MIRADA ECONÓMICA

¿Y ahora?

La conferencia de prensa tuvo lugar en el consulado argentino de la calle 56 de New York. El clima era de euforia contenida a la espera de que el Ministro anunciara la solución épica que ponía final al problema de la deuda argentina.
Pero Axel Kicillof, que había viajado de urgencia el día anterior proveniente de Caracas, cruzó el aire como una daga con una simple frase: “no hubo acuerdo”.
Dijo en realidad mucho más, e incluso algunos piensan que su verborragia abortó las chances de un arreglo entre privados, por el cual un conjunto de bancos estaba dispuesto a comprar el juicio para solicitar la cautelar y recibir en enero, una vez sorteada definitivamente cualquier sospecha respecto de la cláusula RUFO, el pago por parte del Gobierno.
“No les vamos a pagar a los holdout ni un peso más de lo que les pagamos a los que ingresaron en los canjes del 2005 y el 2010” dijo el economista estrella del Gobierno, sepultando probablemente las chances de ese eventual acuerdo, porque nadie va a comprar un juicio al 100% para recibir el 35.
La lectura es que incluso tampoco el Gobierno estaría dispuesto a pagar en enero, lo que lisa y llanamente quiere decir que en Balcarce 50 se pintaron la cara y van a incumplir una sentencia judicial respaldada por la mismísima Corte Suprema de los Estados Unidos.

La judicialización de default


Independientemente de la batalla mediática por la apropiación del título o la discusión semántica respecto de si entramos o no en default, lo concreto es que los contratos de emisión de deuda que Argentina firmó con los ahorristas que entraron en los dos canjes anteriores estipulan que en caso de default los acreedores pueden solicitar la aceleración de los vencimientos.
Puesto en castellano; acelerar quiere decir que si había por ejemplo un compromiso de pagar 1.000 millones en 10 cuotas de 1.000, ahora el dueño de esa deuda puede exigir el pago al contado; un compromiso que por supuesto Argentina no puede afrontar.
De todos modos, es importante mencionar que la aceleración no se dispara automáticamente ni mucho menos, sino que es necesario que dentro de los próximos 60 días un 25% de los bonos de alguna de las 18 series que componen la deuda en default, solicite judicialmente tal procedimiento. Además, una vez hecho el pedido, el mismo puede ser anulado por una asamblea que junte una contra mayoría de bonistas.
El Gobierno apelará de todos modos cualquier solicitud de los ahorristas que pidan la aceleración, porque entiende que el pago fue efectuado en tiempo y forma, con el depósito en el Bank of New York de los 539 millones de dólares que le correspondía abonar.
Pero como esa batalla judicial se librará en los tribunales de New York, es poco probable que Argentina se salga con la suya, dado que el propio juez Griesa en la convocatoria a una reunión el viernes pasado, dijo que la misma era para conversar sobre la entrada del país en default.
Como quiera que sea, lo concreto es que por los próximos seis meses habrá incertidumbre respecto del tema y no será probable conseguir financiamiento en el exterior para los gobiernos nacional y provinciales, siendo incluso difícil y caro para las empresas.

Las consecuencias locales

En ese contexto, habrá menos dólares en la economía y más pesos circulando, porque el Tesoro tendrá un déficit de alrededor de 120.000 millones de pesos en el segundo semestre y, cerrado el crédito externo, deberá emitir para financiar ese agujero.
Más pesos y menos dólares implica que la cotización de la moneda norteamericana debería subir y cualquier intento del BCRA por evitarlo generará presión sobre el dólar paralelo aumentando la brecha, además de frenar liquidaciones de exportadores y aumentar los pedidos de divisas de los importadores, que buscarán anticiparse a la futura devaluación, en un escenario muy parecido al de diciembre y enero pasados.
El Banco Central tiene la posibilidad, sin embargo, de sacar esos pesos excedentes de la economía colocando bonos, pero dada la enorme cantidad de billetes que tendrá que aspirar, necesariamente deberá ofrecer una tasa de interés más alta para tentar a los ahorristas a que no salgan corriendo a buscar dólar blue.
El problema es que si suben las tasas, se encarecerán las inversiones y el consumo financiado en cuotas, por lo que se deteriorará aún más la actividad económica, en momentos en que las ventas minoristas, por ejemplo, tuvieron en junio su sexto mes consecutivo de contracción, cayendo según la CAME, un 8,8% el último mes.
El Gobierno deberá elegir entonces entre aliviar la recesión, pagando el precio de una mayor inflación (Kicillof), o contener los precios, a costas de profundizar la contracción de la actividad económica (Fábregas).
En Economía de la Felicidad, una investigación de Rafael Di Tella y Robert MacCulloch descubrió que la gente prefiere más inflación que más desempleo, de modo que es bastante probable que el Gobierno elija ese camino.
La preocupación es que más inflación y dólar más caro, deterioren las expectativas de los consumidores y terminen produciendo el mismo efecto sobre la actividad que el Ministro quiere evitar. 

COMENTARIOS