Abogados constitucionalistas criticaron ayer la intención del Gobierno de aplicar la Ley Antiterrorista a la imprenta norteamericana Donnelley y tildaron de "disparate" la denuncia impulsada a través de la AFIP.
Especialistas dijeron que la decisión es errónea porque, en este caso, el pedido de quiebra de la compañía no se vincula "con gravísimos atentados a la población".
La ley fue aprobada en el Congreso en diciembre de 2011 y mereció cuestionamientos desde la oposición y organismos de derechos humanos.
La presidenta, Cristina Kirchner, anunció la posibilidad de aplicarla a la empresa que cerró y despidió 400 personas.
El abogado Félix Loñ sostuvo que utilizar esa norma para el caso Donnelley es un "disparate", mientras que resaltó que le parece "de terror".
"Era previsible que la Ley Antiterrorista se iba a aplicar en circunstancias que en nada tenían que ver con el terrorismo", fustigó. El constitucionalista Gregorio Badeni señaló, por su parte, que la utilización de ley para esa empresa es un "despropósito".
UTILIZAR LA LEY ANTITERRORISTA EN EL CASO DONNELLEY
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