La Justicia debe dar una respuesta a la sociedad

Se ha producido un cambio de época. Avanza una demanda de la sociedad contra la impunidad y la corrupción. No ha sido promovida en especial por ningún partido; es más, las instituciones han reaccionado con lentitud e incredulidad al principio y los jueces pusieron a prueba sus reflejos. No ha sido obra del gobierno ni de la oposición en especial, pero ha comenzado.
El Gobierno ha impulsado distintas líneas de política criminal, fundamentalmente la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Además existen ciertos valores compartidos en el corazón de la sociedad como la libertad, la igualdad, la seguridad, el trabajo, la democracia, los derechos humanos, la propiedad y otros.
Las instituciones deben prepararse para ponerse a la altura de las circunstancias. La Procuración General de la Provincia es una de ellas y debe tener muy a la vista las cuestiones sostenidas como prioridad por el Gobierno, como aquellas que están explicitadas en las leyes que específicamente están dirigidas al Ministerio Público y aun las que surgen del consenso social. Me refiero a la protección de testigos, a la resolución alternativa de conflictos, a la prevención del delito, a la búsqueda de la relación con la comunidad, a la participación de la misma en las actividades institucionales y a la intención de estudiar en profundidad las problemáticas para que la sociedad tenga siempre la opinión de la Procuración explicitada con claridad.
Algunas definiciones nos ponen en autos. El mensaje del presidente de la Corte Suprema ejemplifica algunas prioridades: el acceso a la justicia, la impunidad, las víctimas, la violencia, la necesidad de políticas de Estado, la investigación, la policía judicial, el narcotráfico, la defensa de los intereses del pueblo, la protección de los vulnerables, la cooperación e involucramiento de los tres poderes del Estado, etc. Pero en una parte medular de su mensaje dice “los poderes judiciales hoy tienen un rol que les ha adjudicado la población y debemos hacernos cargo. Muchos dicen que este rol es hacer política pero en realidad es el rol que la población le adjudica al Poder Judicial. Debemos preocuparnos por los grandes temas que le preocupan a la población y cuando se dice que hacemos política, eso es cierto, en el sentido de ocuparnos del bien común, de una visión de la sociedad que es la que le da la Constitución”. Es decir, tenemos un compromiso efectivo con el pueblo.
Es la Procuración General la que tiene ductilidad para perseguir el delito, compatibilizar los derechos mediante la acción y pensar todos los resortes que posee en función de la sociedad.
Con relación a la policía judicial debe señalarse que la Procuración tenía una secretaría de policía judicial con investigadores profesionales altamente capacitados -incluso con la colaboración del FBI y de la policía de Francia-. Hoy estos profesionales tienen alrededor de 15 años de experiencia y han visto que el organismo fue bajado a la categoría de Departamento, no tiene incentivos y ni siquiera fue tenido en cuenta para el dictado de la nueva ley. Creo entonces que es necesaria una revisión integral de todo este tema, lo relacionado a la selección de autoridades y a los exámenes que se han tomado, muy cuestionados. La ley debe revisarse a la luz de la actual situación y las exigencias de la población. Y dejar en claro la posibilidad de realizar inteligencia criminal.
La protección de testigos, en colaboración con policía, fue un orgullo de la Procuración en el fin del siglo. Era novedoso, pujante, y exitoso. Hoy es una oficina disminuida y con escasa participación.
Para luchar contra la corrupción es necesario que los fiscales perciban el efectivo apoyo de sus superiores. Ese respaldo es imprescindible y debe completarse con transparencia, independencia y la certeza de que el funcionario que roba no merece perdón. Se debe poner énfasis en señalar a concupiscentes, cómplices, timoratos, facilitadores y encubridores. Y asimismo investigar el accionar de verdaderas mafias en los poderes o instituciones del Estado provincial. Igual temperamento para el combate al narcotráfico, donde no se debe dejar resquicio para la sospecha de participación o encubrimiento. Es necesario tener buen ojo para detectar investigaciones que no avanzan por la investidura del imputado al igual que aquellas que por el mismo motivo, se archivan en tiempo récord sin que el fiscal proteste. Se debe internalizar que la política no debe poner límites a la justicia y que cada persona es disminuida por la corrupción, el narcotráfico, el delito y la violencia en general.
Con relación a la política criminal debe romperse la inercia y adoptarse una posición claramente proactiva en defensa del interés social, de la prevención, de la deslegitimación de la violencia, de la promoción de la paz social, del trabajo con la comunidad, de una amplia convocatoria multisectorial, de la comunión con los otros poderes del Estado, del acceso a la justicia. Debe crearse un Instituto de Política Criminal con todos los sectores, lo más amplio posible.
La Procuración está en condiciones de enarbolar las banderas del pueblo de la Provincia y encabezar la defensa de sus intereses. Hay que decidirse y tomar el riesgo.

(*) Subsecretario de la Procuración de la Suprema Corte.