Los 30 días cumplidos desde el cambio de gobierno dejó un puñado de cuestiones para analizar.
La primera enseñanza es la importancia de la decisión política. Aun en condiciones adversas, con algunos estamentos reticentes al cambio o en franca resistencia, quedó evidenciado que la convicción en el rumbo termina por vencer esos obstáculos.
Asistimos a una recuperación de la vida republicana -incipiente pero significativa- y a un respeto al régimen federal de gobierno.
Los ejemplos de honestidad, trabajo e idoneidad deben venir desde arriba y esos principios terminarán por prevalecer. Esa es la garantía para que se cumpla la voluntad popular que, sin dudas, espera que no haya lugar en el Estado para el crimen organizado, para sus cómplices y para los corruptos.
Militancia y renta
La función pública no es el lugar para “bancar” la militancia. Se milita por ideales, no por una renta. Así fue históricamente. La firmeza en la decisión política es entonces indispensable para mantener el rumbo.
La segunda cuestión que hemos constatado es la ausencia de una política criminal del Estado Nacional y de las provincias. La triple fuga desnudó que por incapacidad, desidia o algún otro motivo más preocupante, no se han desarrollado en el país los lineamientos para instalar un conjunto de respuestas ante el fenómeno delictivo, sus protagonistas y sus consecuencias.
Observamos un muestrario de acciones en su mayoría inconducentes y hemos comprobado las consecuencias de una deficiente política penitenciaria que, entre otras cosas facilita fugarse con facilidad.
Se suma la ausencia de comunicaciones adecuadas, la imposibilidad de articular las fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones y también la morosidad e inoperancia de los órganos encargados de la investigación, judiciales o policiales.
La inteligencia criminal brilla por su ausencia por la falta de una policía judicial que se ocupe de ella en colaboración con otros involucrados en esta lucha. Fallan los controles y se aprecian ausencias de protocolos. Si bien en estos temas ponemos de resalto la actuación de los poderes ejecutivos, no hay que dejar de mencionar la importancia de los poderes judiciales en la elaboración y aplicación de las materias integrantes de la política criminal.
Justicia y sociedad
Tenemos entonces que señalar que la respuesta judicial no contribuye, con su inacción, lentitud y falta de interacción con la comunidad -a la que parece no tener intención de integrarse- al logro de las soluciones tan deseadas.
Resulta importante que la ciudadanía reconozca que el Poder Judicial está de su lado en el ideal de vivir en paz y justicia.
La tercera cuestión ha sido el comportamiento de los habitantes de Cayastá. Fue significativa la participación, y colaboración de esa gente. Creo que ha sido una comprobación empírica del potencial que en materia de política criminal tiene la participación comunitaria.
Por supuesto que ello se produjo casi espontáneamente, prácticamente sin estímulos orgánicos del Estado. Simplemente una comunidad informada de la situación actuó con toda corrección y proporciono elementos decisivos para el resultado final.
Pensemos en una comunidad entrenada con un plan de prevención del delito y de la violencia en el que las autoridades la provean de las herramientas necesarias para una tarea colaborativa con las autoridades en un verdadero trabajo en equipo. Los resultados serian sorprendentes.
Estas reflexiones son sólo una aproximación a debates más profundos que nos debemos como sociedad. La detección de carencias y errores es el primer paso para superarlas. Lo que resulta indispensable es elaborar en conjunto los principios para una política criminal para todos, que contemple todas las temáticas y contenga una trabajada participación de la comunidad.
Y por supuesto, es vital mantener una férrea decisión política para mejorar nuestra vida institucional y bregar incansablemente para superar los obstáculos.
(*) Subsecretario de la Procuración General.
PUNTO DE VISTA
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