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LA COLUMNA DE LA SEMANA

¿Por qué creer esta vez?

Fue la frase que flotó durante la mini cumbre de Davos y cuyo eco se extiende hasta hoy y se extenderá aún por mucho tiempo. Ocurrió cuando uno de los potenciales inversores preguntó por el futuro: “¿Por qué, esta vez, debemos creer?
Quedó sin respuesta. O mejor dicho quedó sin ninguna respuesta afirmativa. Es que la Argentina se asemeja en demasía a un niño travieso que rompe y deshace, y pretende que lo perdonen rápido apenas formula alguna promesa de cambio.
Es un país donde nadie se hace cargo del pasado. Mejor dicho de su respectiva actuación en el pasado. Aún en el inmediato. Aquí, la historia comienza todos los días. El pasado, pisado. A tal punto que el propio Papa Francisco se suma –o encabeza- la lista de los borrones y cuentas nuevas.
El problema es que el resto del mundo, sobre todo el mundo de los países más exitosos, no piensa así. Opta por aquel viejo refrán que asegura que “quien se quema con leche, ve una vaca y llora”.
La “amnesia” puede resultar de suma utilidad cuando de fronteras para adentro se trata. Más aún cuando si quién la “ejerce” tiene cuentas pendientes o si, en la escala que se trata, quedó inscripto entre los “favorecidos”, como beneficiario del esfuerzo de los otros.
Pero no sirve, ni se ejerce, cuando de arriesgar dinero se trata.
En otras palabras, las fiestas se pagan. Y se pagan más caras, cuando los invitados pretenden continuar con la algarabía como si acá no hubiese ocurrido nada.
Sin dudas, el eventual próximo paro general de la dirigencia sindical, más allá de las dudas sobre su efectiva realización, queda inscripto en los anales del ejercicio de la “amnesia”.
No se trata de discutir el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional, artículo 14 bis, sancionado por la Asamblea Constituyente de 1957.
Se trata de guardar en la memoria los 14 paros generales de la CGT contra el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. O las complicidades con el kirchnerismo en el poder, por ejemplo, en la guerra contra el campo. O el silencio frente a la reciente detención del “Caballo” Suárez tras años de comportamiento mafioso frente al transporte marítimo.
Se trata de pretender ignorar que el desastre que dejó la delincuencia y la incapacidad kirchnerista es un precio que la sociedad debe, inevitablemente, pagar. Más aún, por tratarse de un gobierno electo.
Se trata de, cuando menos, retrasar la eventual recuperación de la economía argentina que muestra signos alentadores aunque incipientes. La inflación baja, el empleo comienza a mostrar una recuperación, las obras públicas arrancaron.
Cierto es que detrás de la amenaza del paro general, se ubican las reales demandas sindicales, tales como una nueva escala del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y un bono de fin de año que compense una eventual pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Ambas demandas resultan válidas. La primera porque se trata de desarmar ese Estado presidido por la voracidad K en su afán de la doble búsqueda de una clientela política entre los sectores más desprotegidos de la sociedad y de un enriquecimiento ilícito de sus capitostes con los sobreprecios en las obras públicas.
La segunda, porque no contradice la correcta decisión del gobierno de no abrir nuevas paritarias para los gremios que firmaron acuerdos anuales.
Es posible y no estaría nada mal que el gobierno las acuerde. Solo resulta objetable el método cuasi extorsivo. “Si no me das lo que pido, voy a la huelga general, es decir política”.
No resulta beneficioso frente a quienes, desde afuera o desde adentro, estudian la posibilidad de invertir en la Argentina. Y, a esta altura del partido, cualquiera sabe que sin inversión, no crece la producción, y sin mayor producción, no se verifican nuevos puestos de trabajo.

