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LA COLUMNA DE LA SEMANA

El retorno violento

“Frente a este gobierno fascista, la lucha sigue en la calle” declaró un tal Ricardo Berrozpe, tras los incidentes fundados en la intolerancia que protagonizó él mismo en el Barrio Belisario Roldán, de la ciudad de Mar del Plata.
“Macri basura, vos sos la dictadura” cantaron los integrantes de la versión local de la agrupación que lidera Hebe de Bonafini. Solo la agrupación HIJOS se despegó de esa calificación al puntualizar que no participaron de la “protesta” -eufemismo que significa agresión con piedras y amenazas e insultos-, que no comparten el cántico, pero que el gobierno de Macri es “autoritario”.
Quien esto escribe, tuvo la oportunidad de visitar, el viernes pasado, la ex ESMA, el centro de detención clandestino donde oficiales de la Armada torturaban y ejecutaban –vuelos de la muerte- a los detenidos-desaparecidos.
Más allá de lo dantesco, condenable y repudiable de aquel período negro de la historia argentina, el conjunto parece, por momentos destinado a la propaganda kirchnerista, a su relato y a su visión particular de los hechos.
Desde la exhibición de una vitrina con sospechosos “testimonios” sobre la Revolución Libertadora de 1955 –como una nota donde se lee, escrito a máquina, “rendición incondicional, almirante Rojas” que pudo haber sido escrita por cualquiera hace un año, dos o cinco, hasta los cuadros de los “patriotas latinoamericanos” que estaban en la Rosada y que son los que a juicio del kirchnerismo merecían ese apelativo, por solo citar algunos elementos que nada tienen que ver con la memoria de aquel período trágico.
Pero no solo todo estaba y está ahí. También está la placa de reconocimiento “Gracias Néstor” colocada por algunas organizaciones de derechos humanos, el personal en gran medida integrante de La Cámpora y hasta la directora del Pabellón de Tortura y Desaparición que confiesa que fue designada en la “gestión anterior” y confirmada por el actual gobierno.
¿Dónde está el fascismo de Macri? ¿Dónde la dictadura? ¿La interpretación que allí se sostiene y que minimizaba al extremo la actitud valiente y honrosa de Raúl Alfonsín, los integrantes de la entonces Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y los mientras de la Cámara Federal que juzgaron a los comandantes, no fue acaso una decisión arbitraria, autoritaria y falaz sobre la verdad?
Todo es así. Le dicen autoritario, fascista o dictatorial al gobierno de un presidente al que agreden con piedras por su sola presencia en una barriada. Siempre la mentira, el embuste y la tergiversación.
Claro que el incidente de Mar del Plata, por demás grave ya que reintroduce la violencia de corte político –concepto fascista, si los hay-, debe también observarse desde el ángulo policial.
Curiosa, muy sospechosa la falta de profesionalismo de los encargados de la seguridad del acto. Que el vehículo de un presidente resulte apedreado a un metro de distancia refleja, cuando menos, una incapacidad operativa grave y, tal vez, una no menos grave capacidad de análisis de inteligencia.
¿Fue adrede? ¿Responsabilidad de la Policía de la Provincia en represalia por la lucha contra la corrupción del gobierno provincial? ¿Responsabilidad de la Agencia Federal de Inteligencia? ¿De la custodia presidencial? Será sano que se aclare.
De todas formas, parece imponerse el criterio de la violenta Hebe de Bonafini cuando le dijo a su jefa –en los delitos, claro- que “era bueno que Macri nos tema”.
No asusta porque Macri les tema, sino porque empujan el país de nuevo hacia la violencia, hacia el setentismo de una lucha armada que exaltan pero no añoran y en nombre de la cual se llenaron los bolsillos.

