ANTICIPOS ECONÓMICOS

Juicio del siglo con fondos buitre sigue empantanado: ¿se negociará en enero?

El intríngulis jurídico generado con los fondos buitre suma día a día más protagonistas y más enfrentamiento, que hacen presumir que el conflicto recién se empezará a resolver recién a partir de enero.
La última advertencia del juez Thomas Griesa de declarar a la Argentina en “desacato”, marcó un nuevo mojón en la sinuosa historia del “juicio del siglo”, que parece no tener salida en el corto plazo.
Griesa convocó a una nueva audiencia para desplegar toda su cólera por lo que él considera una campaña argentina minada de falsedades e inexactitudes a través de solicitadas en las que el Gobierno exhorta a los bonistas a cambiar de jurisdicción para poder cobrar.
En el entuerto judicial, la Argentina terminó enfrentándose con el juez Griesa, su mediador Daniel Pollack y los fondos buitre, cuya imagen más visible es la del multimillonario Paul Singer, pero como contrapartida consiguió respaldos inesperados como los del diario norteamericano The New York Times y el británico The Guardian, y la del premio Nobel Joseph Stiglitz.   
En esta controversia, se abrió tanto el juego que en las negociaciones participaron bancos nacionales, entidades internacionales como el JP Morgan –el mismo que calcula el traumático riesgo país- y ahora se sumaron cámaras empresariales dispuestas a juntar fondos para desatar ese nudo gordiano.     
El Gobierno anexó más protagonistas y le pidió al Gobierno de Barack Obama frenar a Griesa y de la Corte Internacional de la Haya.
A primera vista, los frentes de tormenta que tiene Obama con la nueva incursión armada en Irak, el conflicto ruso, el ataque militar con miles de muertos por parte de Israel en Gaza, dan la sensación de estar más preocupado por todo eso que resolver un litigio económico.    
La Corte de la Haya tampoco parece tener algo que decir o resolver en el conflicto entre la Argentina y los fondos buitre, aunque antes necesita la venia del Gobierno de los Estados Unidos.    
La tensión y la escalada de declaraciones contrapuestas fueron en ascenso: desde el Gobierno calificaron el juicio como “la estafa del año”, denunciaron “connivencia” entre el juez, los fondos y el mediador, y hasta llegaron a decir que todo “parece joda”, según la coloquial definición del ministro Axel Kicillof.    
La presidenta Cristina Kirchner demostró en cada aparición pública que la idea del Ejecutivo es ir a fondo y lo último que llegó a decir es que las resoluciones de Griesa “no tienen ni pie, ni cabeza”.
En medio de este campo minado, la actitud del magistrado neoyorkino (“juez municipal” según lo tildó Cristina) no parece conciliadora, ni ajustada a quien no resulta parte en el juicio sino quien debe impartir justicia, con imparcialidad y objetividad.   
Primero, congeló los 539 millones de dólares destinados a los bonistas depositados en el Banco de Nueva York, pero luego habilitó pagos para el Citibank y tenedores europeos de títulos emitidos con legislación nacional.
En los casos que accedió a que se efectúen los pagos, aclaró que lo hacía por única vez, por lo que no se sabe qué podrá pasar con los vencimientos que se produzcan hasta fin de año.   
El enfado de Griesa en la última audiencia parece demostrar que su actitud es ir más allá del cumplimiento de un fallo dictado por él: quiere aleccionar a la Argentina por su inconducta recurrente.    
¿El único camino es esperar a enero? No sin riesgos, el Gobierno parece estar dispuesto a esperar hasta el año próximo para concretar una oferta, ya que el 31 de diciembre terminará su efecto la controvertida cláusula RUFO.     
Esta posibilidad tendría impacto en el frente externo y retrasaría la llegada de inversiones y de financiamiento, que el país no tiene desde 2003, pero venía haciendo buena letra para retornar a los mercados internacionales.
También en este tiempo podría continuar la campaña para que los bonistas cambien de jurisdicción: una opción que ya despertó cierto entusiasmo entre los tenedores de títulos.
Aun no está cerrada la chance de que bancos privados e internacionales puedan negociar con los fondos buitre, pero para eso necesitan que bajen sus pretensiones de querer cobrar en forma inmediata los 1.600 millones de dólares.
En rigor, si se llegan a precipitar los plazos y se activan las cláusulas de “aceleración”, la situación obligaría a la Argentina a tener que iniciar un proceso de renegociación y los fondos buitre quedarían un larguísimo tiempo sin cobrar un solo dólar.
Un escenario que no le conviene a nadie.

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