A principios del siglo XX, desde la sociología se identificó como función del Derecho el delimitar los intereses en relación a los bienes que pueden ser objeto de apropiación y disfrute para satisfacer las necesidades humanas.
El Código Civil decimonónico comprendía a muchos de los bienes que la moderna legislación denomina “recursos naturales” en el comercio, con su posible incorporación al patrimonio de las personas para su disposición, uso y goce conforme a la voluntad individual.
El artículo 240 del nuevo Código Civil y Comercial establece que los derechos individuales sobre los bienes deben ejercitarse conforme a las normas del derecho administrativo nacional y local -fundadas en el interés público-, sin afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje.
Esta disposición reafirma deberes ya consagrados en las constituciones nacional y provincial, y sigue siendo una tarea urgente y permanente adecuar la normativa local y reglamentaciones de menor jerarquía a tales exigencias, con el imperativo de hacerlas cumplir frente a las acciones que pudieren afectar el ambiente.
Agenda ambiental
Habitualmente, se suele aludir a la “agenda” como un instrumento para priorizar los objetivos públicos. La elaboración de una agenda ambiental presupone la previa descripción de las problemáticas ambientales, determinar su importancia y complejidad, y evaluar los medios o técnicas para su adecuada atención y tratamiento.
Se trata de un plan de acción o programa que involucra a todos los actores o convivientes de una comunidad, y que por lo tanto es esencialmente local. Su precisa confección exige adecuada información (técnica, científica, estadística etc.) y siempre ha de plantear los dilemas inherentes al arte de administrar, que no es otra cosa que disponer y asignar recursos escasos para satisfacer (con criterio de justicia) necesidades y conseguir los fines propuestos.
Una determinada agenda ha de formularse con sentido de realidad y criterio pragmático, pero sobre el eje axiológico que establecen las normas y principios aplicables.
Así, por ejemplo, la agenda para el Delta del Paraná, debería ser diseñada desde la geografía y problemática particular de los ecosistemas comprendidos, la situación de sus habitantes, los antecedentes vinculados a la colonización y urbanización de los espacios acuáticos, la explotación económica de la industria forestal, ganadera, de pesca y turística, los requerimientos industriales e inmobiliarios etc.; todo ello sin dejar de concebir la superficie insular como una unidad a preservar en su categoría de Humedal.
Otra característica de los problemas ambientales es que no reconocen competencias, jurisdicciones o límites de partidos: la agenda de nuestra ciudad inexorablemente debe articularse con los municipios vecinos, cuanto menos en lo atinente a las obras para evitar futuras inundaciones y adecuación de los accesos ferroviales, el desarrollo del Puerto La Plata y el polo petroquímico, la preservación del Parque Pereyra Iraola y el cordón agrícola y productivo de la ruta 36, el destino de las tierras (¿vendidas por CEAMSE?) para la urbanización del frente ribereño en la zona de Hudson, la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos domiciliarios, etc.
Ejes centrales
Entendemos que la agenda de la provincia de Buenos Aires se compone de tres ejes: uso del suelo (espectro que comprende la planificación urbanística, radicación de parques industriales, construcción de viviendas sociales, zonas de reserva o protección, actividades extractivas, producción agrícola y forestal etc.): regulación del agua (manejo de cuencas, generación y preservación del recurso hídrico, preservación de costas fluviales y marítimas); y tratamiento de los residuos, efluentes y ondas electromagnéticas.
Las áreas de la Administración provincial con incumbencia en estas materias han venido operando en los últimos años como compartimentos estancos y desconectados, evidenciando una alarmante inoperancia ante situaciones concretas, sospechadas y en algunos casos, incluso, acusadas de corrupción.
En palabras del actual Pontífice católico: “Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas” (Laudato Si -14).
A largo plazo
Su interpelación trasciende el deber ser normativo, y apunta a incardinar todas las prácticas y comportamientos dentro de este nuevo ideal antropológico, que desde la filosofía de la ciencia se diera en llamar “paradigma”.
Necesitamos un trabajo de largo plazo, ciertamente complejo, y una transformación cultural que comience con la incorporación de contenidos curriculares acordes en todos los niveles educativos, particularmente en la infancia.
El recambio de la gestión de gobierno abriga una vez más la esperanza de un mejor horizonte para este largo camino, que parte de la observancia de los deberes y restricciones en el ejercicio de ciertos derechos para lograr, paradójicamente, una sociedad más justa, más libre y mejor para todos.
Ello así, pues “para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común”.
(*) Abogado. Especialista en Derecho Administrativo. Docente UNLP.
OPINIÓN
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