Tarifas
Es un hecho que el Gobierno pierde apoyo. No lo pierde por desacuerdo, sino por gestión. Ese apoyo que pierde se manifiesta del otro lado por este “sacar la cabeza” de los violentos y delincuentes.
Resulta una enorme ventaja para el oficialismo que violentos y delincuentes se unan –o se confundan- en la vereda de enfrente. Acercan agua al molino del gobierno y nadie, en el mundo de la política, quiere confundirse con ellos.
No obstante, desde que quedó envuelto en el desaguisado de los incrementos de las tarifas de electricidad, gas domiciliario y agua corriente, el Gobierno inició un camino errático que denotó, inevitablemente, debilidad.
Fueron tres meses de marchas y contramarchas que aún no quedaron superadas y que cedieron espacio a las distintas variantes del peronismo para situarse en la vereda de enfrente.
Nadie puede discutir que el aprovechamiento opositor carece de oportunidad. El Gobierno se los sirvió en bandeja. Ahora bien ¿Hasta dónde llega?
Porque una cosa es hacer hincapié en la incapacidad demostrada por el oficialismo para “gerenciar” los incrementos que nadie cuestionaba en su necesidad y otra, muy distinta, es pretender continuar con un cuadro tarifario que llevó al país al borde del colapso energético con la pérdida del autoabastecimiento gasífero y petrolero y con el consiguiente drenaje de divisas para importar combustibles que desde hacía décadas no era necesario.
Creer, pero sobre todo hacer creer que la energía puede ser, ya no barata, sino regalada, es un daño cultural terrible para la sociedad. Y además, es injusto ya que favorece a los que más consumen que, inevitablemente, son los sectores pudientes.
En otras palabras, el mal manejo oficial no nos debe permitir olvidar el daño, del cual formaron parte todos aquellos que integraron el gobierno anterior, aun cuando en algún momento dieron un paso al costado.
Salvedad hecha y tenida en cuenta, la Secretaría de Energía, encabezada por Juan José Aranguren, uno de los muy pocos empresarios que tuvo la dignidad de enfrentar al desastroso gobierno anterior, debería investigar la razón de ser de la disparidad de los aumentos que recibieron los hogares y las empresas de todo tipo.
Es una especie de lotería, mientras que en muchos casos los aumentos resultan sustancialmente inferiores al cuatrocientos por ciento, en otros lo superan con creces.
Una no explicada disparidad que revela la negligencia con que fue tratado el asunto por parte del organismo de control.
Claro, con tarifas subsidiadas, nadie se fijaba demasiado en el precio por unidad –kilovatio o BTU- facturado. Total, era insignificante para los habitantes de la Capital Federal y los del Conurbano bonaerense que no están “colgados” en el caso de las redes eléctricas.
Con el sentido federal que caracterizaba al gobierno anterior, el resto del país pagaba mucho más que el área metropolitana.
Por tanto, el desquicio era y continúa siendo total. Nadie sabe a ciencia cierta qué tarifa paga. A igual consumo, desigual factura.
Y en esto, el Gobierno se dejó ganar la pulseada comunicacional. Hoy, todo el mundo habla de las tarifas, aún aquellos que recibieron una factura con un aumento moderado, sustancialmente inferior al subsidio y a la inflación.
De aquí en más, el presidente Macri resolvió aguardar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que debería producirse en el curso de la semana que comienza. Recién entonces, si el fallo así lo indica, llamará a las audiencias públicas –está en duda si deben o no ser convocadas- en cuyo caso se llevarán a cabo en octubre.
En el interín, Aranguren dio un paso político, tardío pero significativo: formó un consejo consultivo con los ex secretarios de Energía, algunos de ellos radicales, otros peronistas y uno que milita en el PRO, en la búsqueda de una política de Estado para el sector energético.

Inflación
La inflación cede. Es aún muy alta, pero ya se sitúa en el dos por ciento mensual, frente al 3 del mes de junio y el 4,2 por ciento de mayo.
Claro que la contracara de la inflación que disminuye es la recesión. Una recesión relativamente suave, pese a algunos dichos interesados sobre el crecimiento de la pobreza, pero recesión al fin. De cualquier forma, nada comparable con aquella que se inició con Carlos Menem y concluyó con Eduardo Duhalde.
Queda en claro que la “ralentización” del ritmo de crecimiento de los precios se debe centralmente a la citada recesión por cuanto se observa un comportamiento dispar entre los precios de los artículos denominados “de primera necesidad”, en especial los alimentos, frente al resto de los consumos.
Es que hasta aquí, el gasto público no disminuyó, sino que inclusive creció, producto, entre otras cosas, de la marcha atrás en la reducción de los subsidios mediante el alza de tarifas, de la menor recaudación fiscal con la eliminación de las retenciones, de la reducción del IVA para las personas de menores ingresos y de la elevación del mínimo no imponible a los salarios.
Paradojas de la política, abonadas por el acomodaticio relato populista y de la izquierda boba: el gasto social no solo no decreció sino que fue incrementado pese a lo cual Macri es acusado de gobierno oligárquico, de derecha y para ricos. Estupideces que algunos creen y a muchos otros les conviene hacer creer como que creen.
Con todo algún signo alentador se desprende de la menor velocidad de aumento de los precios. Por un lado, la propia reducción que disminuye el deterioro del poder adquisitivo de quienes reciben ingresos fijos. Por el otro, la disminución de las tasas de interés de referencia que establece el Banco Central y que ya cayeron por debajo del 30 por ciento anual.
Esa lenta, pero paulatina, caída de las tasas de interés es determinante para reiniciar un proceso de inversión en la Argentina y para ser genuina debe acompañar la expectativa inflacionaria.
En síntesis, Macri eligió –tal vez por el fantasma de un peronismo históricamente dispuesto a desestabilizar cuando no ejerce el poder- un camino heterodoxo en materia económica que consiste en evitar en la medida de lo posible el ajuste fiscal, pero que implica un paso atrás en la lucha contra la inflación y un obstáculo a vencer para atraer inversiones. Y pensar que los k y la izquierda boba lo acusan de neoliberal….
A la fecha, toda la esperanza está puesta en el éxito del blanqueo. Nada ortodoxo por cierto.