Sociedad
Por estos días, la Argentina que trabaja y estudia vivió asombrada la locura desatada en una “fiesta” privada en una quinta alquilada en Trujuy, partido de Moreno. Por las redes sociales, a los jóvenes que concurriesen se les aseguraba una entrada más barata si portaban armas, drogas y alcohol.
Más de quinientos jóvenes respondieron al llamado. Algunos ingresaron con la “mercadería” necesaria para agenciarse una entrada más barata. Los otros fueron prestos a consumir cuanto estuviese a su alcance.
Repasemos, si concurrieron quinientos jóvenes, es posible imaginar que se enteraron del “evento” y decidieron no ir, al menos el doble. Ergo, los jóvenes estaban informados, pero la policía no, los fiscales, tampoco y los jueces menos. Tampoco lo estaba el intendente K del partido de Moreno.
Demasiadas casualidades para desconocer lo obvio. Tantas que dan mucho para pensar. Si el aparato del Estado no está en condiciones de actuar preventivamente ante delitos anunciados, no cabe otra explicación que se trata de delitos apañados desde el propio Estado o, cuando menos, de zonas liberadas.
En particular, en territorio bonaerense. Sin dudas, la lucha contra la corrupción policial que lleva a cabo el gobierno de María Eugenia Vidal es en buena medida la causante de estas “dudosas” conductas del aparato de seguridad del Estado.
Bienvenida sea dicha lucha, aun a costa de episodios como los de Trujuy. Lo contrario es aceptar la conducta del gobierno anterior, mejor dicho del desgobierno de Daniel Scioli. Se trató, entonces, de pactar con los corruptos a cambio de evitar “fusilamientos” como los de Kosteki y Santillán que dejaron a Eduardo Duhalde sin candidatura presidencial.
Obviamente, el gobierno de Scioli, como se ve por estos días, contaba con sobrados motivos para pactar con el crimen organizado. A medida que salen a la luz actos de corrupción como los del IOMA, la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires y de sus municipios, la necesidad de una alianza mafiosa resultaba indispensable.
Al mismo tiempo, era necesario hacer creer que algo se hacía. En el seno de un gobierno que minimizaba –la famosa “sensación” de Aníbal Fernández- el delito, en particular el narcotráfico, se incorporaba masivamente policías en todos los distritos.
Claro que se trataba de policía con solo tres meses de formación. Era el colmo de la improvisación. Revela un estudio reciente que más de la mitad de los nuevos policías no están en condiciones de actuar frente a situaciones de cierta gravedad. O sea, puro humo.
De allí que lo de Trujuy no debe sorprender a nadie. En todo caso, revela un modelo de sociedad en crisis. Tanto como la decisión de no pocos ciudadanos de defender sus bienes y su vida y de hacer justicia por propia mano.

Política exterior

El presidente Mauricio Macri puso como objetivo central de su gobierno, reinsertar a la Argentina en la comunidad internacional.
No le es sencillo. Tras doce años de denostar a los organismos internacionales, de gesticulaciones “anti imperialistas”, de deudas que no eran saldadas, la Argentina no goza del prestigio que depara un país serio y creíble, más allá del grado de desarrollo alcanzado.
Macri intenta, pues, hacer todo cuanto no se hizo previamente. Mantiene buenas relaciones con Chile, Uruguay y Paraguay. Acepta el cambio legal –vale la pena repetirlo, legal- de Dilma Roussef por Michel Temer. Y busca el acercamiento con la Alianza para el Pacífico, bloque subregional que integran Chile, Perú, Colombia y México.
Por el contrario, se aleja de las mal llamadas naciones “bolivarianas” encabezadas por la Venezuela de Nicolás Maduro, empeñado en cualquier trampa para no perder el poder, e integradas por Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Si lo de la Alianza para el Pacífico muestra un contenido económico, junto con el político de las naciones moderadas y creíbles, el presidente reconoce que resulta imprescindible avanzar en la relación con los países centrales, afianzar los lazos comerciales con China y no dejar de mirar a algunos países árabes como proveedores de hidrocarburos.
Por tanto, Macri viaja. Viaja mucho. Va a la Cumbre de Davos, en Suiza. Recorre capitales del mundo. Arma su mini Davos, contradictoriamente, en el Centro Cultural Néstor Kirchner –recordar la pregunta del principio de la columna- y utiliza la tribuna que brinda la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, año a año, se abre a los jefes de Estado y de Gobierno del mundo.
Y allí cometió el error. Anunció que el gobierno británico, por boca de su primer ministro, TheresaMay, estaba dispuesto a reiniciar el diálogo con la Argentina por las Islas Malvinas, con el problema de la soberanía incluido.
Macri confundió un diálogo informal con un acuerdo que, cuando mínimo, debe ser plasmado en una declaración común. Error de principiante, sin duda. Sobreactuación frente a las críticas provenientes del pseudo nacionalismo que exhiben ahora los K y que no exhibieron cuando de pactos con Irán se trataba.
También lo persigue la campaña que desarrolla la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, para suceder a Ban Ki Moon en la secretaría general de las Naciones Unidas.
Malcorra no parece convencer. En la última votación quedó séptima con el portugués Antonio Guterres en primer lugar y el eslovaco MiroslavLajcak. En la próxima, la quinta, puede quedar afuera.
Lo de Malcorra plantea el clásico problema de la política argentina de los saltos de un cargo a otro, en este caso internacional. Ni aún con voluntad extrema resulta posible diferenciar, en este caso, los intereses nacionales de los particulares. De allí que, para algunos, el apuro en corregir los dichos de Macri que exhibió Malcorra tras el fallido sobre Malvinas se debió a evitar un posible veto británico.
Como sea, la noticia más importante en materia de política exterior consiste en el retorno de las auditorías del Fondo Monetario Internacional (FMI) en cumplimiento del artículo IV del reglamento del ente que la Argentina suscribió, nunca repudió, pero no cumplió en la época K.
Obviamente, con los Kirchner en el gobierno, no cumplir con la carta orgánica del FMI generaba adhesión entre los anti imperialistas de pacotilla que pululan por la República Argentina.
En rigor, para los K se trataba de terminar con las estadísticas, de impedir las auditorías que hubiesen anticipado el desastre que se avecinaba y de evitar las alertas sobre contrataciones y obras públicas. El país perdió entonces la posibilidad de acceder al crédito externo.

