El examen a los jueces, la verdadera garantía

Es fundamental mejorar el sistema de selección de jueces en la Provincia. Para eso es preciso asegurar, fuera de toda duda, la excelencia del candidato bajo el prisma de los conocimientos tanto teóricos como prácticos. En tal sentido, entiendo que no todo debiera resolverse en un examen sino que es preciso instaurar cuanto menos dos compulsas: una genérica en lo conceptual y, aprobada ésta, otra más específica y compleja, con una diversidad de casos a tratar y preguntas a responder, complementado con una más acentuada calificación. También debería limitarse la posibilidad de que los postulantes aspiren a cargos en diferentes materias o competencias: los fueros judiciales están divididos por especialidades (civil, comercial, penal, laboral, etc.) y los aspirantes deben capacitarse sólo para una de ellas. Otra reforma interesante estaría dada por la instauración de concursos anuales (y no para cubrir cada cargo), lo que daría la posibilidad a los concursantes de una mejor preparación. Pueden recurrirse a otros arbitrios. Lo importante es procurar que lleguen los mejores a la etapa decisoria. La inevitable discrecionalidad quedaría así constreñida a quienes han arribado a un nivel superior.
La existencia de un Poder Judicial junto a los poderes políticos (Poder Ejecutivo y Legislativo) se justifica esencialmente en la necesidad de amparar al individuo en el ejercicio de sus derechos fundamentales, poniéndolos a resguardo de las pasiones y decisiones de mayorías ocasionales. Sin duda que los poderes políticos, cuyos miembros son elegidos periódica y democráticamente por el pueblo, marcan el rumbo del gobierno, pero no pueden, por más que cuenten con el apoyo mayoritario, violentar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y las leyes. Si lo intentaren, los afectados cuentan con el libre acceso al Poder Judicial cuya misión es la de poner coto a estos excesos. Es por eso que el Poder Judicial debe ser independiente de los poderes políticos y sus magistrados preservados en su investidura y su dignidad mientras dure su buena conducta.
Si esto es así, la selección de los integrantes del Poder Judicial debe ser rigurosa y despojada de toda connotación subalterna. Con tal fin, la reforma constitucional de 1994 estableció en la Nación y nuestra provincia un Consejo de la Magistratura, compuesto de representantes de todos los estamentos involucrados: abogados, magistrados y también miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Se mejoró de este modo el texto constitucional originario, dando participación y control recíproco a todos los actores interesados en el servicio de justicia. Pero para evitar que el nombramiento de los jueces no se convirtiera en los hechos en una suerte de reparto pampa de favores e influencias entre los miembros de estos estamentos, la Constitución provincial ordenó “seleccionar los postulantes mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación. Se privilegiará la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos” (art.175 Const. Provincial).

Cómo funciona
En nuestra provincia este mandato se ha cumplido aunque es posible perfeccionarlo. En apretada síntesis, el proceso de selección es el siguiente: el primer paso consiste en un examen escrito en el que el postulante debe resolver un caso que se le plantea y un cuestionario de cinco preguntas. Los exámenes son preparados por asesores académicos y resguardados en sobres sellados. El día del examen se sortea y abre uno de ellos a la vista de todos. Los postulantes cuentan con un tiempo suficiente para resolver los problemas y luego imprimen sus respuestas, en forma anónima, para ser corregidas por asesores académicos que pueden no ser los mismos que prepararon los cuestionarios. Para poder pasar al segundo estadío, el postulante debe ineludiblemente aprobar con buena nota el examen. En este sentido, el sistema de nuestra provincia supera al de la Nación porque en el ámbito nacional el examen es sólo uno de los criterios de valoración. Una vez aprobado el examen, comienzan las etapas siguientes: análisis de los antecedentes profesionales y académicos, entrevistas personales y demás condiciones o requisitos que omito referir para no abrumar al lector y que apuntan claramente a determinar la capacidad técnica del candidato. En el tramo final actúan los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes cuentan con amplias y discrecionales facultades para proponer a los que ellos consideran más competentes. Se podrá decir que todo el proceso debería estar objetivamente pautado pero esto no puede ser así: la idoneidad técnica o profesional puede no compadecerse con la humana y ésta última está sujeta a valoraciones subjetivas imposibles de tasar.
Mejorar la selección de magistrados es, en definitiva, la única forma de lograr un Poder Judicial independiente.


(*) Abogado y asesor académico del Consejo de la Magistratura.