema de seguridad y justicia. Cooperación y coordinación. Políticas de Estado.
Ahora bien: las respuestas que dicha institucionalidad actual ha venido dando son harto inadecuadas. Atrasan. Llegan tarde y poco.
Podemos decir que son parte del problema y el comienzo de la solución es generar una institucionalidad diferente, a la altura de las nuevas demandas de dichas víctimas y la sociedad en su conjunto.
El movimiento feminista ha dado ejemplos de logros a través de un trabajo militante, apasionado, solidario. Las reformas no pueden volver a caer en demagogias tan falsas como ineficaces.
Hace falta no solo el cambio de personas sino también se deben encarar reformas estructurales profundas que permitan poner en marcha políticas, planes y programas al servicio de esas víctimas, que necesitan protección prioritaria y urgente.
A saber:
*Ayuda legal a los pobres. Existe un serio déficit en una de esas seis instituciones, la encargada de dar ayuda legal a las víctimas más vulnerables: el Ministerio Público de la defensa de los pobres - en los fueros de familia, civil, contencioso administrativo y penal- que hoy se encuentra sin la debida independencia, y que una simple fe de erratas al art 118 de la ley 14442 podría subsanar sin erogación presupuestaria alguna.
Y así una defensa pública independiente podrá convocar y liderar una red para la prevención y protección de las víctimas.
*Una policía judicial que encabece un nuevo sistema de investigaciones ágil y moderno - modificando la estructura del Ministerio Público Fiscal- dando prioridad a los delitos mas graves y complejos.
*Generar un nuevo espacio bicameral para el monitoreo, que haga efectiva la necesidad de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones referidas, con indicadores objetivos de gestión. Que incluya un sistema de auditorías independientes.
* Planes municipales de prevención comunitaria, que articulen la multiagencialidad e interdisciplina.
Es tiempo de avanzar con la máxima energía política, un plan integral adecuado, y los recursos humanos y materiales necesarios. Este trípode inescindible es esencial para hacer realidad el Ni una menos. <
(*) Defensor actuante ante la SCBA. Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
PUNTO DE VISTA
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