El Gobierno advirtió hoy que
los copagos que clínicas y sanatorios empezarán a cobrar desde el
lunes a afiliados de prepagas deberán ser reintegrados por esas
empresas de salud, porque de lo contrario se iniciarán acciones
legales y se les aplicará multas.
La controvertida decisión unilateral de las clínicas de cobrar
una suma adicional generó un duro cruce entre la Superintendencia
de Servicio de Salud, entidades de usuarios y cámaras que agrupan
a empresas de medicina prepaga y a sanatorios.
"En los contratos de la medicina prepaga se especifica que no
puede haber copagos.
Por esta razón las empresas deberán
reintegrarles a sus clientes lo que les cobren las clínicas",
aclaró la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana
Korenfeld.
Osvaldo Bassano, presidente de Defensa de los Derechos de los
Usuarios y Consumidores, advirtió que "el consumidor puede iniciar
acciones contra la prepagas y el sanatorio por el cobro del
copago".
Sostuvo que "por A o por B van a tener que devolver la plata y
van a tener que pagar una multa" y explicó que la suma adicional
se trata de un aumento indirecto, ya que "cobran en los sanatorios
que son de ellos mismos".
"Hicieron un pacto entre los prestadores y la medicina prepaga;
son usureros financieros", indicó el dirigente en declaraciones a
radio Del Plata.
Las clínicas pretenden cobrar 50 pesos por estudios de baja
complejidad y 100 pesos por los de alta complejidad, ya que
-argumentan- se había acordado con el Gobierno un ajuste del 9% en
aranceles desde septiembre, como compensación por el aumento de
los salarios del sector y de los costos generales.
Pero finalmente se autorizó un alza menor, del 7,5%, y
recién se podrá aplicar en octubre, por lo que las cámaras del
sector decidieron recurrir a la Justicia para reclamar por el alza
de las cuotas.
Néstor Gallardo, presidente de la Asociación de Entidades de
Medicina Privada (Ademp), admitió que "todo esto tiene que ver con
que no se autorizó el aumento de las prepagas".
"El aumento fue del 7,5% y corrido para octubre cuando se pedía
el 9%. Hay riesgo de que los empleados no puedan cobrar por esta
situación. No alcanza la plata para pagar. Esto se va a cobrar
sólo en septiembre", indicó.
Agregó que "los médicos también son variable de ajuste" y
señaló que "las entidades van a reintegrar la plata que se paga en
septiembre".
Jorge Cherro, titular de Adecra (Clínicas), indicó que los
copagos se percibirán sólo en prácticas ambulatorias y no en
internaciones o intervenciones quirúrgicas.
"Somos un sector responsable, si hay gente que no lo pueda
pagar, no lo va a pagar; la atención, como siempre, está
asegurada; nunca hicimos abandono de paciente", remarcó.
Dijo que "en este problema nos metió el Gobierno y la llave
para resolverlo la tiene el Gobierno: tiene varios días hasta el
lunes para una negociación y resolverlo".
El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt,
prometió que las sumas adiciones serán "reintegradas" y aseguró
que "el usuario no va a tener problemas".
"Esto que pasa es un mecanismo de presión de los prestadores
para que la Superintendencia cumpla con lo prometido", consideró
el empresario.
Por su parte, la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico
(Cadime) reclamó la constitución del Consejo Permanente de Salud,
para que "todos los componentes" del sistema sanitario acuerden
"aranceles mínimos y obligatorios".
Según esa entidad, la "nueva controversia entre las empresas de
medicina prepaga y la Superintendencia de Servicios de Salud (por
el cobro de copagos) es una expresión más de la crisis de
depreciación arancelaria, y de los profundos desequilibrios y el
desfinanciamiento que afectan a los distintos actores del sistema
de salud".
"Para su solución, CADIME propuso en forma persistente que se constituya el Consejo Permanente de Concertación previsto por la Ley 26.682 (que regula la medicina privada) de tal manera que todos los componentes de la salud y el Estado discutan, sobre bases técnicas, los costos de producción de las prestaciones que se brindan a los beneficiarios, acordando aranceles mínimos y obligatorios", añadió la Cámara que agrupa a prestadores. En un comunicado, la entidad resaltó además que si se convoca al Consejo "se procedería de manera similar a lo que ocurre con otras actividades económicas del país, en las cuales el Estado interviene a través de mecanismos de discusión y de regulación".
COMENTARIOS