Política
Casi todos imaginamos, allá por diciembre del año anterior, que la actuación de Cambiemos, con el PRO como fuerza mayoritaria, resultaría determinante en materia de gestión y casi nula en materia política.
Parece que llegó la hora de aceptar la equivocación. El Gobierno, tanto nacional como provincial, piensa primero en materia política y luego en términos de gestión.
En buena medida, el resultado electoral lo obliga a ello. No dispone de mayorías propias y debe negociar cuanta ley se le ocurre. Así, es presa de “conceder” demandas opositoras.
Con la liberación del cepo cambiario y con el pago a los acreedores externos, la táctica fue exitosa. Con las tarifas, parece todo lo contrario. Así, el Gobierno ya reparó en la conclusión que, de aquí en más, y a medida que se acerque el año electoral del 2017, la oposición se mostrará cada día menos reacia a conceder y, en todo caso, el hacerlo resultará más costoso.
¿Existe límite? Es posible imaginar que sí. Y para ello hay que trazar un panorama de la elección de medio término del año próximo.
Tres son los escenarios posibles. Si el Gobierno la pierde, todo acabó. Un peronismo ganador difícilmente resista la tentación de “ir por todo”. Aun si concurre dividido a las urnas. Para ganarla, el oficialismo debe no solo salir primero, sino aumentar su número de legisladores. No es imposible, pero no es fácil.
En el otro extremo, si el Gobierno la gana con más del 50 por ciento de los votos, algo particularmente difícil en una legislativa, la crisis del peronismo se prolongará en el tiempo, mientras Cambiemos gobernará sin mayores sobresaltos.
En el medio se ubica un triunfo de Cambiemos pero con un peronismo que, en sus tres variantes actuales, supere el 50 por ciento de los votos. Es un escenario que no disgusta del todo en la Casa Rosada.
Admiten que, a posteriori, sobrevendría la unidad de los tres sectores pero que, a la vez, agudizaría la disputa sobre quién los comanda. Y a río revuelto…
Es posible que así ocurra pero también es posible que uno de los tres sectores se corte por encima de los demás y entonces alguien se erija en jefe. Sergio Massa apunta hacia allí. Los gobernadores visualizan al salteño Juan Manuel Urtubey. Y Cristina Kirchner buscará, en las urnas, solo impunidad penal.
De momento, la táctica del Gobierno parece limitada a garantizar una paz social que, como se vio en Mar del Plata, bien puede resultar alterada.
Para ello, asigna recursos para los sindicatos a través de la devolución del dinero de las obras sociales que se apropió el Estado cuando lo dirigía Cristina Kirchner.
También devuelve recursos a las provincias que les fueron quitados por el gobierno anterior, sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de los gobernadores, salvo el cordobés José de la Sota.
Y garantiza planes y subsidios para los movimientos sociales sobre los que consiguió que se desprendan de la relación anterior y se amparen en la dudosa, pero preferible, responsabilidad vaticana.
No está mal, políticamente hablando. Y no está mal desde el punto de vista de un Estado que, por fin, cumple con sus obligaciones luego del canto de sirena del populismo.
En todo caso, queda por verse si así el país retoma la senda del crecimiento.

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