MIRADA ECONÓMICA

Presupuesto, Ganancias e ilusión fiscal

Aunque aparentemente inconexas, la audiencia pública que empezó el viernes para discutir las tarifas del gas y el proyecto de Presupuesto defendido por el ministro de Hacienda, son las dos caras de una misma moneda.
En un mundo ideal, los candidatos que se presentan para representar al pueblo en el Congreso deberían informar cuál es su propuesta de gastos públicos y de qué manera la financiarán. Así, cada uno podría elegir si quiere que haya más educación o más cárceles, si prefiere más rutas o más vías férreas, o mejores puertos, si quiere que el Gobierno subsidie el fútbol, la salud, la universidad, o las tarifas de luz, agua y gas.
Concomitantemente, claro está, habría que poner a consideración del soberano el nivel de impuestos que cada uno está dispuesto a soportar.
Y lo que es más importante; ambas cosas deberían presentarse en simultáneo, de suerte tal que cada ciudadano enfrente la dureza de la restricción presupuestaria; que comprenda que mayores gastos implican ineluctablemente impuestos más altos.
Por ejemplo, a mí me parece una vergüenza que un docente gane 8.000 pesos o que un policía se juegue la vida por un monto semejante. Ni hablar de los médicos que, a pesar de haber hecho un esfuerzo formativo extraordinario, por más de 10 años, ganan en los hospitales públicos menos que un empleado administrativo de un banco. Pero soy consciente de que duplicar esos salarios cuesta plata que de algún lado tiene que salir, y como el Estado no puede sacar dinero de un pozo como si fuera petróleo, eso significa mayores impuestos (y por lo tanto menores ingresos) para los contribuyentes.
El problema es que en la realidad no se procede de un modo siquiera parecido. La prueba es que los tres candidatos con chances en las últimas elecciones se peleaban para ver quién iba a bajar más rápido los impuestos. Todos prometían las reducciones de retenciones que a la postre se le dieron al campo y tanto Macri, como Scioli y también Massa, juraron y perjuraron que bajarían el impuesto a las Ganancias. Sin embargo, ninguno de los presidenciables propuso bajar el gasto público.
Obviamente sería espectacular si se pudiera bajar impuestos y al mismo tiempo mantener todos los subsidios, pagarle mejor a los maestros e invertir más en salud y seguridad.
Pero no se puede. Y lo que demostró el resultado electoral es que el 90% de la gente no entiende eso, porque nadie protestó por la inconsistencia. La gente tiene ilusión fiscal y cree que “el Estado” es omnipotente y tiene la capacidad de proveer bienes y servicios sin cobrar por ellos, de uno u otro modo.

Ganancias, la prueba de la inconsistencia
Lo cierto es que el impuesto más progresivo del sistema tributario se convirtió desde el 2006 a la fecha en un bodoque, porque la inflación hizo que lo que realmente pagamos por Ganancias no tenga nada que ver con lo que votamos a través de nuestros representantes en el Congreso. Veamos; con estabilidad monetaria, hasta el 2001, un trabajador casado con dos hijos sólo pagaba el impuesto si superaba los $ 2.063 mensuales, que inflación mediante, hoy serían $ 39.200. Lo que ocurrió en la práctica es que, por no ajustar ese mal llamado mínimo no imponible de acuerdo a la inflación, hoy pagan los que superan los $ 25.000, e incluso con la nueva propuesta del Gobierno, todavía ese umbral quedaría $ 10.000 debajo de lo que era hasta que empezó la inflación en la Argentina. Más grave aún es la omisión de ajustar la tabla que determina cuánto pagan los que caen en este tributo, porque hoy el que gana más de $ 25.000 empieza pagando 9% sobre el excedente, pero la alícuota sube tan rápido que los que ganan $ 35.000 ya están pagando la alícuota máxima del 35%, sin distinguir si se trata de un laburante medio con muchos años de antigüedad o el gerente de una multinacional.
Lo que ocurrió es que la inflación hizo lo que el Congreso no dispuso y la presión tributaria creció de manera espectacular por la negligencia de los Gobiernos en corregir los mínimos y las tablas, bajo la excusa de que hacerlo “desfinanciaría al Estado”.
Pero ese financiamiento del Estado está basado en una decisión arbitraria del Ejecutivo y no fue votado por los representantes del pueblo en las cámaras legislativas. Lo que debió hacer la AFIP es corregir las tablas y que se arregle Hacienda si no le alcanza la plata. Que proponga al Congreso una suba de impuestos o pague el costo político de bajar el gasto público. Ojo, soy un gran defensor del impuesto a las Ganancias. Hace mucho que vengo diciendo que el mínimo no imponible tendría que ser mucho más bajo y que todos (salvo los pobres) tendríamos que pagar este tributo. Lógicamente no con las alícuotas de hoy, sino en base a un esquema bien progresivo donde se empiece abonando 5% o menos, y recién se llegue al 35% en los ingresos más altos. Mucho antes de discutir bajas en Ganancias, tendríamos que eliminar los impuestos provinciales distorsivos como el de Ingresos Brutos, aniquilar el impuesto inflacionario y bajar fuerte el IVA, que de manera escondida se lleva una quinta parte del ingreso de las clases populares.
Pero esa discusión hay que darla en el Congreso y sin demagogia, debatiendo el nivel y composición del gasto público, en paralelo con una reforma tributaria integral y que cada uno se haga cargo de decir bien claro, qué cosas tendría que pagar el Estado y con qué impuestos se financiaría esa propuesta.


(*) Economista y docente de la Unnoba

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