Economía
La delegación del Fondo Monetario Internacional mantuvo su primera entrevista con el presidente del directorio del Banco Central, Federico Sturzenegger. Luego continuó con los técnicos del Banco para analizar las metas de inflación para el 2017, la política monetaria y la situación financiera de la Argentina.
Para el gobierno argentino, el resultado de la auditoría representará dejar de pertenecer al minúsculo grupo de Estados donde el FMI está impedido de actuar. Se trata de Somalía, Siria y la República Centroafricana, los tres estados fallidos con guerras internas, la cerrada dictadura de Eritrea y el Estado cuasi quebrado de Venezuela. Cuba y Corea del Norte no forman parte del FMI. Hasta allí, los K llevaron a la Argentina.
Junto a la llegada de la delegación del FMI, el gobierno elevó al Congreso Nacional, el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 2017.
Todos, salvo los K, coinciden en que, por primera vez, en muchos años, se trata de un presupuesto realista. Claro que realista no significa nada en particular. Solo que no se miente como en años anteriores para después manejar partidas que no figuraban en el cálculo original.
Se trata de puro gradualismo. Y cuando de gradualismo se habla, es que se apuesta por un crecimiento de la economía que permita contener las variables. Porque si la economía crece, crece, por ejemplo, la recaudación tributaria y, por ende, el Estado se ve menos obligado a emitir o a endeudarse para atender gastos corrientes.
Así, el crecimiento de la economía fue estimado –para el 2017- en un moderado 3,5 por ciento anual; con un déficit fiscal, aún altísimo, del 4,24 por ciento del PBI; con una inflación máxima del 17 por ciento anual y con una cotización promedio del dólar, estimada en casi 18 pesos.
Para los analistas económicos, las metas resultan cumplibles con alguna variación. La principal está en la proyección de la inflación. Hablan de un 22 por ciento frente al 17 máximo que postula el gobierno.
Además de pagar los gastos corrientes de la administración, el Presupuesto 2017 muestra que el gobierno resolvió priorizar la obra pública en materia redes cloacales, rutas y autopistas, redes ferroviarias, entre otras.
También el Presupuesto contempla la puesta en marcha del Plan Belgrano que encabeza el radical José Cano y que representa una fuerte inversión estatal en infraestructura en las provincias del NEA y del NOA.
En la contracara, para cumplir las metas previstas, el Estado Nacional deberá tomar deuda por 38 mil millones de dólares.
Con todo, la respuesta al interrogante inicial acerca de por qué esta vez hay que creer no está en manos del gobierno. Queda para la ciudadanía argentina cuando vote en octubre del 2017.

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